El 2 de septiembre de 2020 fueron asesinadas las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, quien anunció con mucha pompa que habían abatido a dos guerrilleras, y exhibió este hecho como un trofeo de guerra de su gobierno.
La persecución sistemática a la familia Villalba, debido a que algunos de sus integrantes formaron parte de la guerrilla del EPP, no comenzó en ese momento. La familia años atrás tuvo que salir de Paraguay, por ser hostigada aun cuando no perteneciera a esa organización, y fue a vivir a Formosa primero, y luego a Misiones, en Argentina. En 2010, cuando vivían en Formosa, el hijo de Carmen Villalba, Néstor, de 14 años, fue asesinado en la calle, rociado con veneno.
La violencia contra niños y niñas es un modo de extorsionar a las madres y a los familiares. Pero la crueldad de esta persecución no cesó. El 30 de noviembre de 2020 desaparecieron a Lichita, que entonces tenía 14 años y se encontraba herida como consecuencia del ataque del 2/9. Así de valientes son los militares y policías paraguayos. Desaparecen y matan niñas heridas, sin posibilidad de defenderse.
Frente a la acusación del Estado Paraguayo que las presentaron como “peligrosas terroristas”, surgió la campaña “Eran Niñas”, luego la campaña “Donde está Lichita”, que actualmente se unificaron, sumando la exigencia de libertad para Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Andino, recluídas en un régimen de máxima seguridad, y máxima tortura.
La resolución del Comité de Derechos del Niño de la ONU
Según la información recibida por el Comité, las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, a principios de septiembre de 2020. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años. La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que las niñas sólo tenían 11 años. En la autopsia se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.
“El Comité considera que el Estado parte es responsable de graves violaciones de los derechos enunciados en la Convención, puesto que no cumplió con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas. … En particular, el Estado parte es responsable de:
a) Una violación del artículo 6, párrafo 1, debido a la privación arbitraria de la vida de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba;
b) Una violación del artículo 6, párrafo 1, y una violación del artículo 4, ya que no investigó debidamente las muertes, lo cual acarreó una carencia de información exhaustiva sobre la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas”
Laura Tafettani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, relata el proceso que concluyó en esta resolución: “Cuando fue el asesinato de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, apenas conocimos las circunstancias por el relato de las sobrevivientes, la Gremial de Abogados y Abogadas presentó un pedido de investigación sobre el caso en el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en virtud del artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. El pedido fue tomado, y el Comité realizó una investigación, a pesar de los obstáculos permanentes que presentó el gobierno de Paraguay, quien no sólo no colaboró sino que, entre otras maniobras, no permitió que el Comité pudiera ingresar a ese país para desarrollarla. La Gremial presentó abundante prueba de las atrocidades del Ejército paraguayo en el asesinato de las niñas. Hasta hoy debimos gestionar y aportar para que el Comité finalmente se expida en contra del Estado paraguayo. Hoy ya tenemos el informe, el dictamen final del Comité, que es contundente, para lo que es este tipo de instrumento internacional”.
Myriam Villalba, mamá de Lilian Mariana, quien viene sufriendo una intensa persecución, primero en Argentina, luego en Bolivia, de donde tuvieron que salir apresuradamente con toda la familia explica a su vez: “Esta resolución del Comité, donde condena la actuación del Estado paraguayo el 2 de septiembre del 2020, no hace otra cosa que confirmar lo que desde un inicio hemos denunciado, que nuestras niñas estaban de visita en Paraguay, que estaban cursando quinto grado en Puerto Rico, Misiones, Argentina, que nuestras niñas son de nacionalidad argentina y que tenían 11 años. No se trató en ningún momento de niñas beligerantes, como lo quiso justificar Paraguay para capturar, torturar y ejecutar a Lilian y a María Carmen. Este año se cumplen 5 años del crimen, y hasta ahora Paraguay no ha hecho absolutamente nada para investigar y mucho menos condenar a los verdaderos autores morales y materiales de este doble infanticidio. Al contrario, busca la forma de encubrir sus crímenes, como siempre lo ha hecho, y como están acostumbrados a hacer desde la dictadura de Alfredo Stroessner. Puedo decir que el dolor sigue intacto, que para nosotras como familia no han transcurrido los años, que seguimos exigiendo justicia por nuestras niñas Lilian y María Carmen, así como exigimos la aparición con vida de Lichita, nuestra niña de 14 años. Quiero agradecer infinitamente el apoyo incondicional de la Gremial de Abogados y Abogadas, que desde un principio estuvieron acompañando nuestra causa con denuncias internacionales, como así también a las organizaciones sociales de derechos humanos y feministas de Argentina y de varios países que no nos han soltado la mano, que nos han abrazado con esa solidaridad incondicional y que fueron los que nos tuvieron en pie y fortalecidas todos estos años”.
