El Gobierno insiste con la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo que había incluido en un capítulo del DNU N°70, pero que la Justicia suspendió. Esta vez, la presenta como proyecto en la Cámara de Diputados bajo el título “Promoción de Inversiones y Empleo”. El nombre de la iniciativa es una operación de marketing. Se pretende persuadir a la sociedad de que empeorar las condiciones de trabajo va a generar más empleo registrado y atraer inversiones para que repunte la economía.

La propuesta libertaria no es novedosa ni es propia. Fue tomada del libro blanco de la UIA y ya el gobierno de Macri intentó aprobarla en el Congreso. Se trata de reclamos históricos del empresariado argentino, que pueden remontarse hasta mediados del siglo pasado. Muchas de las ideas incluidas en el proyecto ya fueron implementadas y sus resultados estuvieron lejos de los que promete el gobierno. Por ejemplo, durante los gobiernos de Menem y De la Rúa se sancionaron regímenes laborales que modificaron la legislación en la misma dirección que el proyecto de LLA.

Las experiencias de este tipo de políticas son la prueba de que sus resultados no son los prometidos por el gobierno. Por el contrario, a fines de los '90 y principios de este siglo, el desempleo y el trabajo no registrado crecieron a pesar del avance de la “flexibilidad” laboral. Lo mismo puede decirse de los incentivos a las empresas, en especial a las pymes, para la creación de trabajo registrado. El gobierno insiste con esta estrategia que ya fue practicada por todas las administraciones desde la década del '90. En todos los casos, el efecto sobre el mercado de trabajo fue nulo. El empleo no registrado no desciende ni deja de ser un problema casi exclusivo de las pymes.

A esta altura no resulta verosímil que alguien crea que los problemas laborales de la Argentina se solucionan con medidas de este tipo. No hay ninguna evidencia en el mundo de que este tipo de política laboral, por sí misma, genere empleo de calidad. Estamos entonces en presencia de un proyecto cuyos objetivos son distintos a los que declaman sus promotores. La UIA y Milei no están preocupados por generar empleo, eliminar el empleo en negro ni por la suerte de las pymes. Su preocupación está en la reducción de costos laborales para las grandes empresas que contratan trabajadores en blanco.

Costos laborales

El corazón de la reforma apunta a desmantelar regulaciones que dispone la Ley de Contrato de Trabajo. Recordemos que esta ley sólo abarca una porción de trabajadores, aquellos que están en relación de dependencia, registrados, en empresas privadas del sector no agrario. Este sector constituye alrededor de un cuarto del mercado laboral y se concentra en grandes empresas. Es a ellas a quienes busca beneficiar la ley.

Las reformas que ya implementó Milei con la Ley Bases y las que pretende imponer ahora buscan igualar las condiciones de este sector de trabajadores con aquellos que están en peores condiciones. Pero esta igualación no es para arriba.

No se busca mejorar las condiciones laborales del resto de los trabajadores, sino empeorar las de estos “privilegiados” para que se acerquen a las de los trabajadores más desafortunados, que no cuentan con regulaciones laborales que los protejan.

La desregulación del mercado laboral colocaría a todos los trabajadores en la situación de quienes hoy están en la informalidad o de quienes se encuentran en una relación de dependencia encubierta, como buena parte de los monotributistas. La política libertaria es la del igualitarismo bestial: no aspira a una igualdad en la que se nivele para arriba, sino una en la que todos los trabajadores sufran condiciones de mayor explotación.

*Investigadora, docente de la UBA, integrante del CEICS.