"Hay una estrategia que está funcionando", asegura Javier Alonso. Envuelto en el ojo de una tormenta constante, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires defiende la labor que se realiza desde 2019, cuando Axel Kicillof asumió la gobernación. Se basa en números, deja en claro que siempre hay que corregir errores, y resalta que el método de trabajo funciona si está aceitada la relación con el Gobierno nacional y, también, con los municipios. 

Alonso recibe a Buenos Aires/12 en un trailer. Su domicilio laboral es el Centro de Coordinación Estratégica de Puente 12, en La Matanza. "A 20 minutos de donde pasan las cosas", en el predio ubicado en el cruce de Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, junto al Jefe de la Policía bonaerense.   

En casi dos horas de charla, el ministro explica la visión sobre la seguridad que defiende el Gobierno provincial y advierte que el narcotráfico es el motor de las principales bandas de crimen organizado que operan en el territorio bonaerense. 

Enumera la incorporación de patrulleros, chalecos antibalas y tecnología a las fuerzas, porque "sin inversión no hay seguridad".  

Sin chicanas, sostiene que "hay un gobernador que quiere enfrentar a las organizaciones de narcotráfico". Y, ante la primera consulta sobre el estado de la seguridad, la respuesta es dura: “Quieren vender un conurbano descontrolado y eso no es así”.

--Entonces, ¿cómo se explica el volumen de crímenes violentos en el conurbano que, muchas veces, incluyen homicidios?

--En 2004 teníamos alrededor de 2.700 homicidios por año en la Provincia. En 2014, se redujeron a alrededor de 1.700, y el año pasado tuvimos 810. Fue el segundo año con menos homicidios de los últimos 25 años. Obvio que cada homicidio duele muchísimo y cada caso nos lleva a investigar y profundizar nuestro trabajo, pero es real también que los homicidios en ocasión de robo bajaron muchísimo. El 12 por ciento de los 810 homicidios de 2024 fueron en ocasión de robo. El 14 por ciento, fueron delincuentes que murieron en enfrentamientos con la policía o durante allanamientos. Un 60 por ciento se dan entre personas que se conocían antes, como los femicidios, la violencia intra familiar, peleas o riñas, conflictos de convivencia o disputas por control territorial. Pero estamos comprometidos en bajar los homicidios, en un continente que atraviesa un momento altamente violento.

--¿A qué se refiere?

--En Ecuador los homicidios se multiplicaron por diez en el último tiempo. En Uruguay hay 11 homicidios cada cien mil habitantes en el año. En Chile, es de 6,9. En Argentina tenemos la tasa más baja de América del Sur y la segunda más baja de Latinoamérica. En la provincia, es de 4,5 por cada cien mil habitantes. Eso tiene un valor y no es casualidad. Es el fruto del trabajo de muchos años, con mucha inversión, en conjunto con el trabajo de jueces, fiscales e intendentes. Lo importante es que hay una estrategia que está funcionando a largo plazo.

--¿Por qué la sensación es otra entonces?

--Lo que hay es muchísima información de todo lo que pasa. Hoy te enteras de más situaciones que en 2004, cuando la tasa de homicidios era más alta. A nosotros nos sirve porque todo es transparente. Nuestras estadísticas son públicas y el Ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con toda la información. No escondemos nada, pero hay que entender que no trabajamos con materia inerte, sino con la sociedad y puede ser que la convivencia se complique por factores que no tienen que ver con nosotros. Es notorio que la violencia viene creciendo desde 2024. Pudimos mantener a raya a los homicidios, pero tenemos otros delitos.

--Como el robo de billeteras, carteras o celulares que a veces no se denuncian.

--Sí, pero fíjate que se redujeron los robos en la vía pública y se acrecentaron las entraderas con golpizas a jubilados, por ejemplo. El delito muta y va cambiando según la realidad económica. Tenemos que estar atentos a los patrones socioeconómicos y culturales para armar estrategias. Para eso creamos la Fuerza Barrial de Aproximación, multiplicamos las Unidades Tácticas de Operaciones Inmediatas (UTOI), ampliamos la policía motorizada, tenemos 5 mil policías caminantes donde tenemos barrios que hay que patrullar a pie, con más de 5.500 patrulleros nuevos y un patrullaje del 75 por ciento del territorio cada cuatro horas, algo que está demostrado con el GPS de los patrulleros y es algo que pueden constatar los intendentes mientras sucede.

