Durante el último encuentro paritario que se celebró ayer en el marco de la negociación de los salarios del año en curso, el Ejecutivo salteño se comprometió continuar con el pago del Fondo de Compensación Transitoria Docente (ex Fondo Incentivo) en el actual ejercicio. En Salud prometió acelerar los trámites administrativos para que casi dos mil contratados durante la pandemia de la covid-19 pasen a planta transitoria hasta mitad de año. Y finalmente, propuso abonar un incremento del 4% en dos tramos. 

Los primeros dos puntos porcentuales se harían efectivos con los sueldos de febrero, y el resto en las liquidaciones de junio. Gremios docentes explicaron ayer que este incremento implica una actualización promedio de 10 mil pesos en los sueldos estatales.

Sin embargo, el mismo gobierno salteño informó ayer que "los ministros del Poder Ejecutivo presentaron una propuesta formal, abierta y participativa a los gremios, brindando a los dirigentes la posibilidad de ofrecer alternativas a la distribución de los recursos, y dentro de un marco de prudencia y eficiencia en la ejecución presupuestaria".

Al parecer, con las palabras "abiertas y participativas" el gobierno disimuló su intención de fijar un techo en la negociación salarial. En la reunión paritaria de ayer informó que el monto total de la partida destinada a cubrir los sueldos de todos los empleados estatales -que ronda los 80 mil trabajadores- alcanza los 100 millones de pesos. 

Esa agenda abierta desconcertó a algunos dirigentes gremiales, como Victoria Cervera, del sindicato docente SIPETSa, que en diálogo con Salta/12 resumió la propuesta en una metáfora futbolera: "Nos pusieron la pelota en nuestra cancha para que veamos qué hacer", dijo antes de interpretar que "el cambio de estrategia nos coloca en una situación compleja, porque somos nosotros quienes decidimos ahora cómo se distribuye la bolsa. Es algo inédito y totalmente inaceptable", aseguró.

Cervera adelantó que hoy se reunirán todos los gremios agrupados en la denominada Intersectorial de Salta, mientras que el sábado debatirán en Asamblea las propuestas del gobierno provincial con los afiliados al gremio que conduce. "Lo más probable es que esta propuesta genere más conflictos, porque hay empleados que ganan 300 mil pesos y es complejo hacer una distribución equitativa", ponderó. También insistió en reclamar al gobierno propuestas concretas para que los ítems no remunerativos en los salarios cambien de categoría y se liquiden de tal forma que computen cuando los empleados se jubilan.

Por su parte, los gremios de la Salud Pública solicitaron que el gobierno finalice el proceso de incorporación de casi dos mil empleados y empleadas que fueron contratados durante la pandemia. En ese sentido Mabel Álvarez, secretaria general de ATE-Salta, pidió al gobierno salteño "que se respete el Decreto 424, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, cuando se comprometió a que los trabajadores contratados (en pandemia) ingresarían a planta transitoria hasta diciembre del 2024", recordó. Se trata de un reclamo que integró el Acta Acuerdo Salarial para la Administración Pública Provincial que firmaron las partes en julio del año pasado. "Necesitamos que culmine ese proceso", insistió la dirigenta, "y se regularice la situación laboral de todos esos trabajadores y trabajadoras".

En ese sentido, Federico Ocaranza, secretario general de APSADES (uno de los gremios de la Salud Pública), celebró que dentro de la última propuesta, el gobierno explicite si intención de pasar a los contratados denominados "ex-Covid" a planta transitoria. Sin embargo, se mostró cauto en cuánto al resto de las propuestas y anticipó que los gremios de la salud pública también se reunirán para analizar la última propuesta del gobierno. 

"Discutiremos la contrapropuesta que presentaremos la semana próxima", dijo. "Ahora sabemos el monto exacto para el pago de los incrementos, sabemos más sobre la partida general de salarios", agregó en relación a la agenda de datos abiertos que propusieron los ministros durante la reunión de ayer, "veremos nosotros qué hacemos", cerró en referencia a los 100 millones de pesos con los que cuenta el Estado salteño para hacer frente a los salarios de sus trabajadores en 2025.   

Por otro lado, el ministro de Economía y Servicios Púbicos, Roberto Dib Ashur, resaltó ante los secretarios y secretarias de los gremios estatales que la única recaudación de la provincia proviene de Ingresos Brutos. “De cada 8 pesos de recaudación de impuestos nacionales coparticipables, 6 se los queda la Nación”, precisó el funcionario. Sin embargo, esa transparencia en los datos duros que exhibió el gobierno ayer, fue catalogada por otros gremios que consultó como "una línea mileista absoluta", que más bien explicita que el gobierno salteño "no tiene una política salarial", para 2025.