En un comunicado de la Gremial de Abogadas y Abogados, se explica también las consecuencias de esta persecución para la familia Villalba. “A pesar de los obstáculos que puso el gobierno de Paraguay, el Comité terminó realizando su investigación, recogiendo testimonios y su conclusión demuestra lo que ya veníamos siempre nosotros y nosotras denunciando: que la persecución judicial a Laura y a Carmen lo que intentaba era encubrir el crimen de las niñas, para dar viabilidad a lo que ellos habían dicho, de que las niñas en realidad eran dos guerrilleras que estaban armadas y que el ejército por eso actuó. Esto muestra también lo arbitrario que fue la decisión de la CONARE de quitarle el refugio a la familia, y todo el hostigamiento y represión que vivió por parte del gobierno actual y del gobierno de Paraguay, que no ceja de perseguirlas en los distintos países donde han ido pidiendo refugio. Acá hubo un asesinato a sangre fría de dos niñas de 11 años por parte de un ejército y todo el resto fue para encubrirlo, así de simple”.
Minga Guazú: un centro de torturas
Desde el traslado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Carmen Villalba (quien ya tiene cumplida su condena hace tres años y continúa ilegalmente detenida), Laura Villalba (quien en un juicio aberrante fue culpada del crimen de las niñas como “mala madre”, y en otro se le atribuyó falsamente ser parte del EPP, condenándola a 31 años de prisión) y Francisca Andino (quien compartió la cárcel con Carmen por 20 años), las tres están viviendo una verdadera tortura. Cada una en una celda de 2x2, con cámaras que las controlan de modo permanente las 24 horas, con permiso solo para 1 hora de visita quincenal de los abogados, para lo cual las trasladan con grilletes en pies y esposas en las manos, y una capucha pesada y maloliente que les tapa completamente el rostro, y otra hora quincenal en la que pueden verlas los familiares, con una comida que las está enfermando, basada por completo en carbohidratos, que en el caso de Francisca la llevó a tener que moverse ahora en silla de ruedas, con imposibilidad de acceder a papel, lapiceras, formas de comunicación y de información, y con muy pocos alimentos permitidos para que se les haga llegar, las tres mujeres están en condiciones de auténtica tortura.
Se les quitó el derecho que tenían en los penales anteriores al estudio y al trabajo. Las requisas diarias por la mañana y por la noche, son verdaderos tormentos. Nuevamente engrilladas, con la capucha, y escuchando ruidos de las armas que portan las personas del servicio penitenciario, que les hace pensar en posibles ejecuciones.
Tuve la oportunidad, representando a la Campaña Solidaridad con la familia Villalba, y a las organizaciones de derechos humanos de Argentina, de visitarlas en dos oportunidades. Unos días antes del 30 de noviembre, cuando se cumplían 4 años de la desaparición de Lichita, y en los primeros días de enero.
A pesar de todas las torturas físicas ya mencionadas, especialmente en lo que significa el aislamiento, y el dolor por las niñas asesinadas y por la desaparición de Lichita, Carmen, Laura y Francisca están enteras. Dolidas pero íntegras. Enviaron abrazos a las compañeras y compañeros que saben que están haciendo solidaridad, a sus hijas, hijos, sobrinos, hermanas, hermanos, y a su mamá Mariana.
Desde ese Guantánamo paraguayo, como define Carmen a Minga Guazú, nos aseguran que no las van a quebrar con las torturas, que no se van a dejar vencer. Tratan de estudiar matemáticas, historia, aunque no pueden reunirse. Hacen clases de canto. Cuidan su cuerpo con gimnasia. No se achican con las amenazas ni torturas. Denuncian cada violación de derechos humanos. Siguen enteras. Saben que tienen que estarlo, para continuar las batallas por justicia para las niñas, por la aparición con vida de Lichita, para que cese la persecución a su familia, y para lograr la libertad, no como regalo, sino como conquista de las luchas del pueblo.
La dignidad con la que las encontramos, a través de un vidrio, con ellas esposadas, hablando por un teléfono, conmueve, e invita a interpelarnos como organizaciones de derechos humanos, de derechos de los niños y niñas, colectivas feministas, movimientos populares, y personas decentes. Es hora de reforzar las acciones solidarias, las exigencias a los gobiernos, para que la injusticia no se vuelva costumbre.