--Hay muchos intendentes, principalmente de la oposición, que señalan falta de recursos para, por ejemplo, pagar el combustible de los patrulleros. ¿Está al tanto?

--Hablamos constantemente con los intendentes. Nosotros, en 2023, gastamos casi 6 mil millones de pesos en combustible al año. En 2024 se gastaron casi 30 mil millones. Muchos municipios tuvieron dificultades y las cubrimos. Siempre se acordó que es cooperativo con los municipios el mantenimiento de los patrulleros. Cuando llegamos en 2019 habían 690 en toda la provincia, de los cuales la mitad eran chatarra. Escuchar al PRO decir que no invertimos en seguridad da gracia. Hoy los chalecos no están vencidos, hay inversión, equipamiento y sabemos lo que pasa en el territorio. No es fácil lo que nos toca vivir. Sin financiamiento no hay seguridad. Nuestra fuerza política creó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la seguridad del conurbano por ley. En 2024 eran 700 mil millones de pesos que Milei no envió.

--¿Cuál es esa estrategia que asegura que funciona a largo plazo?

--Nada de lo que hacemos hoy lo podríamos hacer sin lo que se hizo los cuatro años anteriores. El gobernador Axel Kicillof decidió darle otra impronta a la política de seguridad con Sergio Berni a la cabeza del ministerio y el cambio es estructural, se profesionalizó a la policía y se dio un rol distinto a los intendentes. Nosotros planteamos que debe haber una política de seguridad provincial pero que debe poder contextualizarse en cada municipio. Ahí le damos un rol importante al intendente en lo que refiere a la construcción de un proyecto de ciudad. Esto implica el control del territorio, el ejercicio de la autoridad y la construcción de una comunidad. La seguridad es una construcción colectiva, es ese estado de convivencia donde estamos todos bien y que en un momento se altera, como cuando un vecino decide matar a otro. Ahí tiene que actuar la policía, con alertas tempranas del territorio y hacer cesar el delito.

--¿Ahí radica el rol del intendente?

--Nosotros impusimos una policía organizada, centralizada, con recuperación del comando de control, subordinada a conducción política, donde renovamos todos los mandos. Impusimos que en cada municipio haya un jefe de policía con un plan de operaciones policiales articulado con el plan de seguridad del intendente. Cuando el municipio trabaja en serio con un ejercicio de autoridad para ordenar la vida cotidiana y con una policía que organiza el plan de operaciones policiales descentralizado en coincidencia con este plan integral local, se arma una sinergia que da resultado. En este sentido, sumamos la multiagencia, una plataforma que interactúa con todas las creadas por los municipios y permite visualizar en tiempo real cada alerta del territorio, sean llamadas al 911 como aplicaciones. Nosotros lo vemos y los intendentes también. Todo en tiempo real. En paralelo, está nuestra visión de que el delito no es espontáneo y no es individual. Hay organizaciones que suministran armas, organizan mercados ilegales y están sesgadas por el narcotráfico. Estas son las bandas que organizan el delito.

--¿Cómo evalúa los resultados?

--En 2024, desbaratamos 40 bandas de crimen organizado del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Tuvo mucho que ver el intercambio de información de seguridad con la Nación. Patricia Bullrich logró pasar a aislamiento a muchos líderes de bandas que manejaban desde la cárcel el territorio, lo que permitió controlar de manera más eficiente el territorio. Pudimos armar una buena articulación con La Pampa, los distritos limítrofes y la policía rural, lo mismo al sur con Río Negro y en el norte con Santa Fe cuando facilitamos en comodato los 84 patrulleros en el comienzo del plan Bandera.

--¿Cuánto incide el narcotráfico en la criminalidad de la provincia?

