El Gobierno nacional continúa con su plan de desregulación y esta vez tocó el turno de las garrafas. A través de la Resolución 15/2025, publicada en el Boletín Oficial, se eliminan los precios máximos para el gas licuado de petróleo (GLP). Esto significa que el control estatal sobre los costos del GLP desaparece, permitiendo un mercado libre sin límite en los precios.
Aunque con esta medida van a existir precios de referencia, no serán obligatorios, lo que podría llevar a un aumento en el valor de las garrafas. Esta medida afectaría especialmente a los hogares más vulnerables, que dependen del GLP para cocinar y calefaccionar sus viviendas.
¿Qué implica la desregulación del GLP?
Hasta la fecha, la Resolución 70/2015 había establecido un control sobre los precios del GLP, fijando valores máximos para los fraccionadores y distribuidores, especialmente para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos.
Con la nueva resolución, esta regulación fue eliminada y se fijaron precios de referencia, que solo servirán como una guía para el mercado. Es decir, los fraccionadores ahora podrán negociar precios sin ningún tope, lo que podría traducirse en un aumento de los costos para los consumidores.
Esta desregulación afecta especialmente a los hogares de bajos recursos, que no tienen acceso a gas natural por redes y dependen del GLP. Para ellos, el gas en garrafa es un elemento esencial, y un aumento en su precio supone un golpe directo al bolsillo.
¿Qué ocurre con los subsidios?
A pesar de la desregulación, el Gobierno señaló que se mantendrá el Programa Hogar, que otorga subsidios directos a los hogares más pobres, para que puedan acceder a garrafas de GLP a precios más bajos.
Sin embargo, la eliminación de los precios máximos podría generar un aumento en el costo de las garrafas, lo que pone en duda si estos subsidios serán suficientes para compensar la suba. Además, la eliminación de la regulación sobre la asignación de bocas de carga y la eliminación de los cupos a fraccionadores deja al mercado más desprotegido, con lo que algunos sectores temen que se genere una distorsión en los precios.
La Secretaría de Energía será responsable de realizar un seguimiento y control de los actores del mercado de GLP, con la facultad de sancionar a quienes no cumplan con las normativas.
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