El Gobierno argentino debió ceder al requerimiento del fondo buitre Burford Capital, que había reclamado que las autoridades nacionales entreguen información sobre el destino físico y utilización --eventualmente comercial-- de los lingotes de oro pertenecientes a las reservas del Banco Central que salieron del país.

La demanda del fondo buitre fue presentada ante la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska, en el marco del reclamo de indemnización por la expropiación de las acciones de YPF en el año 2012 que pertenecían a Repsol, de España, pero que dejaron afuera de la operación al socio minoritario Grupo Petersen. Burford Capital compró los derechos de Petersen y demandó al Estado argentino. 

El manejo de los activos en oro por parte de Santiago Bausili (presidente del Banco Central) y Luis Caputo (ministro de Economía y socio del anterior en negocios financieros en el país y el exterior) despertó el interés de Burford en ir detrás de fondos embargables y reclamó, via la jueza Preska, que se le informara sobre esos movimientos.

De haber permanecido en el país y en las arcas del Banco Central, dichas reservas hubieran sido consideradas inembargables. Pero al haber sido retiradas y trasladadas eventualmente para ser ofrecidas como garantía de un préstamo, podría ser considerado por la jueza como activo en uso con fines comerciales y, en ese carácter, pasibles de embargo.

El embargo que solicita Burford tiene origen en la sentencia adversa para el país, ya dictada por la jueza de Nueva York, que obligó al gobierno nacional a pagar 16.000 millones de dólares, que no fueron depositados. Dicho monto continúa creciendo y asciende actualmente a 17.200 millones de dólares debido a intereses del 5,42 por ciento anual y honorarios legales.

El experto en derecho comercial internacional Sebastián Maril, analista de Latam Advisor, publicó en la mañana del jueves el paper que da cuenta de qué información (y en qué fecha) tiene que presentar la Argentina. La información deberá ser proporcionada entre el 7 de febrero y el 14 de marzo, según detalló. Además, se estableció que el 28 de febrero será la fecha clave para que Argentina entregue estos datos a los beneficiarios del fallo, principalmente el fondo de inversión Burford Capital.

"La jueza Preska sostuvo que el Gobierno argentino conoce la ubicación de los activos, tanto del oro como de cuentas en el exterior, pese a que Argentina intentó argumentar que esta información pertenece al Banco Central y no al Tesoro", explicó Maril.

Indicó, ademas, que "los acreedores quieren datos sobre todos los activos que la Argentina tiene en el exterior y pueden ser pasibles de embargos, como el oro, pero también cuentas bancarias. Ni el oro ni las cuentas de diplomáticos o de embajadas son embargables si no se utilizaron con fines comerciales; pero si lo hicieron, entonces sí se podrían embargar".

En este sentido, se señala que si el oro fue utilizado en parte como garantía del Repo al que el país acaba de acceder con bancos internacionales para obtener u$s1.000 millones y reforzar sus reservas, entonces pasaría a quedar a tiro de embargo.

La presunción de los representanters del fondo buitre Burford parten de declaraciones del propio Luis Caputo quien, para justificar el uso del oro de las reservas como garantía, argumentó que "dormidas en las arcas del Banco Central no tienen ningún rendimiento", por lo cual su uso como garantía redundaría en un beneficio mucho mayor. 

Este razonamiento propio de financista y no de responsable de bienes públicos, no sólo permitió pensar en el uso comercial de estas reservas, sino que dejó claramente expuesta la confusión patrimonial entre al gobierno nacional y el Banco Central. El primero es el demandado por Burford, como dueño de las acciones de YPF (la petrolera quedó al margen de la demanda, según lo reconoció la magistrada), mientras que el Banco Central representaba una persona jurídica diferente hasta que las maniobras de Caputo y Bausili lo involucraron.

Con los datos que brinde la Argentina sobre sus activos, los beneficiarios del fallo quedan habilitados a analizar y presentar a la jueza un listado de lo que ellos consideran "embargable". Luego, llegado el caso de tener que avanzar sobre un embargo, Preska será quien finalmente indique sobre qué activo se avanzará.

Hasta ahora, los abogados designados por el gobierno argentino se habían negado a brindar tales datos argumentando que "La República no posee información sobre movimientos de reservas del BCRA". Algo habrá cambiado en la evaluación de los letrados o del propio gobierno para modificar su posición y asumir el compromiso de brindar la información completa antes de mediados de marzo.