La Armada Argentina planea trasladar su Archivo General (AGA). Para aligerar la mudanza, la comandancia de la Marina autorizó a destruir y triturar documentación. La decisión causó conmoción entre quienes intervienen en las causas de lesa humanidad e incluso entre los gremios de trabajadores estatales. Hubo presentaciones en distintas jurisdicciones en las que se investigan los delitos cometidos por los “caballeros del mar”. Un fiscal general pidió que la justicia federal de Bahía Blanca frene la mudanza. La jueza María Eugenia Capuchetti entendió que el tema era lo suficientemente grave como analizarlo durante la feria después de recibir los pedidos de los querellantes en la causa que se centra en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La legisladora Victoria Montenegro, por su parte, ya informó de la situación a distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.

A través de un mensaje naval reservado, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. Los pormenores de la decisión son todavía una incógnita. En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.

Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.

Hay varias jurisdicciones en las que se investiga el accionar criminal de la Armada durante los años del terrorismo de Estado: en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Martín, particularmente.

En Bahía Blanca, el fiscal general Miguel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento presentaron este jueves un pedido para que el juez Walter López da Silva dicte una medida cautelar de no innovar. Ambos señalaban que el traslado y la autorización para destruir información constituyen una violación flagrante a los derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional, las leyes y los tratados internacionales.

Además, resaltaron que la documentación almacenada en el AGA es de utilidad para las causas en trámite en todo el país y su desaparición podría poner en riesgo la posibilidad de iniciar nuevas causas judiciales. “Corresponde a esta fiscalía y, por consiguiente a este magistrado, velar por la debida conservación de dicho material probatorio”, destacaron.

Palazzani y Fermento invocaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y pronunciamientos de la Cámara Federal de Casación Penal, en particular de Alejandro Slokar, que es quien coordina la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de ese tribunal. Recordaron, además, que el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli en un informe señaló que la conservación de registros y sitios históricos debe guiarse por la transparencia. “Colisiona de lleno con el carácter reservado del Mensaje Naval al que alude la nota acompañada en copia, en los que se habilita el traslado y la destrucción del acervo que refiere a la actuación de una de las fuerzas armadas en pleno terrorismo de Estado”, remarcaron.

En la presentación, la fiscalía recordó que en Bahía Blanca hubo un intento por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de destruir archivos de inteligencia. “Solo pudo evitarse a través de la pronta intervención de la justicia y la adopción de medidas de preservación como las que aquí se solicitan”, puntualizaron.

Causa ESMA

El abogado querellante Pablo Llonto fue el primero en advertirles a los tribunales que estaba en marcha la mudanza del AGA. Se sumaron presentaciones hechas por la abogada Flavia Fernández Brozzi, por la querella Kaos, y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo de derechos humanos señaló, por ejemplo, que el trabajo que hicieron los expertos civiles que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) –que Luis Petri despidió en marzo pasado– en el AGA fue fundamental para acusar a los pilotos de los vuelos de la muerte en el juicio que terminó en noviembre de 2017.

La jueza Capuchetti –que está a cargo del Juzgado Federal 12 durante esta parte del receso de verano– habilitó la feria, lo que implica un reconocimiento de la gravedad de la situación. La magistrada les pidió a la fiscalía y a las querellas que se pronuncien acerca del temperamento a adoptar. En las próximas horas habrá más presentaciones. La abogada Myriam Bregman le dijo a este diario que estaba por entregar un escrito para pedir que se impida la destrucción de la información.

Es posible que la definición quede para la semana próxima. Para entonces, ya debería reincorporarse Ariel Lijo, que está a cargo del Juzgado Federal 12. Lijo es el candidato del gobierno para la Corte Suprema, pero hace dos semanas le generó un fuerte dolor de cabeza al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, al encomendarle que mantenga abiertos y en funcionamiento los sitios de memoria –que vienen siendo sacudidos por los despidos de sus trabajadores y el desfinanciamiento.

Denuncias nacionales e internacionales

La resolución de Lijo fue en respuesta a una presentación que había formulado Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. En las últimas horas, la legisladora envió notificaciones a las relatorías de Verdad, Justicia y Reparación y de Ejecuciones Extrajudiciales así como al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Allí puso en conocimiento de los expertos internacionales la decisión de la Armada de destruir material.

“Esta medida resulta sumamente preocupante considerando que no existe un control judicial del material que será depurado y triturado y se realiza sin la participación de la sociedad civil afectando gravemente las investigaciones de crímenes de lesa humanidad en curso y que puedan realizarse a futuro y el derecho a la verdad. Tampoco se dispuso la participación de expertas/os en la temática para la selección y no se cuenta ya con el personal calificado que integraba los ahora prácticamente desmantelados Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos de las Fuerzas Armadas”, alertó Montenegro.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidió explicaciones a Petri y a las autoridades de la Armada. “No podemos menos que cuestionar no solo los criterios de selección documental, sino también a cargo de quienes queda la tarea de depurar y triturar, no sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre las aberraciones cometidas y garantizar la impunidad a sus perpetradores”, dice la nota firmada por su secretario general, Rodolfo Aguiar.