La política fiscal del gobierno radica en que el superávit primario debe alcanzar, al menos, para pagar los intereses de la deuda. Esto significa que, a más endeudamiento, como el que se persigue con el FMI, o ante la decisión de reducir impuestos, como ocurrió recientemente con la baja de retenciones al agro o de las alícuotas a la compra de automóviles de lujo, mayor necesidad de recortar el gasto corriente.

Esta lógica se sostiene en un año en el que no se esperan recursos extraordinarios provenientes del blanqueo de capitales, ni del Régimen Especial de Bienes Personales, tampoco de la moratoria fiscal ni del impuesto PAIS. Esos ingresos representaron el 1,5% del PBI en 2024. A su vez, la baja de los precios de las materias primas tendría cierto impacto adicional junto con el estrés hídrico sobre las cosechas.

En respuesta a los reclamos de la Mesa de Enlace y de varios gobernadores cercanos al oficialismo, el Gobierno nacional decidió efectuar una reducción transitoria (hasta fin de junio de este año) de las retenciones para los principales cultivos (como ejemplo, para el poroto de soja disminuyen del 33% al 26%) y eliminarlas de “manera permanente” a las economías regionales. Para acceder a este beneficio, los exportadores del primer grupo deberán liquidar las divisas dentro de los 15 días hábiles a partir de la declaración jurada de venta al exterior.

Según cálculos privados, la caída de los ingresos por esta decisión podría alcanzar hasta 0,38 puntos del PIB, incluso más que todo el superávit financiero que se registró en 2024 (0,30 puntos), producto de un ajuste histórico.

Cabe mencionar que en 2024 el gasto público estuvo 4,4 puntos por debajo del valor de 2023, y se situó en 15% del PIB. Es necesario retroceder hasta finales de la convertibilidad para encontrar valores tan bajos. Un 31,8% de esta disminución está explicada por el gasto social (incluidas las jubilaciones), mientras que el 28,5% se manifiesta en la contracción del gasto de capital y el 13,1% en la reducción de los subsidios económicos.

Más ajuste

El Gobierno nacional obturó durante el año pasado la discusión del proyecto de Presupuesto 2025 ante el pedido de modificación de algunos puntos del texto, que reclamaban varios legisladores en representación de las provincias a las que pertenecen. Las condiciones que el Poder Ejecutivo pretendía para llevarlo al recinto eran que no se modificara en lo más mínimo el texto original, desacreditando el rol fundamental que tiene el Poder Legislativo, que es justamente acordar, debatir y modificar, según las mayorías que se obtengan en los diversos proyectos que se tratan.

A principios del mes de enero, el Ejecutivo emitió una Decisión Administrativa (3/2024) prorrogando por decreto el Presupuesto 2023, en la que se establece la distribución de los créditos y recursos para este año. Tomando el total de ingresos y gastos dispuestos en esta prórroga (según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso) se observa que éstos son mucho más bajos que los que existían en el proyecto de Presupuesto 2025. 

Por ejemplo, mientras los ingresos totales en el proyecto eran de 114 billones de pesos, en la prórroga figuran por sólo 88 billones de pesos. En el caso de los gastos totales, se pasa, respectivamente, de 116 billones de pesos a 92 billones de pesos. Es éste un muy buen ejemplo de lo que significa la no aprobación de la denominada Ley de Leyes por parte del Congreso.

En general, los proyectos de Presupuesto tienen parámetros macroeconómicos que le dan sustento a la estructura fiscal propuesta: se puede acordar o no con dichos parámetros, pero se insertan dentro de una lógica. 

Al prorrogar el de 2023, el Ejecutivo establece una asignación de manera arbitraria, y muy por debajo de lo razonable. De allí que estos valores no pueden ser referenciales, y por lo tanto no sabemos qué hará el Gobierno con los gastos o los ingresos este año. La discrecionalidad dificulta cualquier análisis de lo que nos deparará la situación fiscal en 2025. Pero, sin duda, queda claro que la actual administración se generó el espacio para avanzar en los recortes del gasto que estime necesarios.

Estamos frente a un esquema económico en el que, a través de las decisiones del Gobierno, se transfieren ingresos desde los sectores que menos tienen hacia los acreedores y los segmentos de mayores recursos. Por eso, el límite al ajuste dependerá exclusivamente de la capacidad de resistencia de las personas ajustadas.

*Diputado Nacional Unión por la Patria y Presidente Partido Solidario