A las dos muertes de un niño y una niña de menos de cinco años en comunidades indígenas que son parte de la jurisdicción de Coronel Juan Solá, más conocido como Morillo, en el departamento Rivadavia, se suma la problemática de las adicciones que atraviesan a las infancias y adolescencias del lugar. Según la estimación del actual interventor del municipio, Marcelo Córdova, la problemática alcanza a más de 100 adolescentes solo en el pueblo, sin contar los de las delegaciones municipales. 

“El hecho de que hayamos tenido un adolescente muerto en una pelea entre dos grupos por alcohol etílico convoca a tomar la medida”, dijo Córdova, al recordar el caso ocurrido en septiembre del año pasado.

A mediados de ese mes, un grupo de personas de la comunidad La Cortada agredió físicamente a un adolescente de 17 años que luego falleció en el Hospital. Por el hecho la sospecha recayó sobre al menos cuatro menores de edad y, según Córdova, habrían actuado mientras estaban bajo los efectos del consumo de alcohol etílico.

Por su precio, es el insumo que suelen comprar en las comunidades para mezclarlo con otras bebidas y consumirlo. A ello se suma que la nafta que se vende en domicilios particulares es aspirada “con cajitas de tetrabrick”, describió.

Córdova llegó como interventor en noviembre del año pasado, tras el procesamiento del ahora exintendente Atta Gerala, por el robo de rieles del ferrocarril.

El interventor municipal afirmó que ante esta realidad decidió establecer altas multas a los comerciantes que vendían alcohol etílico y nafta sin autorización, medida anticipada por una ordenanza de 2018 que tenía los valores desactualizados.

“La idea es que el expendio de combustibles sea solamente en la estación de servicio y no en casas particulares”, añadió. Dijo que las multas impuestas van desde el medio millón hasta el millón de pesos. “Cuando ves la cantidad de chicos consumiendo en la calle, creo que el monto es bajo”, aseguró en diálogo con Radio Nacional.

El interventor agregó que según el Hospital locaal, hay unas 30 personas en tratamiento, “la mayoría adolescentes”. “Y al número hay que multiplicarlo por 5 o por 6 solamente en Morillo”, afirmó.

La imposición de estas multas habría causado molestias entre los comerciantes, que encontraron respaldo en sectores políticos. “Los tratamientos son carísimos y el Estado no cuenta con los medios para asistir a esta cantidad de gente y hay que atacar a la fuente de donde se consume”, respondió Córdova. 

Caminan por kilómetros

Morillo cuenta con una extensión de más de 12 mil kilómetros. Los Baldes, comunidad wichí a la que pertenecía uno de los niños fallecido el 5 de enero pasado por causas evitables, está a unos 45 kilómetros del pueblo.

Personas que trabajan en las comunidades de la zona asistiéndolas indicaron a Salta/12 que a veces se cree que la distancia es una barrera para las adicciones, porque es más difícil acceder a los productos que para quienes viven cerca o en el pueblo. Pero los jóvenes indígenas llegan a caminar los más de 40 kilómetros para ir a consumir al pueblo, contaron.

Al hacer una descripción de la zona, estos operadores afirmaron que la mala nutrición alcanza a las infancias y a las mujeres embarazadas. “Es lo que pasó con el nene fallecido, dado que no le podían levantar el peso”, dijeron al detallar que en este caso el problema también radicaba en que la madre estaba con bajo peso.

La Comunidad Los Baldes cuenta con una bomba de agua que se alimenta por energía solar. Pero el recurso no llega a todas las familias dado que no todas tienen mangueras conectadas a sus domicilios. “Además, dependen de la presión del agua”.

Al igual que en otras comunidades, afirmaron que muchas familias cuentan con un niño o niña con discapacidad y les resulta muy difícil acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), dado que salir de la comunidad es costoso. “Para ir en moto (hasta el pueblo), necesitan unos 2 mil pesos para la nafta. Los que no tienen moto, esperan llegar al pueblo con alguien que los acerque. Un flete de ida y vuelta cuesta 120 mil pesos”, detalló la fuente.

Si llueve, el inconveniente se acrecienta porque se dificulta el ingreso a la comunidad por el agua acumalado, y cuando escurren las aguas, los caminos de tierra quedan intransitables.

En estas circunstancias, los anuncios de la bancarización de los beneficios, contaron que existe preocupación dado que hay comerciantes de la zona que manejan las tarjetas de los beneficiarios a cambio de darles “la libreta” donde se anota la mercadería que se les entrega a cuenta del futuro pago. 

Las alternativas de pago de los beneficios no son muchas. Las beneficiarias no suelen tener teléfono celular con el que podrían manejar billeteras virtuales. Y aún si los tuvieran, tampoco hay señal de internet.