Ante la posible derogación del régimen de importaciones de bienes usados por parte del Gobierno nacional, las alarmas comenzaron a sonar nuevamente en la industria, un sector altamente golpeado por la política económica libertaria. La medida iría en perjuicio del desarrollo de las empresas locales y la inversión en tecnología nacional, sostienen desde la cámara de empresas metalúrgicas. Un paso más que, de concretarse, seguiría inclinando la balanza hacia el modelo exportador de materias primas e importador de bienes industriales.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) envió este lunes una nota a Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción de Economía, donde pidió al Ejecutivo que no derogue el régimen de importaciones de bienes usados por su impacto en la producción y el trabajo argentino.
Establecido por la Resolución (MEyOySP) 909/94 para regular el ingreso al país de ciertos bienes de capital usados, surgió en 1994 y sufrió distintas modificaciones. Por esa gimnasia, desde la entidad metalúrgica se mostraron dispuestos a trabajar en posibles cambios que mejoren el sistema, sin llegar a eliminar la normativa. Mientras, el oficialismo entiende que la restricción encarece los equipos y, por el contrario, limita la competitividad porque "los compradores están cautivos". Por ello recurriría a la flexibilización.
En la misiva, Admira argumentó que, si se llegara a concretar, la iniciativa desalentaría la inversión en tecnología de fabricación nacional y afectaría de forma negativa a las empresas locales por comprometer su desarrollo y capacidad para competir, al tiempo que perjudicaría la seguridad y calidad de los usuarios que adquieran dichos productos.
El régimen actual incluye el Anexo I, que por un lado dispone de un derecho de importación para ciertos bienes usados y por otro requiere un Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), necesario para presentar ante la Aduana al momento de realizar la operación, con el último objetivo de analizar la afectación a la industria nacional oferente del producto.
A la vez, el Anexo II de la legislación prohíbe la importación de maquinaria usada para sectores como el agrícola, energético, salud, construcción y transporte, entre otros. En este sentido, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) consideró que la norma prohíbe el ingreso de maquinaria obsoleta y, en muchos casos contaminada, evitando que compita de manera "desleal" con los fabricantes locales.
Antiindustrial
"Nosotros tenemos que asumir costos de impuestos y de producción muy altos, y esto nos podría llevar a la quiebra. Si quebramos se cierran fábricas que pagan impuestos acá, se pierden puestos de trabajo que consumen en el mercado interno, se termina con la mano de obra calificada que cuesta tanto recuperar y se impide al agro obtener maquinarias con tecnología nueva para mejorar el rinde en el campo", aseguraron a Página/12 desde la Fisfe.
En la provincia de Santa Fe funcionan más de 200 fábricas de maquinaria agrícola que emplean a unos 5.000 trabajadores directos. Los equipos importados tributan 26,5 por ciento en gravámenes, mientras que los insumos para producir maquinaria nueva en argentina llegan al 47 por ciento, detallaron desde la institución.
La Fisfe además advirtió por los riesgos ambientales asociados a la importación de maquinaria usada, como la propagación de plagas agrícolas que recuerdan "causó pérdidas significativas" en otro momento histórico. Los "problemas fitosanitarios han llegado a causar pérdidas de más de 11 millones de toneladas que se tradujeron en exportaciones pérdidas que superan los 1.600 millones de dólares", recuerdan.
Al igual que Adimra, Fisfe junto con la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (Afat), convocaron al Gobierno nacional a que reconsidere la decisión de restringir la norma que protege el trabajo y la industria nacional. "Solicitamos una revisión exhaustiva del análisis que sustenta la posible eliminación del CIBU, evaluando detenidamente sus efectos económicos, productivos y ambientales", indicaron.
