“Se asume que hay países, como los de la Unión Europea o Estados Unidos, que por sus estándares darían cumplimiento a lo exigido por el Código Alimentario Argentino, y esto no es así”, asegura Javier Rodríguez. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense se para de esa manera ante uno de los últimos decretos desregulatorios del Gobierno nacional porque, a su juicio, puede atentar contra la salud de los argentinos.

Su postura es totalmente antagónica al decreto 35/2025 que apunta a facilitar la importación y exportación de alimentos y bebidas. Sucede que, para implementarlo, licuan el rol del código que rige las condiciones sanitarias y bromatológicas para la fabricación de alimentos en el país. 

Como se suele decir, dato mata relato. Así, Rodríguez pone como ejemplo los requisitos que determinan que un alimento sea rotulado como libre de gluten en nuestor país. En diálogo con Buenos Aires/12, explica que el Código Alimentario Argentino establece un límite máximo de 10 miligramos por kilo, mientas que en la Unión Europea o Estados Unidos, ese contenido asciende a 20 miligramos por kilo. Esto conlleva a que ingresarán alimentos importados, identificados como libres de gluten, que no cumplirán con los estándares nacionales exigidos en la legislación nacional.

Además, señala Rodríguez, se agrega otro efecto negativo de la norma: un golpe a la industria nacional. Y el ejemplo del gluten también sirve para graficarlo. Si una fabrica bonaerense produce un alimento con 15 miligramos de gluten por kilo, no podrá rotularlo como libre de gluten pero si el producto es importado, podrá hacerlo, dada la condición de sus propias regulaciones que difieren con las argentinas.

“Entonces, por la nueva regla, hay productos que no se producen acá, pero que sí se podrían traer de afuera, lo que muestra un doble estándar sanitario”, detalla el ministro. “Esto beneficia a las empresas extranjeras, por lo que el gobierno de Javier Milei actúa a favor del trabajo del extranjero y en detrimento de la producción nacional”, advierte Rodríguez.

Cuestión de códigos

“Se establece que alimentos con certificación en países de alta vigilancia podrán entrar sin restricciones al país y serán automáticamente incorporados al Código Alimentario Argentino, eliminando las obligaciones de registrar y autorizar: muestras, productos, establecimientos, depósitos, utensilios y envases”, celebró el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en su red X en relación a la medida.

Sucede que este código, creado por la Ley 18.284, establece “las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial” bajo la industria alimenticia nacional debe producir alimentos y bebidas. En paralelo, hasta el decreto firmado por Milei, le marcaba la cancha a las importaciones.

Por ende, a juicio de Rodríguez, esta medida impacta severamente en los productores bonaerenses. Relata que los productores de tomate denuncian que tienen, hoy en día, un mal precio de sus productos y eso sucede porque "el crecimiento de las importaciones actúa en detrimento de esta situación”, remarca el ministro.

Explica que el importador suele ser el propio comercio final, como un supermercado. “Por eso, la importación le sirve a ese eslabón de la cadena para pagarle menos al productor local y muy poco a nada se vuelca en un costo final más bajo que es a lo que el Gobierno nacional dice apuntar”, subraya.

Como condimento final, el ministro sostiene que no hay claridad sobre las facilidades para exportar alimentos. "Paradójicamente, queda en una generalidad y no en algo plasmado en concreto. Mientras que para las importaciones los efectos son claros y precisos en la normativa, en lo que respecta a las exportaciones es una generalidad", resalta.

Un contexto que atrasa

La publicación de Sturzenegger es del 20 de enero de este año, pero, explica Rodríguez, los golpes a los productores locales a raíz de la apertura de importaciones vienen desde 2024. El ministro explica que, desde diciembre de 2023, la actividad económica se contrajo durante tres trimestres consecutivos, experimentó una caída del 3 por ciento del PBI y un derrumbe del 23 por ciento en materia de inversiones.

Por ende, señala, los primeros nueves meses de 2024 mostraron un bajo caudal de importaciones. Sin embargo, desde septiembre las importaciones de bienes de consumo cambiaron significativamente su tendencia y se incrementaron un 10 por ciento interanual mes a mes. En diciembre, el crecimiento trepó hasta el 53 por ciento.

En este sentido, mientras que como consecuencia de la recesión económica las importaciones anuales de los bienes de capital, bienes intermedios insumos y bienes de consumo cerraron a la baja, en el caso de alimentos y bebidas básicos para el hogar, se registró un incremento interanual acumulado del 6,2 por ciento en el 2024 y del 80,6 solo en el mes de diciembre 2024. Este contexto, ejemplifica, trajo complicaciones a los productores de tomates y limones. 

Además, hubo otras decisiones de Milei que alteraron la ecuación de la industria nacional de manera negativa. Con la modificación del Código Aduanero a través del DNU 70/2023, ya no resulta posible, salvo por ley, establecer mecanismos que limiten la importación de productos que compitan con su producción nacional.

Con esta nueva medida, se reducen las competencias del Estado para controlar y garantizar no sólo los aspectos legales. Sobre todo, se compromete su rol sobre los aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos, bebidas y productos relacionados que se importan, solo porque los mismos proceden de un determinado grupo de países.

Ese grupo está compuesto por Australia, Canadá, Suiza, la Unión Europea y sus Estados parte, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Israel, Japón, Reino Unido y otros países “con los que rijan Tratados de Integración Económica o Acuerdos de Reciprocidad en materia higiénico-sanitarias”. Es decir que las exigencias del Código Alimentario se considerarán satisfechas en el caso de importaciones de productos alimenticios y/o envases que provengan de alguno de estos países.

La dinámica que relata el titular de la cartera agraria resulta una amenaza para el sector de alimentos que, según los registros del ministerio, tiene un total de 14.159 empresas y emplea a un total de 411.458 asalariados. “Si bien en el corto plazo se puede esperar una caída en los precios internos de los productos importados, en el mediano plazo, esto implicará cierre de empresas, menos empleo, caída de salarios y menor consumo interno”, apuntaron.