A tres meses de la intervención de la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, representantes gremiales denunciaron la persecución del gobierno, aseguraron que está en marcha un plan de vaciamiento y apuntaron contra los funcionarios que se encuentran a cargo, al tiempo que advirtieron por la parálisis de los tratamientos que deben recibir los afiliados.

La intervención de la obra social Osprera cumplió tres meses hace pocos días y en las últimas horas el conflicto escaló a partir de una serie de denuncias que, según los trabajadores alineados con el secretario General del gremio, José Antonio Voytenco, son infundadas y sin sentido, tal como aseguró la secretaria de Organización del sindicato, Natalia Sánchez Jáuregui, quien dijo a la 750 que está en marcha un plan de vaciamiento y anticipó movilizaciones y protestas.

“Lamentablemente nuestra obra social está intervenida de forma arbitraria, por una denuncia que se le hace a nuestro secretario General sin ningún tipo de prueba, hace 20 días asumió el Consejo Directivo en representación de los trabajadores, tras un proceso largo de intervención judicial, con un juez incompetente de Lomas de Zamora ahora intervienen por una denuncia que hace un secretario de La Plata a nuestro secretario General”, aseguró Sánchez Jáuregui.

En este sentido, apuntan con dureza a Marcelo Petroni, designado interventor por el Ministerio de Salud de la Nación. “Todas las personas a las que hace dos años les ganamos las elecciones hoy son designados en cargos de la intervención y responden al gobierno de Javier Milei”, agregó la secretaria de Organización del sindicato de trabajadores rurales.

De hecho, el nuevo interventor, según denunció UATRE, designó en los últimos días como delegado zonal en la ciudad de Pergamino a Sergio David Ansaloni, hermano del diputado libertario Pablo Ansaloni.

“Lo más grave – alertó Sánchez Jáuregui con preocupación - es que estamos totalmente sin atención para nuestros afiliados, se ha cortado la insulina, la atención oncológica, todo tipo de tratamientos”.

Según describió, “los afiliados mandan telegramas (en reclamo) porque ya no hay respuestas a los pedidos por tratamientos. Afrontar tratamientos que son permanentes o por enfermedades crónicas es imposible en un contexto donde los sueldos están bajos”, dijo, la tiempo que aseguró que la intervención fue dispuesta “de forma arbitraria”.

“Reclamamos pacíficamente y ahora nos denuncian por supeustas amenazas. Nosotros lo que queremos es que nuestros afiliados tengan acceso a la salud, ellos y sus familias. Y queremos que se terminen estas mentiras. Lo que más nos alertó es que pusieran en venta toda la flota de vehículos del país, de remate. Hay un vaciamiento en marcha y vamos a salir a defender la salud de los trabajadores”, sintetizó.

Denuncias y críticas

Meses atrás, Página/12 se hizo eco de un informe de Telenueve Investiga que revelaba los presuntos desmanejos en el sindicato de peones rurales y de la obra social, y apuntaba directamente contra Voytenco. 

Según el informe presentado, se detectaron irregularidades en la extracción de dinero de la obra social sin rendición de cuentas por 1900 millones de pesos y se dieron beneficios a las droguerías ligadas a la familia Menem. 

Ambas denuncias salpican al sindicalista del gremio peor pago del país, quien además se está construyendo una casa de 700.000 dólares, adquirió relojes de lujo y viaja periódicamente en aviones privados. 

La investigación por presunta corrupción sostiene que Voytenco y Ansaloni realizaron una maniobra fraudulenta para extraer recursos de plazos fijos de Osprera sin respaldarlos con la rendición de cuentas correspondiente

Además, se demostró que han sido selectivos a la hora del pago a los proveedores, dado que si bien la obra social no entrega medicamentos, sólo abonaron las facturas de las droguerías vinculados a los primos Eduardo “Lule” Menem, asesor del Gobierno, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Voytenco ha dado otra muestra de amabilidad con Casa Rosada al incorporar a Osprera a tres personas propuestas por el Gobierno, entre ellas el extitular del PAMI, Sergio Casinotti.