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El movimiento Son Niñas, No Madres surge en 2016, para garantizar los derechos reproductivos de niñas en América Latina y el Caribe. Esta semana, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respondió a las demandas presentadas en 2019 por dicho movimiento y anunció que los Estados de Ecuador y Nicaragua fueran condenados por la violación a los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó el acceso a la interrupción del embarazo.
Son Niñas No Madres posee una plataforma de comunicación y sensibilización para que todas las personas puedan conocer las estadísticas de la región y saber que hay niñas convirtiéndose en madres. Y además, para convertir la indignación en acción, protegerlas y construir un mundo en el cual puedan crecer libres de violencia. Porque cuando se les niega el aborto, las niñas abandonan para siempre su infancia. Carmen Cecilia Martínez, vocera del Movimiento Son Niñas No Madres y directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, sostuvo que esta decisión del Comité marca un hito “que responde de modo contundente a las realidades de miles de niñas de la región y al flagelo de la violencia sexual en toda América Latina y el Caribe”. Por primera vez en su historia el Comité reconoce los casos de tres niñas a las que les negaron el aborto situación “que vulnera su proyecto de vida y por eso establece que los Estados de Ecuador y Nicaragua violaron el derecho a la vida digna. En ese sentido el Comité desarrolla jurisprudencia para que ninguna otra niña tenga que enfrentar un embarazo forzado y exige medidas de no repetición para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo”.
Las historias de Norma, Lucía y Susana
Estas tres niñas atravesaron embarazos producto de violación. Fueron desprotegidas y enfrentaron estigmas, amenazas y violencia obstétrica durante sus embarazos y partos. Los Estados infringieron varios derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la vida digna, afectada por la violencia sexual y la maternidad forzada, tratos crueles, discriminación por restricciones legales al acceso a servicios de salud reproductiva y aborto, y la violación del derecho a buscar, acceder y recibir información sobre opciones para enfrentar el embarazo no deseado. Este 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió la condena por las violaciones a los derechos humanos de las tres, marcando un precedente histórico.
“Las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de cumplimiento obligatorio e instan a los Estados demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo. Además, abren un camino de justicia a miles de niñas en todo el mundo, porque la jurisprudencia internacional de estas decisiones aplica a los 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se lee en el comunicado, donde además se señala expresamente que “negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza los estereotipos de género basados en la función reproductiva de la mujer y constituye una forma de discriminación interseccional basada en el género y la edad”.
Los casos de Nicaragua son los de Lucía y Susana. Lucía fue víctima de violencia sexual desde los 13 años por parte del sacerdote del coro infantil al que asistía. Queda embarazada producto de la violación y aunque manifestó que quería interrumpir ese embarazo no pudo acceder al aborto porque en ese país está totalmente prohibido. Fueron ella y su familia quienes terminan siendo culpabilizados, porque así funcionan los estereotipos de género frente a una figura de poder como es la de un sacerdote. Lucía fue obligada a seguir adelante con el embarazo, a parir y a ejercer una maternidad.
El caso de Susana es el de una niña que empieza a ser víctima de violencia sexual a los 7 años por parte de su abuelo. A los 13 años queda embarazada y se repite la misma historia, no encuentra justicia en Nicaragua, no puede acceder al aborto y es obligada a parir.
El caso de Norma, en Ecuador, es el de una niña que fue agredida sexualmente desde los 12 años por su padre y a los 13 quedó embarazada. A Norma la habían retirado de la casa de su padre por una denuncia previa de su prima en contra de él. Norma estuvo viviendo con su abuela unos años (hasta que ella muere) y la vuelven a llevar con su padre, donde es víctima de violencia sexual. El Estado en este caso es cómplice de lo que le sucede a Norma, que luego de quedar embarazada tuvo varios intentos de suicidio.
¿Qué medidas se tomaron? Las más destacadas tienen que ver con modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva. Emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos, además de ofrecer una reparación integral para las sobrevivientes. Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual. Aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida.
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