El Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde está depositado el fondo documental que produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en los primeros meses de la democracia, tiene graves problemas de seguridad. Así se desprende de un informe que presentó en las últimas horas del viernes el fiscal Alejandro Alagia, titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, y que ya está siendo analizado por un tribunal oral. Ésta no fue la única mala noticia en esta materia que recibió el gobierno: la justicia le pidió que informe si había tomado alguna medida después de que se cayó un techo en el sitio de memoria que funciona en Automotores Orletti, el centro clandestino que regenteó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante 1976 y que fue usado como base del Plan Cóndor.

Durante la mañana del viernes, Alagia e integrantes de su fiscalía se presentaron en el ANM, que está emplazado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, es decir, en el predio de lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue para relevar, con autorización judicial, el estado del lugar después de que el propio gobierno reconociera que había dejado algunas áreas prácticamente desguarnecidas a partir de los más de 300 despidos que se vienen sucediendo desde el 2 de enero en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH).

Según pudo reconstruir Página/12, el fiscal detectó graves falencias de seguridad que podrían poner en riesgo toda la documentación que se almacena en el ANM desde su creación en 2003. Además de la falta de personal, los integrantes del Ministerio Público observaron que puertas y ventanas podrían ser fácilmente violables así como la falta de cámaras.

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, admitió ante el Poder Judicial que falta gente para controlar los trece depósitos que componen el ANM, por ejemplo, y que hay escaso personal para responder a los requerimientos judiciales –que suelen ser constantes porque, en general, se consulta por información incorporada al fondo Conadep.

La propuesta de Baños no es reincorporar al personal despedido, que conoce sobre el manejo y la preservación de archivos, sino inundar el lugar con integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), los mismos que están controlando los ingresos a los distintos edificios que tiene la SDH en la exESMA.

“Se detectaron graves problemas de seguridad”, insistió una fuente que tuvo acceso al informe. La presentación ya está en Comodoro Py. Se espera que haya alguna definición por parte de los jueces que están en feria en los tribunales orales federales.

Alagia recomendó que se le dé intervención a la Comisión Interpoderes, que depende de la Corte Suprema, y a la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, que dirige el camarista Alejandro Slokar. La Interpoderes lleva varios años inactiva: de hecho, los supremos no respondieron a ninguno de los pedidos que presentaron grupos y abogados de derechos humanos en los últimos meses. En el caso de Slokar, fue él quien impulsó una recomendación de la Casación para preservar los archivos y los sitios de memoria –los lugares donde tuvieron lugar los crímenes.

La actuación de Alagia se produjo a partir de una reunión que mantuvo el 6 de enero pasado con un grupo de víctimas del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), causa en la que él interviene como fiscal de juicio. Ese día, recibió la visita de los sobrevivientes Ana Careaga y Ricardo Peidró –también secretario general adjunto de la CTA Autónoma– y de Irma “Zidy” Medina, hermana de un desaparecido que pasó por el campo de concentración ubicado en Paseo Colón y Cochabamba. El Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel también le hizo llegar su preocupación así como otros exdetenidos-desaparecidos, como Ana Testa, sobreviviente de la ESMA.

“En función de todo lo que estaba pasando y de las respuestas que daba el gobierno, pensamos que era muy importante una visita para verificar el estado de situación”, cuenta Ana Careaga, que estuvo secuestrada en el Atlético cuando tenía 16 años y cursaba un embarazo. “Porque era imposible que todo estuviera preservado, como decía el gobierno, ante la tremenda ofensiva contra los trabajadores que desempeñan esas tareas. En el ANM están nuestros testimonios, documentación, todo lo que hace a un patrimonio histórico en torno a la memoria, a la verdad y también a la continuidad de las investigaciones de cara a la información que requiere la justicia”, añade.

El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) viene endureciendo sus ataques contra los organismos de derechos humanos. La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo le envió un oficio a Baños diciéndole que los sitios de memoria debían permanecer abiertos y en funcionamiento. Como el secretario no pudo despotricar contra el magistrado –que es el candidato de Javier Milei para la Corte–, arremetió contra los organismos a los que acusó de usar “falacias” para denunciar al Ejecutivo ante estrados nacionales e internacionales.

“Es lamentable”, responde Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “En lugar de encontrar una salida a lo que venimos denunciando –y se está acreditando–, se empiezan a plantear distintos ataques hacia quienes reclamamos. Es el peor de los mundos, donde el problema es la denuncia y no lo que está ocurriendo, que es que la práctica de ajuste estructural también está afectando las políticas de memoria”, comenta en una entrevista en Radio Provincia.

No todos critican a Baños. Desde Justicia y Concordia, la agrupación que reúne a abogados defensores en causas de lesa humanidad, encomiaron su labor. "El juez Baños siempre fue de derecha y estuvo a favor de las FFSS (fuerzas de seguridad). Actualmente es el Secretario de Derechos Humanos que está cerrando esa ratonera", escribieron en X.

Peligro de incendio en un sitio

La semana pasada, se desprendió el cielorraso de una de las habitaciones de Automotores Orletti, situada en la parte superior del edificio de la calle Venancio Flores al 3500. Esa pieza era usada durante 1976 por los represores uruguayos que actuaban en ese centro clandestino. También hubo mujeres secuestradas alojadas allí, que dejaron inscripciones en las paredes como testimonio de su paso por el lugar.

Según denunciaron desde la Mesa de Trabajo y Consenso del exOrletti, la mampostería quedó colgando de un cable de electricidad, lo que genera peligro de incendio. A partir de que esto tomó estado público, los abogados Sol Hourcade, del CELS, y Pablo Llonto pidieron que el Poder Judicial intimara a la Secretaría de Derechos Humanos, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Sitios (26.691).

Julián Ercolini, que subroga el juzgado de Daniel Rafecas durante las últimas semanas de la feria, le pidió a Baños que informe qué medidas había adoptado frente al derrumbe. “Interesa conocer al tribunal toda reparación de los daños acaecidos, medidas que deberán efectuarse sin alteración de la estructura original del lugar, respetándose su identidad, el sistema constructivo, como asimismo los elementos y materiales que lo componen”, señaló el magistrado.

Recién este viernes, más de diez días después de que se cayera el techo, desde la Secretaría de Derechos Humanos informaron que en los próximos días enviarán un arquitecto a visitar Orletti.

“Nosotros habíamos pedido que se intime al secretario de Derechos Humanos de la Nación a que en el plazo de 24 horas envíe el personal y profesionales para la evaluación de los daños ocurridos y para que redacten un informe acerca de las intervenciones y trabajos que deben realizarse en Orletti. También solicitamos que se lo intime a reincorporar al trabajador de mantenimiento que había”, detalla Llonto.

“Seguramente, como viene haciendo, Baños le mandará al juez una respuesta general que nada tiene que ver con lo que estamos pidiendo. A Baños y a Mariano Cúneo Libarona lo único que les importa es despedir gente y pisotear las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Deben renunciar por las barbaridades que están cometiendo", reclama el abogado querellante.