Miguela Varela es licenciada en ciencia política y relaciones internacionales, presidenta del Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar (CECOPAF) y, actualmente, directora de Desarrollo de Entramados Productivos Regionales del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Tener, al mismo tiempo, un pie en el Estado y otro en las organizaciones le permite contar con una mirada abarcativa de las problemáticas que enfrenta la economía social.

Además de los problemas de financiamiento y acceso a crédito, explica Varela, las organizaciones de la economía social enfrentan serios problemas de infraestructura que les impide avanzar en los procesos de producción, acopio, distribución y comercialización directa de alimentos. Primero desde el ámbito nacional, durante el gobierno de Alberto Fernández, y hoy desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, esta activista de la economía social impulsa el apoyo concreto con infraestructura para las cooperativas, organizaciones y pequeños productores de la economía social y la agricultura familiar e intenta, además, dar la disputa cultural para “instalar la idea de que la infraestructura se ponga también al servicio de las economías regionales y las pequeñas producciones locales”.

--¿Cómo nace el trabajo que realizan desde la Dirección de Desarrollo para Entramados Productivos Regionales de la Provincia de Buenos Aires?

--Se inició en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, durante la gestión de Gabriel Katopodis, entre el 2019 y el 2023. Desde el programa de Infraestructura para Entramados Productivos de Nación habíamos avanzado en la construcción de espacios para la producción autogestiva de alimentos en escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires y pusimos en funcionamiento espacios de comercialización directa de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria, que llamábamos “Desarrollo de Pequeños Nodos Solidarios de Alimentos” (DESPENSAS).

A partir de aquella experiencia, hoy acompañamos la gestión actual de Katopodis como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la Dirección provincial es construir un área que aporte infraestructura para el fortalecimiento de los entramados productivos y el desarrollo de las economías locales, en los procesos de producción y trabajo autogestivo y en vínculo con los gobiernos locales. Concretamente, promovemos un esquema de gestión asociada donde el Estado provee infraestructura para obra pública con impacto en los municipios y, como contrapartida, esas obras y espacios físicos son administrados por organizaciones de la sociedad civil.

--¿Qué objetivos se plantearon desde la Dirección?

--El objetivo principal es fortalecer la infraestructura para los entramados productivos y procesos vinculados a la producción y al trabajo autogestivo, de los bienes básicos que necesitamos para vivir. Es un ámbito al que no suelen llegar las obras de infraestructuras. La infraestructura tradicional tiene que ver más con los caminos, los accesos, el cordón-cuneta, agua y saneamiento. Pero las producciones locales hoy necesitan infraestructura que no pueden financiar desde procesos autogestivos ni cuentan con financiamiento de los gobiernos locales. Allí hay un vacío, que intentamos llenar con este trabajo en infraestructura, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.

--¿Cuáles son los principales impactos que lograron desde esta iniciativa?

--En los proyectos participan el Municipio, el Ministerio de Obras Públicas con financiamiento y quienes aportan el trabajo y la producción: organizaciones sociales de la producción, de la agricultura familiar, de la economía social y del cooperativismo. Esto dispara un proceso con rasgo local, que tiene impacto regional o microregional en el caso de la provincia de Buenos Aires. Nuestro aporte fortalece las cadenas de valor vinculadas a los bienes y servicios para reproducir la vida cotidiana de las personas. Nos enfocamos en procesos vinculados a los alimentos y la cadena de valor agroalimentaria -aunque también, al tratamiento de residuos o espacios para construir insumos para la vivienda-, relacionada con el fortalecimiento de la producción primaria, el agregado de valor, el acopio y la distribución, el esquema logístico y la comercialización directa. Para hacer obra pública se necesita, en primer lugar, contar con terreno público; establecer alianzas entre las organizaciones y el gobierno local y, finalmente, un proceso consolidado de acompañamiento por parte del municipio, que se materialice en habilitaciones e incentivo a la comercialización y a la producción.

--¿En qué consiste el programa Abastecer Buenos Aires, que están desarrollando en paralelo a los de infraestructura?

