![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2019-12/diego-rubinzal.png?itok=kA1JgIXA)
La calidad de vida de los adultos mayores tuvo una notable mejoría en la etapa kirchnerista. Las políticas implementadas revirtieron los reducidos niveles de cobertura y haberes. Los mayores perjudicados por las reformas previsionales noventistas fueron los sectores vulnerables. Los investigadores Eduardo Fajnzylber y Germán Herrera señalan en Reformando las reformas previsionales: en la Argentina y en Chile que la tasa de cobertura del quintil más pobre cayó del 63 por ciento en 1992 al 38 por ciento en 2003.
La moratoria previsional implementada en el kirchnerismo marcó un punto de inflexión: la cobertura creció del 68,3 por ciento en 2003 al 97 por ciento en 2015. La ampliación del universo beneficiario fue acompañada con un incremento en términos reales de jubilaciones y pensiones. En una primera etapa, el gobierno priorizó la recuperación de los haberes más retrasados. Los haberes correspondientes a la jubilación/pensión mínima crecieron 360 por ciento –muy superior a cualquier índice de inflación–, entre 2002 y 2008.
El conjunto de medidas adoptadas convirtió al sistema de seguridad social en un potente redistribuidor de ingresos a los sectores y regiones más vulnerables. Los entonces funcionarios del Ministerio de Trabajo Emilia Roca, Eduardo Lépore, Federico Hoffmann y Ana Camila Chicon explicaban en El alcance de la seguridad social entre los años 2003 y 2012: ¿Otra equidad jurisdiccional para un nuevo federalismo fiscal? que “las provincias que percibieron los mayores aumentos en su cantidad de beneficiarios fueron las de Formosa (casi que quintuplicó), Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Neuquén, Corrientes, con crecimientos superiores al 140 por ciento. Si se observan las transferencias monetarias, se destacan los incrementos de las provincias de Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Chaco, con crecimientos mayores al 1667 por ciento”.
El siguiente paso fue la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. En ese momento, el eje del debate legislativo fue el diseño de la fórmula de movilidad. La mayoría de los bloques opositores denunció que era inentendible, poco transparente y una estafa para los jubilados. Por ejemplo, el senador socialista Rubén Giustiniani sostuvo que “el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es la combinación más transparente y confiable para la evolución de las jubilaciones y pensiones y que no hay necesidad de ninguna fórmula de ninguna naturaleza. Movilidad igual a Ripte. Creo que sería lo más claro y transparente para dar una respuesta a la situación”.
La historia demostró que: 1) la fórmula de actualización propuesta por el kirchnerismo fue más favorable que las alternativas enunciadas por los bloques opositores (Ripte o Índice de Salarios); 2) la mejora en los haberes fue muy superior a la inflación (comparada con cualquier índice) excepto en 2014 y 2016.
La jubilación mínima escaló de 690 pesos en marzo de 2009 a 7246 pesos en septiembre de 2017, un incremento del 950 por ciento. En el mismo período la inflación fue del 692 por ciento, tomando las mediciones de las consultoras privadas, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y del Indec. El cambio en la fórmula propuesto por el macrismo apunta en sentido contrario. El nivel actual de las prestaciones sociales sería 24,5 por ciento inferior si la actualización se hubiera realizado, entre 2009 y 2017, con el criterio propuesto por el gobierno nacional.
@diegorubinzal
