Como en un ablande previo a la negociación paritaria prevista para febrero, el Ministerio de Educación citó ayer en Santa Fe a los referentes de los dos sindicatos docentes mayoritarios de la provincia, Amsafé y Sadop. Y si bien el tire y afloje no comenzó, el encuentro sirvió para definir los temas que se discutirán de cara al ciclo lectivo 2025.
El ministro José Goity, y la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, recibieron por separado a dirigentes del sindicato del nivel público de enseñanza, y luego del nivel privado. El clima fue cordial en este primer encuentro, y Goity celebró que "hay voluntad y predisposición al diálogo, con prioridad puesta en los aprendizajes", agregó como si los otros opinaran lo contrario.
Desde el otro lado de la mesa, Rodrigo Alonso, titular de Amsafé, señaló: "Se expuso la urgente necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y mejorar las condiciones laborales, marcando así el inicio de un reclamo que busca revertir las políticas unilaterales implementadas durante el año 2024". En el reproche se apuntó el marco nacional del modelo Milei, con medidas de impacto negativo en la educación como la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (Fonid), que representó una pérdida del 10% del salario.
"Son muestras claras del desfinanciamiento de la educación pública. Además, el Estado nacional ha dejado de convocar la paritaria docente, un espacio clave para discutir programas de formación que han sido eliminados. Este ajuste también afecta ámbitos fundamentales como la Educación Técnica y los Institutos de Formación Docente, lo que constituye un golpe a la soberanía nacional y al futuro de millones de niños y niñas en todo el país", repasó Alonso.
Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, confirmó que "se pudo cerrar una agenda de trabajo a abordar en paritaria, cuestiones salariales, vinculadas a concursos y demás, algunos sumarios pendientes del año pasado, y las reivindicaciones que sostenemos. No se habló de números ni mucho menos, pero permitió ordenar y avanzar en temas que teníamos colgados".
El gremio docente reprocha medidas de la gestión Pullaro aplicadas a pesar del rechazo de los trabajadores. "La reforma jubilatoria, que truncó los planes de jubilación de muchas y muchos trabajadores de la educación. Con la nueva normativa, los jubilados comenzaron a recibir los aumentos paritarios con un retraso de 60 días, y se les impuso la obligación de realizar 'aportes solidarios' a pesar de haber contribuido toda su vida laboral a la caja de jubilaciones", apuntó Alonso.
También el reproche de los maestros fue la reimplementación del "presentismo", que el gobierno llama "Asistencia Perfecta". En rigor, es un incentivo económico que desde entonces desactivó el poder de fuego sindical para realizar medidas de fuerza como herramienta de negociación colectiva. "Eso no alcanza a todos los cargos y es extorsivo porque obliga a las y los docentes a trabajar incluso estando enfermos, por temor a perder una parte de su salario. Esta práctica pone en riesgo la salud de los trabajadores y compromete la calidad educativa al forzar la presencia de docentes que no están en condiciones de desempeñar sus funciones adecuadamente", recalcó el titular de Amsafé.
También le enrostraron al ministro la decisión de descontar salario por los días de paro, como un zarpazo al derecho laboral. Ayer en la mesa, los docentes reiteraron la exigencia de que el Ministerio devuelva los montos detraídos a docentes que hicieron uso de su derecho de huelga, y se reclamó que se garantice la continuidad del cobro para los docentes reemplazantes, quienes también se ven afectados por estas disposiciones.
Los maestros no olvidan que la Casa Gris adeuda un aumento acordado en 2023, que retrasó la paritaria en el comienzo de la gestión Pullaro.
"Exigimos una propuesta paritaria que contemple la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de las condiciones laborales y el respeto por los derechos adquiridos, como así también reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación activos y jubilados, y de una escuela pública de calidad", concluyó Amsafé en un comunicado.
