"Nuestra presunción, y también la presunción de la fiscalía, es que el tiro habría surgido desde Gendarmería Nacional, por eso lo investiga una fiscalía federal y por eso está calificado provisoriamente como homicidio calificado". El abogado Gonzalo Ramos, expuso así la posición de su querella, en representación de la familia del bagayero Fernando Gómez, asesinado el 18 de diciembre en el marco de un procedimiento de la Gendarmería en la frontera con Bolivia. 

El abogado dijo que como querella autónoma ha ido reuniendo "datos, información, testimonios" que irá "aportando paulatinamente a la investigación de fiscalía para llegar a la concreción" de lo que consideran un "paso fundamental", que "es la imputación a Gendarmería Nacional y al personal que participó en este procedimiento por el delito de homicidio calificado".  

En una conferencia de prensa el jueves último en la ciudad de Salta, junto a diversas organizaciones sociales, gremiales y de la izquierda, Ramos reiteró que no hay imputaciones aún, y el trámite está "en instancias de averiguaciones preliminares". 

El abogado recordó que ingresó a la causa recién en enero, cuando ya se habían producido algunas medidas de prueba importantes, como la autopsia del cuerpo del trabajador asesinado en una zona de monte, por un paso no habilitado, detrás del Puesto 28 de Julio de la Gendarmería. 

Esa autopsia reveló un dato importante: Fernando Gómez recibió un golpe exactamente entre los ojos antes del disparo mortal. Este dato coincide con el relato que han dado al menos seis testigos de los acontecimientos que se desataron la madrugada del 18 de diciembre último cuando miembros de la patrulla Sección Núcleo del Escuadrón 20 "Orán" realizaron un procedimiento de secuestro de mercadería a "paseros" en un operativo enmarcado en el Plan Güemes. 

Tres personas que estuvieron en ese momento ya declararon en la fiscalía. Dos trabajadores de frontera, Rolando Pizarro, y el joven Franco Bruno Hualpa, que recibió un disparo en el estómago. Y declaró una mujer que cumplía la función de "campana" aquella madrugada. 

Ramos dijo que su querella reunió otros tres testimonios y destacó que los seis son coincidentes en que escucharon un ruido como de golpe, luego un grito y el disparo. El abogado adelantó que la próxima semana aportaría estos testimonios con la intención de ir definiendo la imputación.

Por otra parte, el abogado insistió en que Gómez no era un narcotraficante, como afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Eso ha quedado "totalmente descartado", sostuvo. Recordó que para "para vincular que alguien haya cometido un delito de narcotráfico tiene que estar el secuestro de material a esa persona precisamente", y luego están los indicios sociales. En el caso del "chanchero" (pasador de hojas de coca) asesinado, "vivía en una casa humilde en el barrio 200 Años a la vera de la ruta 50 en Orán, con un nivel de vida muy bajo, por debajo de la línea de indigencia, diría inclusive, por lo cual no se condice con una persona que tenga ingresos por el narcotráfico", afirmó Ramos. 

"Son trabajadores de la frontera, él, Hualpa y el resto de los heridos y las personas que estuvieron esa noche son trabajadores de frontera", subrayó. 

Por otra parte, el abogado David Leiva reveló ayer que el joven Elio Arnaldo Gareca recibió en realidad tres disparos con balas de plomo, en la mano, el muslo y la cabeza, este último quedó alojado en su cráneo y le provocó un daño físico que le dificulta la movilidad. El disparo en el muslo le atravesó la pierna, mientras que el de la mano le fue extraído después. 

Según indicó Leiva, a Gareca le dispararon por la espalda. Esto ocurrió en un segundo momento aquella madrugada del 18 de diciembre, ya sobre la ruta nacionaal 50, en el Puesto 28, cuando un gran grupo de trabajadores de frontera apedrearon las instalaciones en protesta por la muerte de Gómez y fueron reprimidos por la Gendarmería. 

Leiva, que lo representa en la querella, informó que pidió que Gareca sea citado a dar su testimonio. Y también pidió que declare la médica que realizó la pericia sobre los disparos que hirieron a Gareca. 

El abogado adelantó que después pedirá la prueba balística y que se haga un plano del lugar donde balearon a Gareca. En este caso también hay testimonios que señalan a la Gendarmería como responsable del disparo que hirió al joven. Leiva dijo que después de estas pruebas y la incorporación de testimonios pedirá imputaciones. 

Preocupación por la falta de avances 

La lentitud de la investigación provocó un pronunciamiento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que exigió "justicia y reparación para las víctimas de esta represión desenfrenada, que lejos está de alcanzar el orden y la pacificación que tanto pregona el gobierno nacional".

En el pronunciamiento la Mesa y la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta expresaron su preocupación porque "hasta el momento no se conocen avances significativos en la investigación en cuanto a la individualización de los responsables de este crimen, por el que se señala a Gendarmería Nacional desde la misma madrugada del 18 de diciembre de 2024", recordó. 

También hicieron un llamado de atención sobre "el recrudecimiento de discursos de odio tras estos actos de represión" enmarcados en el Plan Güemes que firmaron la ministra Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz. 

Asimismo, las organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre "la grave violación de derechos de las personas residentes en zona de frontera que además de padecer años de descuido del Estado, deben soportar también permanentes maltratos de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios y funcionarias de turno que acusan de narcotraficantes a personas que sobreviven en una problemática social que tiene su base en vulneraciones de derechos que vienen de arrastre, como la no regularización de la tenencia de la tierra y la falta de fuentes de trabajo".

En esa línea, aseguraron que "la lucha contra el narcotráfico no puede hacerse avanzando sobre los derechos humanos". Y el Estado no puede "avanzar aún más sobre los derechos de personas que se ven obligadas a recurrir a un trabajo informal para sustentarse, precisamente por la ausencia del Estado, que no llevó adelante políticas de creación de fuentes de trabajo genuinas y además, jamás elaboró ni llevó adelante un plan de regularización del trabajo en la frontera". 

Un Plan sin información

Por otra parte, en la conferencia de prensa del jueves el ex diputado provincial Claudio del Plá (PO) informó que el Frente de Izquierda presentará un pedido de informes sobre el Plan Güemes en la Cámara de Diputados de la Nación.

Del Plá destacó en este sentido que no hay información sobre este Plan, no se conoce la decisión administrativa que lo pone en marcha, ni en qué exactamente consiste, ni los recursos destinados a su puesta en práctica, ni de dónde provienen.

Asimismo, recordó que el Senado de Salta votó una declaración de interés del Plan Güemes en octubre del año pasado, pero tampoco ahí se explicó en qué consiste este.