--Son organizaciones que, por lo general, van más allá de los límites provinciales, es un fenómeno transnacional. Triplican las ganancias días a día, por lo que construyen organizaciones más complejas que buscan quedarse con el robo de los autos, la usurpación de casas para armar mercado de alquileres ilegal o la extorsión de comerciantes. Esto no es una opinión, está documentado en causas judiciales. En diciembre presentamos los resultados de investigaciones que llevaron seis meses. Nosotros demostramos que los autos robados en La Matanza, Morón e Ituzaingó, eran llevados con una logística muy sofisticada, a desarmaderos en Misiones o Corrientes, a concesionarias de autos, o eran vendidos a Paraguay, Brasil o Bolivia para ser cambiados por droga. Esa banda tenía cuatro líderes. Tres se ocupaban de las transacciones y la logística, y después estaba el gatillero. Este último reclutaba todos los días a jóvenes, muchas veces menores, les suministraba armas con la orden de ejecutar crímenes muy violentos y, en lo posible, disparar. Todo el día están buscando pibes a los que quiebran con la droga. Por eso, también es importante tanto el trabajo que hacemos nosotros reprimiendo estas organizaciones como el que debe hacer la pata social del gobierno con los intendentes.

—Entonces, ¿no debe bajarse la edad de punibilidad?

—Ese es otro debate. Yo te puedo dar datos. Nosotros tenemos 5,2 millones de pibes en las escuelas bonaerenses que hacen su proyecto de vida con sus familias. Y tenemos, por año, entre 4 y 5 mil pibes que llegan detenidos a las comisarías, pibes con armas desde los 12 años disparando o robando una moto. Al lado de los 5,2 millones, es nada. Nosotros construimos estadísticas sobre esos chicos, se informa a los jueces y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Ahí podés ver en las historias de vida que vienen de hogares donde los padres no los pudieron criar, con familias con consumos problemáticos, historias de abusos a los seis años y deserción escolar. Entonces, si en el barrio hay alguna bandita organizada, lo capta, lo disciplina a través del abuso sexual, se genera consumo y le da armas. En este marco, lo que hay que dejar en claro es que por la ley penal juvenil de la provincia de Buenos Aires si el pibe comete un acto grave es encerrado en un instituto de menores tenga la edad que tenga. La escala de incidencia de los menores en el crimen es baja, pero es verdad que ocasionan muchas muertes y eso no lo podemos soslayar. Vos tenés entre 40 y 50 homicidios al año ocasionados por menores en la provincia de Buenos Aires.

—¿Hay que endurecer las penas por el uso o tenencia de armas?

—Tenemos redactado un proyecto de ley donde pedimos ser mucho más duros en las penas por la tenencia de un arma ilegal. Nuestro sistema de usuarios de armas es muy seguro. No tenés casos de abuso de armas de fuego legales como pasa en otros países. Lo que yo creo es que cuando parás a una persona en la calle y tiene un arma con la numeración limada, que no puede explicar por qué tiene un arma no documentada, tiene que estar presa. Porque hay intención de salir a matar. Si no, ¿por qué salís con un arma? Tenemos que ser tajantes con eso.

—¿Está para presentar en el Congreso?

—Sí. Y también estamos trabajando para agilizar los allanamientos en flagrancia de los puntos de venta de droga.

—¿Por qué?

—Hoy nos pasa que un día recibimos catorce llamadas al 911 de vecinos que te dicen que se vende droga en tal lugar. Entonces, el fiscal te dice que investigues. Lo primero que se debe hacer es un acta de una compra controlada con un agente encubierto que va a comprar droga. Después te piden un video y ahí se hace un video encubierto. Y después te piden la imagen de un dron que visibilice la compra. Y bueno, en todo ese tiempo el lugar sigue funcionando y, encima, después dicen somos todos cómplices.

—¿Hay trabajo conjunto con la Justicia?

