Los intendentes preguntan dónde está la plata

“¿Dónde está la guita del impuesto a los combustibles que se cobra con cada litro de nafta y no hay un solo kilómetro de autopista nueva?”, fue la pregunta que lanzó Miguel Fernández, titular del Comité Provincia, en el acto radical en Mar del Plata. No es el único dirigente con ese interrogante. Desde el oficialismo hace rato que se repiten las críticas a la Nación por la absorción de recursos en los municipios mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la ausencia de obra pública nacional en materia vial, que debería ser la contraparte que le corresponde a la administración nacional. 

La demanda sobre los recursos nacionales está unificando a los intendentes de diferentes fuerzas. En diálogo con Buenos Aires/12, Pablo Garate, el massista de la Municipalidad de Tres Arroyos, ejemplificó la situación con lo que tributan sus vecinos: “Fueron entre 18 mil y 20 mil millones de pesos en 2024 y no recibimos ninguna obra”.

Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, conoce los malabares que debe hacer un municipio para hacer rendir su presupuesto. Por eso, frente a sus correligionarios, apuntó la mira contra Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y uno de los funcionarios más mimados por Javier Milei.

¿Por qué? Porque en 2024, según la propia Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, el Gobierno nacional se hizo de más de 2,5 billones de pesos por este impuesto que proviene del combustible. En el marco de la normativa vigente, cerca de un 30 por ciento debería destinarse a un fondo fiduciario que tiene entre sus objetivos el desarrollo de obras viales y el mantenimiento de rutas nacionales.

Sin embargo, los fondos no llegaron, las obras tampoco y los intendentes se preguntan en dónde está la plata. Sobre todo cuando el gobierno libertario insiste en sostener el parate a la obra pública nacional, y el incremento interanual de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos pisó el 380 por ciento.

 

El freno a Caputo

“A los intendentes no nos tienen que explicar el equilibrio fiscal”, señaló Fernández, que cada vez que puede cuenta que nunca se deja de ser intendente más allá de dejar la gestión ejecutiva. "No nos gusta que algún ministro que no fue votado y que, probablemente, no sería votado, nos venga a decir que un intendente gasta mucho y gasta mal”, agregó. 

No mencionó a Caputo, pero, tal como viene contando este medio, el ministro lleva adelante una fuerte cruzada para que los municipios de todo el país no puedan cobrar tasas en las facturas de los servicios públicos. Los intendentes denuncian que el objetivo final es desfinanciar los gobiernos locales.

“Tal vez el hecho de que el ministro Caputo ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de las finanzas, alejado de la economía real”, señaló un comunicado de la  Federación Argentina de Municipios en un comunicado que da cuenta del marco jurídico que les permite a los ejecutivos locales valerse tasas para brindar servicios elementales para la vida de sus comunidades.

Gabriel Katopodis publicó en sus redes sociales que en las cuentas del Ministerio de Economía hay más de 1 billón de pesos que deberían estar siendo ejecutados para el mantenimiento y construcción de rutas. Eso, tal como el propio Gobierno nacional se encarga de comunicar, no se hace bajo la bandera del fin de la obra pública.

Según el decreto 1036/2020 que regula el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, el 28,58 de los fondos recaudados mediante el ICL debe destinarse, entre otras cosas, a "cubrir las obligaciones que surjan del Plan de Obras de la Dirección Nacional de Vialidad en los Corredores Viales Nacionales".

También, esgrime el texto, debe destinarse al "pago del Plan de Obras de Conservación, Mantenimiento, Corrección Superficial, Refuerzo Estructural de la Calzada y Obras Nuevas, como así también la operación y explotación de los Corredores Viales Nacionales, otorgados y a otorgarse en concesión de obra pública por peaje a la empresa Corredores Viales S.A."

Por eso Fernández, en su discurso, fue enfático con darle cuerpo a este argumento. “¿Quieren hablar de la ruta 226 o de la ruta 5?”, preguntó a modo de desafío contra la gestión de Milei. Ambas rutas están en manos de Corredores Viales S.A., que tiene al ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli entre sus filas. 

Dado el estado de la 226, el mantenimiento de una de las principales que transitan los habitantes de la ciudad que gobernó no lo moviliza demasiado. En paralelo, la UCR advierte el parate de las obras en la Ruta Nacional N°5, que atraviesa la provincia de Buenos Aires y la une con La Pampa, conformando un corredor trascendental para la producción agropecuaria. 

¿Dónde está la plata?

