Uno de los términos más usados por la mayoría de los analistas para definir a la actual política económica es “gradualismo”. La expresión puede parecer extraña cuando la economía experimenta un verdadero cambio de régimen, un shock económico. Sin embargo, resulta de interés repensar la definición desde la perspectiva de quienes la formulan.

La Alianza Cambiemos se propone, como lo hizo la última dictadura cívico-militar y el menemismo, una transformación de largo plazo en las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. En las dos primeras experiencias, la insustentabilidad de los modelos puestos en marcha evitó la consecución de los objetivos de máxima, pero las semillas quedaron latentes, desde la reforma financiera de Martínez de Hoz a las privatizaciones de Carlos Menem, sin olvidar los valores sociales inoculados durante los dos períodos. Se trata de transformaciones que pueden definirse, por aproximación, como la búsqueda de un proceso de “latinoamericanización” de la economía local. El objetivo es reducir la participación en el ingreso de los trabajadores de ingresos medios y altos, una situación contraria a la que caracterizó a la Argentina en las etapas de auge de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones. El resultado global de la redistribución perseguida es, al final del camino, la caída de la participación de los salarios en el ingreso y, con ello, del poder de negociación de los trabajadores y del peso real de sus sindicatos en el mundo del trabajo.

Los requisitos básicos para avanzar en este camino son dos. El primero es la descomplejización de la estructura productiva. Una muestra de que tal cosa ya sucede desde diciembre de 2015 se encuentra en que el empleo industrial cae mes a mes. Decisiones como la apertura importadora y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, del que jamás se explicaron los beneficios presuntos, refuerzan el proceso. De modo sintético el objetivo es lograr que la base productiva se concentre en el agro y sus manufacturas derivadas y en las commodities industriales, como los productos de las industrias metálicas básicas. Es el mundo gobernado, en la esfera del capital, por las grandes firmas exportadoras del agro, las biotecnológicas, por empresas como Arcor, Techint o Aluar, asociadas a su vez con el “gran conductor” del capitalismo contemporáneo, las finanzas globales. Estas firmas trabajan en conjunto y en comunidad de objetivos con el millar de multinacionales que conducen de hecho la economía mundial. El dato central es que en el presente no existen tensiones intracapitalistas sobre la definición del modelo económico. El objetivo es claro, un mundo que ofrezca la menor resistencia posible a la libre circulación de capitales y de mercancías y en el que los países periféricos no cuestionen su lugar en la división internacional del trabajo y acepten un modelo de desarrollo dependiente.

El segundo requisito es el cambio de las reglas que definen el mundo del trabajo, que ya en la segunda etapa del actual gobierno, se expresará en la reforma laboral. Su objetivo no es otro que el de la vieja flexibilización, cuya última aparición fue en el año 2000 con la tristemente célebre Ley Banelco. El proyecto no puede considerarse separado de las reformas previsional y fiscal. La reforma previsional significa, vía el cambio en la fórmula de actualización, una potente transferencia presupuestaria desde los jubilados a otros usos, entre ellos al fondo del conurbano bonaerense, un recurso que se considera clave para una eventual reelección de la fuerza gobernante. Al mismo tiempo, la reforma laboral eliminará los aportes patronales a los salarios hasta un tope en principio de 12.000 pesos. Es decir, se desfinanciará a la Anses, un círculo vicioso para trabajadores pasivos y destinatarios de ayuda social, además de un agujero en las cuentas públicas. La medida presenta un segundo resultado tácito, impondrá un tope salarial, ya que superar la barrera liberada de aportes significará un alto costo para el empleador: comenzar a pagar aportes. La opción sería pagar un plus en negro, lo que se supone la nueva legislación busca combatir.

En sus propios términos, entonces, el gobierno avanza con “gradualismo” hacia un nuevo régimen económico cuyo objetivo es reducir la participación del salario en la distribución funcional del ingreso. El capital, que ahora gobierna sin mayores mediaciones políticas, aprendió de sus errores y sabe que el avance que se propone debe compatibilizarse con la resistencia social a la que podría generar. La complejización preexistente de la estructura productiva también complejizó la estructura de clases asociada, clases que, a priori, no serían tan fáciles de doblegar. Sin embargo, todo sería posible con el gradualismo suficiente. El economista sraffiano Fabio Petri, profesor de la Universidad de Siena, explica los procesos de pérdida de ingresos de los trabajadores con el siguiente ejemplo: “imagínese irónicamente –decía– que una clase de invasores imponen a toda la población el estilo de vida de las personas sin hogar. Sucederá que la gran mayoría no estará dispuesta a reducir su estilo de vida. Si para un desamparado sin hogar su estado es el resultado de un lento proceso de degradación, para la gente normal una fuerte caída en el nivel de vida es simplemente insoportable”. Nótese que lo que media entre la situación del desamparado y la “gente normal” es el tiempo transcurrido. Si Cambiemos consigue tiempo, si no trata de cambiar las condiciones de vida de los trabajadores de un día para otro, podría lograr el objetivo de cambiar el patrón de distribución del ingreso heredado de los regímenes nacional–populares. En caso contrario podría ocurrir la segunda consideración de Petri: “hay un nivel de consumo por debajo del cual no vale la pena vivir, y por defenderse de caer en él vale la pena poner en peligro la vida”. Hoy parece mucho, pero el desenlace de la puja distributiva siempre es incierto.

Dado este componente de incertidumbre la Alianza gobernante decidió enviar señales claras a sus contrincantes. No sólo regulará la velocidad de las transformaciones para que la población se acostumbre al cambio, sino que no escatimará el uso del Poder Judicial para los dirigentes opositores y de las fuerzas de seguridad para los manifestantes. También demostró que, si las circunstancias lo demandan, profundizará en el viejo método de la creación de un enemigo interno, experimento que, casi sin empezar, ya se cobró dos vidas.