—Sí. Conformamos mesas de investigaciones, donde nos juntamos con jueces y fiscales, donde también participan los intendentes. Logramos una excelente relación con todos los fiscales generales, articulamos mesas de trabajo de inteligencia con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con fiscales federales y provinciales. Sucede que hay políticas que fueron erradas, como la desfederalización del narcomenudeo. Eso paralizó a la Justicia. Cuando llegamos a la gestión teníamos 6 mil personas presas por la Ley de Drogas y cuando ves los perfiles son todos adictos, pobres, dealers del punto de venta, y no teníamos encerrados a los líderes. Lo que hicimos fue hacer una persecución sobre los líderes de las bandas, y así metimos presos, por ejemplo, a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba (oriundo de San Martín, detenido e investigado, entre otras causas, por la muerte de Candela Sol Rodríguez en 2011). Entre el primer mandato y segundo mandato, metimos presos a los líderes de 70 bandas que eran buscados hace 10 años. Y con la llegada de Bullrich, se fortaleció la política de aislamiento, lo que nos permitió que no tengan contacto con el territorio.

—¿Cómo es la articulación con el Gobierno nacional y Patricia Bullrich?

--Acá no se trata de Patricia Bullrich ni de Javier Alonso. Se trata de que las instituciones funcionen, que haya un método de trabajo y que hay un gobernador que quiere enfrentar en serio a las organizaciones de narcotráfico. Eso hace que nos sentemos con la ministra de Seguridad de la Nación que manifestó su vocación de enfrentar a estas organizaciones, de trabajar en conjunto con nosotros y por eso estamos avanzando en un método. Tampoco estamos inventando la rueda. Todos saben lo que hay que hacer. Lo que está es la decisión de trabajar en conjunto y por eso los homicidios están bajando. Lo mismo hacemos con Maximiliano Pullaro en Santa Fe, o con los allanamientos que hicimos en Formosa, Corrientes o en Capital Federal, donde hemos hecho muchísimos allanamientos por drogas gracias a la Justicia Federal y a pesar de nuestras diferencias con CABA. Es difícil trabajar con la Ciudad.

—¿Por qué?

—Yo no veo en ellos la misma vocación que tienen Bullrich o Pullaro. Hay más una dinámica de que ellos no tienen ningún problema y los problemas están en la provincia de Buenos Aires. Así se hace difícil establecer una mesa de trabajo. Vos tenés un AMBA que tiene 290 mil delitos anuales, 160 mil serán nuestros y 130 mil de ellos. Y cuando ves la concentración por kilómetro cuadrado es más grave la situación de la Ciudad que la de la Provincia. El aumento del delito en la Ciudad fue más grave que en la Provincia. Mienten con las tasas de homicidios diciendo que la nuestra quintuplica la de ellos cuando la información oficial del Gobierno nacional  explica que los homicidios en la Provincia están bajando. Ellos confunden la chicana de twitter con la política de Estado, y son cosas diferentes. 

—Hay intendentes que viralizan contenido violentando delincuentes con las fuerzas de seguridad, ¿es necesario?

—El cambio tecnológico y la desregulación hizo que las instituciones tengan menos capacidad de resolver problemas y debilitó la autoridad. Y el ejercicio de la autoridad es muy importante en materia de seguridad para la convivencia. Nosotros necesitamos que el Estado ejerza esa autoridad, necesitamos que la policía ejerza su autoridad, que señale lo que está bien o mal porque no nos da lo mismo. Igual que el maestro en la escuela o el padre en su casa.

—¿Qué piensa de la bukelelización de la seguridad?

—Ese es un concepto que no hay que naturalizar. Ojo que una cosa es la autoridad y otra el autoritarismo. Lo que hace muy mal es que pase cualquier cosa y que nadie diga nada porque nos lleva a un lugar muy malo. Hay que generar una autoridad que debe ayudar a hacer crecer a los otros. En términos de seguridad, que nos podamos cuidar entre nosotros, no nos matemos entre nosotros. En la comunicación pública se habla de eliminar al otro. Vivimos tiempos violentos que no ayudan a llevar tranquilidad a los barrios. Hay que ver cómo bajar esos niveles de violencias.