Desde Tigre, Julio Zamora habló con Radio Provincia y dijo que “la mayoría de los impuestos que se pagan en la Argentina son generados por el Gobierno nacional”. Así, el intendente coincide con sus pares y le corre el velo a uno de los mayores slongans de la campaña permanente que llevan adelante los dirigentes de La Libertad Avanza: la reducción de impuestos. 

“De cada 100 pesos de impuestos, 84 van al Gobierno nacional, 12 al provincial y sólo el 1,2 a los municipios”, dijo Fernández en el acto boinablanca del fin de semana. 

Garate trae a colación otro ejemplo. Días atrás, cuenta, fue el municipio de Tres Arroyos el que debió hacerse cargo de la entrega de una silla de ruedas a un beneficiario de PAMI. Asegura que, tras ir a la delegación local, el vecino tresarroyense fue notificado que las que tenían en el lugar estaban rotas. “Quiero que mi espacio político valide el concepto de no tener déficit y ser eficientes, pero en el marco de satisfacer las necesidades de la sociedad, acercando los recursos a la sociedad y acercando las políticas públicas a lo que necesita la gente”, destaca el intendente.

 

Por eso, retoma el ejemplo de lo que sucede con el aporte de los tresarroyenses bajo el impuesto a los combustibles. “Son entre 18 mil y 20 mil millones de pesos que van a la Nación y no vemos que nada vuelva, cuando nosotros, con el 10 por ciento de ese monto, haríamos una revolución en el sistema vial del municipio y bajaríamos el impuesto”, remarca.

Además, tal como apunta Garate, Tres Arroyos es de los distritos que cuenta con el Producto Bruto Agropecuario más importante de la Provincia, ya que en 2023 encabezó el listado con un aporte del 3,3 por ciento del sector, según los datos del Ministerio de Economía.

“Hoy no vienen obras para el campo, no hay inversiones nacionales, entonces lo que planteamos es que, si el Estado nacional solo tiene pensado hacerse cargo de la seguridad y algunas funciones más y delega el resto de las responsabilidades, hay que hacer una reforma tributaria”, sintetiza el dirigente del partido que a Sergio Massa.

“¿Quién se queda con la plata?”, preguntó Fernández el viernes, ante unos 1.200 dirigentes radicales que lo acompañaron en Mar del Plata. Los reclamos no terminan ahí. 

Semanas atrás, este diario recopiló voces como la de Franco Flexas, intendente radical de General Viamonte, que elaboró un informe para llevar claridad desde la experiencia local. En el documento da cuenta que la tasa vial representa el 0,19 por ciento de la riqueza que genera el distrito, mientras que el impuesto inmobiliario que cobra la Provincia es del 0,54 por ciento y las retenciones el restante 99,26 por ciento. Este último, queda en manos de la cartera de Caputo.

Incluso, voces sindicales desde adentro de Vialidad Nacional dan cuenta de esta preocupación. Desde la delegación de Bahía Blanca, Eduardo Palomo, dice que “el impuesto a los combustibles que tiene que ir una partida del fideicomiso, que impone la ley, tiene que venir a Vialidad Nacional para el mantenimiento de las rutas nacionales y algunas inversiones que se tengan que hacer”. "Nos está preocupando porque desde el año pasado ese dinero está llegando a cuenta gotas”, describió. 

Los que ponen la cara

Entre los intendentes comulga la misma afirmación: "Somos los que ponemos la cara ante la gente".

Por ende, sostienen que son los primeros en hacer un uso eficiente de los recursos y, también, resaltan el valor de construir mecanismos de recaudación que permitan sostener, por ejemplo, el descomunal aumento de las demandas sociales. 

"Acá en Tres Arroyos crecieró un 300 por ciento la demanda de alimentos", subraya Garate. “Los municipios aportamos muchos recursos al Gobierno nacional y nos quedamos con las manos vacías”, advirtió.

Así, empatizaron con el colectivo de jefes comunales bonaerenses que se manifestaron contra la voluntad de Caputo que busca imposibilitar a los municipios de cobrar, por ejemplo, tasas viales. Tampoco quiere que haya conceptos como el alumbrado público dentro de las facturas de luz, poniendo en serio riesgo la prestación del servicio y violando la autonomía legal de la Provincia. 

Desde el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires, el órgano que cumple las funciones del ENRE a nivel provincial, explicaron el error conceptual del Gobierno nacional sobre el cobro de distintos conceptos con la boleta de luz. El propio Katopodis los señaló y cursó un pedido a la Fiscalía de Estado para que tome cartas en el asunto a la par que se asesora a municipios y cooperativas para contestar las demandas que surjan al respecto.