--El programa lo trabajamos en forma conjunta desde el Ministerio de infraestructura, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el fideicomiso Fuerza Solidaria. Abastecer Buenos Aires crea una línea de galpones de acopio y distribución de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria para formar un anillo logístico que conecte las distintas regiones de la provincia y de un salto hacia delante en la comercialización y producción de las economías regionales. Desde ese esquema, nosotros aportamos la inversión para la infraestructura, Desarrollo de la Comunidad aporta el financiamiento para equipamiento y maquinaria para los lugares de acopio y distribución, y Fuerza Solidaria aporta un esquema de financiamiento directo que permite hacer las compras iniciales de alimentos y poner en funcionamiento los espacios.

--¿Cómo impacta la coyuntura económica nacional en el financiamiento de estas iniciativas?

--Es un momento difícil. El presupuesto para las obras de entramados productivos no estaba planificado, incluso pensando en términos de continuidad de lo que veníamos haciendo en el ámbito nacional. Pero este es el contexto que nos toca y llegaremos con lo posible. Este año, además, tuvimos que trabajar con el presupuesto aprobado del año pasado, aunque tratamos de poner en valor las obras que habían quedado paradas. Dado que la gestión del Ministerio estuvo muy abocada a eso, en 2025 iniciaremos obras y proyectos nuevos. Pero lo cierto es que estamos acostumbrados a trabajar con pocas herramientas y limitaciones presupuestarias. Además de los procesos de obra, tenemos que llevar adelante y, al mismo tiempo, disputar el sentido de la infraestructura.

--¿Qué forma debería tomar esa disputa? ¿Con quiénes se da la disputa?

--La infraestructura debe ponerse al servicio de las economías regionales, de las pequeñas producciones locales; eso no se está discutiendo en profundidad. Esta disputa debe darse en los espacios de decisión. Lo hicimos en el ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación; ahora intentamos consolidar el debate en la provincia, aunque también intentamos instalar la discusión en las áreas de obras públicas de los gobiernos locales, históricamente enfocadas en necesidades tradicionales. En esta etapa, debemos promover otra mirada, desde la cual construir el Plan de Infraestructura para la Soberanía Alimentaria. Concretamos encuentros con diferentes municipios para charlar sobre las necesidades en materia de infraestructura específica para alimentos. No lograremos una discusión fructífera sobre los precios de los alimentos si no lo abordamos desde las necesidades estructurales. Durante 2024 llevamos a cabo un trabajo sostenido que se cerró con un encuentro en la localidad de Ensenada. A partir de esa labor, estamos terminando el borrador de un plan de infraestructura para fortalecer la producción de alimentos de las pequeñas producciones. Este proyecto supone involucrar a todas las áreas de obras públicas de los Municipios, así como al Ministerio de Infraestructura y a otros ministerios de la provincia. Para superar la mirada asistencialista, necesitamos que se involucren otros espacios.

--¿Cuáles son los resultados más destacables que surgen de ese Plan?

--Las necesidades más importantes tienen que ver con los espacios de agregado de valor y el acceso a la tierra, sobre todo para la producción primaria. Los espacios de agregado de valor son, fundamentalmente, salas de producción de alimentos: una planta láctea para agregarle valor a la leche, una sala de extracción de miel, un espacio de horticultura para la producción de conservas, dulces, etc. El acceso a la tierra es central. Sin tierra para los que hacen producción primaria, no tendremos a qué agregar valor. Los principales objetivos son crear los espacios de acopio y distribución, aportar en logística y sostenibilidad de los mercados de cercanía para la comercialización.

--A partir de su experiencia en gestión desde la Federación de Alimentos Cooperativos, ¿cuáles cree que son los desafíos de la economía social y la agricultura familiar hoy?

--Venimos arrastrando muchos problemas estructurales, que se suman a dificultades coyunturales, como la actual recesión económica. Las organizaciones vinculadas al cooperativismo y a la agricultura familiar lo sentimos mucho. A esto se suman deficiencias históricas, como la infraestructura y el financiamiento. Concretamente, las organizaciones aún no podemos ser sujetos de crédito y no accedemos a la tecnología ni a infraestructura. Son dificultades que arrastramos desde hace décadas.

--¿Cómo se pueden abordar estas deficiencias estructurales de las organizaciones?

--Falta una mirada política sectorial de la agricultura familiar y la economía social. A las organizaciones nos cuesta abordar las necesidades que tenemos de forma unificada para involucrar a los dirigentes políticos en estos temas. Nos falta construir esa militancia política del sector; tenemos claras las necesidades, pero faltan canales de transmisión propios para instalar estas problemáticas. Es un desafío histórico fundamental.