El exsecretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, eyectado del gabinete de Javier Milei tras el escándalo que desató el almacenamiento de alimentos que no llegaban a los sectores vulnerables, encontró refugio en el Municipio de San Isidro.

De la Torre, hermano del senador provincial y exintendente de San Miguel, Joaquín, se convirtió en el secretario de Salud de la Comuna que conduce Ramón Lanús, que al menos hasta ahora sigue reportando en las filas del PRO.

El distrito es uno de los que quedó en la mira tras los pases de los jefes comunales de 25 de Mayo, Ramiro Egüen y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a La Libertad Avanza. “Se empezó a teñir de violeta”, deslizaron desde el partido amarillo a este medio cuando las sospechas empezaron a poner la lupa en los dirigentes macristas más afines al mileísmo. 

En San Isidro, la oposición dice que al intendente “no le está quedando mucha opción” y creen que Lanús va a terminar, de la mano de Patricia Bullrich, como un alcalde libertario. Pero la llegada del flamante titular de Salud, que fue corrido y puesto bajo la lupa de la Justicia por su accionar con los alimentos acopiados en Tafí Viejo y en Villa Martelli pone en duda esa posibilidad, aunque no la cierra. Tras una orden del juez Sebastián Casanello, el Gobierno debió poner en marcha un protocolo de distribución de 5 mil toneladas de productos.

Viejos conocedores del modus operandi del expresidente Mauricio Macri, y del distrito sostienen que el expresidente acaba de desempolvar una de sus armas más potentes para detener la fuga que amenaza con dejarlo solo: su influencia judicial.

En el caso de Lanús, que tiene una obsesión con impedir que sus funcionarios reciban dádivas, vale recordar que fue titular de la Agencia Administradora de Buenas del Estado (AABE), entre 2016 y 2019. 

Desde allí firmó la cesión de al menos dieciocho propiedades nacionales a la ciudad, tras la derrota electoral de Macri frente a Alberto Fernández, que motivaron una denuncia conjunta firmada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Unidad Popular-CABA, el Movimiento Popular la Dignidad-MPLD-Capital, la CTA Autónoma Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). 

La causa recayó en el juzgado número 11 de Comodoro Py, entonces a cargo de Claudio Bonadío, ahora de Julián Ercolini, en calidad de subrogante.

Entre amarillo, violeta y celeste

Desde la comuna destacaron a De la Torre “por su amplia experiencia en gestión”, pero también por “sus valores innegociables en defensa de la vida y de la familia”. Es que tanto a Lanús como al flamante funcionario municipal los une, además de la política, su cercanía con los sectores más tradicionales de la religión católica, puntualmente el Opus Dei. 

Otros funcionarios de fuerte militancia católica son el secretario General, Santiago Dondo; el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo y el secretario de Seguridad, Enrique Rodríguez Varela.

Desde el distrito se informó que el médico pediatra tendrá como tareas la modernización del sistema de salud de los tres hospitales municipales, la creación de un nuevo centro de salud mental y una inversión de más de 3 millones de dólares en equipamiento de última tecnología.

Uno de los puntos clave de la convocatoria al gabinete de Ramón Lanús se relaciona con el hecho de que De la Torre pondrá el foco en “defender la vida y la familia”, según la comunicación oficial.

Es un dato no menor dada la conocida postura del exfuncionario de Sandra Pettovello en contra del acceso al aborto y con una activa militancia “celeste”.

Por caso, organizaciones feministas nucleadas en la Campaña por el Derecho al Aborto de Zona Norte aseguraron que en el distrito no se cumple con la Ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo.

Así, junto a concejalas y dirigentes de la oposición, denunciaron que en el Hospital Materno Infantil de San Isidro había presencia de un grupo de religiosas que tomaron intervención ante las mujeres que se acercaban por la práctica de IVE, con el fin de convencerlas de no hacerlo.

Vale recordar que la normativa aprobada a fines de 2020, establece que el profesional de salud que deba intervenir de manera directa tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, con las condiciones que estipula la ley. Con todo, el profesional no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.