El diputado provincial Fabián Palo Oliver manifestó su preocupación por la "dilación y falta de información" del Ministerio Público de la Acusación en dos denuncias por abuso sexual en la provincia de Santa Fe. En un caso, contra un alto funcionario del Ministerio de Salud de la provincia y en el otro, contra un comisario supervisor de Coronda. Para interiorizarse sobre el avance de las investigaciones, el legislador envió notas a la fiscal general María Cecilia Vranicich y al gobernador Maximiliano Pullaro.

"Cuando hay involucrados funcionarios políticos, la actuación de muchos miembros del Ministerio Público de la Acusación tiene lentitud y muchas veces displicencia. Lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo el de Marcelo Galaz, en la ciudad de Avellaneda, donde todavía se está analizando el proceder del fiscal de Reconquista Aldo Gerosa", planteó el diputado provincial. 


Funcionario político

La primera denuncia es por abuso sexual simple contra el secretario de Participación Social del Ministerio de Salud, Marcelo Dellaporta y fue presentada por una trabajadora del área en la comisaría de la Mujer de la ciudad de Santa Fe. El funcionario sigue en su cargo. 

La denuncia se presentó a mediados de diciembre. "No tenemos conocimiento de que la víctima haya recibido algún tipo de asistencia por parte del Ministerio y lo más grave es que tomamos conocimiento de que el funcionario sigue impartiendo órdenes, si bien no va a trabajar y no fue separado", siguió Palo Oliver, quien pidió información sobre el avance de la investigación al MPA.

En tanto, al gobernador, Palo Oliver le solicitó "que el funcionario sea apartado. Es lo que corresponde, hasta tanto se termine de resolver su situación jurídica. Es obvio que existe el principio de inocencia y el debido proceso, pero el funcionario debe ser separado porque es la única forma de que no interfiera ante el avance de la propia denuncia y que tampoco genere inseguridad y angustia en la denunciante, al sentirse desprotegida o abandonado por el propio Estado".  

El funcionario tiene a su cargo "la relación con los sectores de salud y municipios y comunas de toda la provincia. Fue concejal en Esperanza y director médico del SAMCO de la misma ciudad". 

En el caso de la trabajadora de la salud, el legislador solicitó que se le informe "si se han tomando medidas de protección para la denunciante, atendiendo a la subordinación jerárquica que ésta tiene con relación al funcionario denunciado".

Y expresó "su preocupación por la falta de celeridad y la ausencia de información sobre los avances de la investigación, así como en otras con connotación sexual vinculados a personas con responsabilidad en las distintas órbitas del Estado". 

Comisario acusado

Palo Oliver también pidió información sobre otro caso, contra un comisario supervisor de Coronda. La denuncia fue radicada el 28 de agosto de 2024 y transcurrieron cinco meses entre la presentación y la convocatoria judicial al denunciante para que amplíe su relato.

El legislador solicitó que le informen "si se han tomado medidas para la protección de la integridad y de la salud del denunciante, y si se ha adoptado algún tipo de decisión con relación al comisario denunciado". 

Se trata de un abuso sexual en un ámbito familiar, que se produjo entre 1996 y 1999, cuando la víctima tenía 10 años. Esta persona, sobrino del acusado, se animó a denunciar después de 25 años al comisario supervisor. El abuso fue cuando el acusado era mayor de edad, pero también anterior a su ingreso en la escuela de Policía, en el año 2000.

Apenas se conoció la denuncia, el comisario se comunicó con la madre de la víctima en términos amenazantes. 

La víctima realizó la denuncia en Rosario el 28 de agosto del año pasado, y como los hechos ocurrieron en otra jurisdicción, recayó en el fiscal Raúl Nessier, quien la derivó a la Unidad de Violencia de Género y Familiar en la ciudad de Santa Fe. Hace pocos días, la víctima fue citada a declarar. 

"En este caso, le pedimos a la fiscal general que nos informe cuáles fueron las actuaciones que que se llevaron a cabo, porque después de la denuncia de la víctima, aparecieron dos víctimas más que denunciaron. Una es la hermana mayor del primer denunciante y otro primo, todos sobrinos del abusador", siguió Palo Oliver.

En comunicación con la víctima, Nessier le dijo que debía excusarse de investigar porque conocía -y trabajaba- con el acusado, y también adelantó que consideraba que el caso estaba prescripto, haciendo caso omiso al debate -hoy en la Corte Suprema de Justicia- sobre la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. 

Respecto de este caso, Palo Oliver consideró que se reiteró la "lentitud y displicencia de otras investigaciones derivadas de denuncias de delitos con connotación sexual".

El diputado provincial consideró que "cuando los procesos involucran a funcionarios públicos, las investigaciones deben ganar en celeridad y publicidad, evitando por todos los medios el secretismo. De esta forma se concretan los principios republicanos y el cumplimiento de la misión y los objetivos del Ministerio Público de la Acusación”.