La militarización de la Patagonia, el hostigamiento al pueblo mapuche, el asesinato del joven Rafael Nahuel, la muerte aún no aclarada de Santiago Maldonado donde la responsabilidad de Gendarmería aparece ineludible, constituyen hechos de tal gravedad que colocan al país al borde del abismo. Las declaraciones de altas autoridades nacionales que impulsan la inversión de la carga de la prueba sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, afirmando que a priori su accionar resulta conforme a derecho, aunque aparezcan muertos con tiros por la espalda, pervierte el orden jurídico. La posibilidad que se le otorga a las fuerzas de seguridad de actuar más allá de las órdenes judiciales, prepara el camino para el desborde represivo. Así va desapareciendo el Estado de Derecho dejando lugar al libre arbitrio del Poder Ejecutivo quien actúa en representación del capital más concentrado y así, las fuerzas del "orden" matan sin miramientos.
Como justificación el gobierno y el poder mediático construyen el "enemigo interno", los cuales según el momento son los partidos opositores, las organizaciones sociales, los sindicatos no domesticados, los Mapuches, la RAM, etc. Para reprimirlos tiene siempre a mano jueces amigos, venales y adictos al poder y fuerzas represivas prestas a llevar adelante las órdenes e ir más allá y unos discursos racistas, xenófobos, discriminadores, plagados de vaguedades y falsedades.
El gobierno argentino no ha dudado en ponerse al margen del sistema interamericano de derechos humanos en el caso de Milagro Sala, amparado por una Corte Suprema que ha resuelto que los fallos de Tribunales Internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son aplicables si esa Corte Suprema resolvió en sentido distinto (caso "Fontevecchia"). Por ello ha desoído las resoluciones de la ONU, de la Comisión Interamericana de DDHH y de la Corte. Parecería que el gobierno ha iniciado una etapa de "desengancharse" del sistema americano de DDHH, para poder gobernar de espalda a los Tratados y Convenciones ratificados por el país y elevados a rango constitucional y/o supralegal por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
En otras áreas como los derechos de los trabajadores, jubilados, pensionados también ha iniciado un camino contrario a dichos tratados y a mandas constitucionales.
La reducción arbitraria de derechos de los trabajadores a través del proyecto de ley presentado en el Senado, se vulnera el principio "protectorio" de los trabajadores contenido en el art. 14 bis de la C.N. que afirma que el "trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes" y el "Principio de Progresividad" contenido en el Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y Art. 11.1 del "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" (PIDESC).
En igual sentido la reforma previsional que disminuye los haberes jubilatorios, conforme lo han planteado incluso abogados simpatizantes del oficialismo, lo cual va a tener como consecuencia, al igual que la reforma laboral, una catarata de juicios por inconstitucionalidad.
El desguace del estado durante sucesivos gobiernos, se ha expresado nuevamente en tragedia con la desaparición hasta el momento del Submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. La ausencia de una política seria de defensa, y la falta de inversión y de controles han cobrado nuevas víctimas. La desinformación a los familiares y a la sociedad en este tema intenta descargar responsabilidades en otras gestiones y ocultar las propias responsabilidades en la materia.
La descripción expuesta, lleva al CEIDH a llamar la atención sobre la vulneración sistemática del los Derechos Humanos fundamentales que se está viviendo en Argentina y deslizamiento hacia la desaparición del Estado de Derecho.
Ello nos lleva a renovar nuestros esfuerzos para denunciar los incumplimientos por parte del Estado y de luchar en el marco de nuestras incumbencias por garantizar su vigencia.
