La familia militar está que trina con Luis Petri

La familia militar está que trina con el ministro de Defensa, Luis Petri, por haber dado de baja del Ejército a 23 militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En pos de demostrar que él está consustanciado con la “memoria completa”, Petri se jactó en redes sociales de haber avanzado contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de buscar a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado.

El lunes, Petri firmó una resolución a través de la cual destituía a cuatro generales y 19 coroneles. Todos ellos habían sido juzgados, condenados y no tenían recursos pendientes ante la Corte Suprema. Según la ley de Personal Militar, la baja significa que una persona deja de tener estatus militar. Esto implica que ya no pertenece a la fuerza. “Les queda una pensión del 70 por ciento del sueldo a la esposa, pero los viudos y divorciados quedan sin nada”, precisó una fuente castrense.

No es la primera vez que desde el Ministerio de Defensa se decide la baja de condenados por lesa humanidad. Sin embargo, la familia militar no esperaba una resolución en este sentido por parte de Petri. De hecho, la activista pro-impunidad Cecilia Pando emitió un comunicado diciendo que se trataba de una resolución que desgarraba el alma. “Una medida de esta naturaleza podía esperarse durante el gobierno kirchnerista”, se quejó Pando.

Como el malestar fue creciendo, el Ministerio de Defensa difundió una declaración en redes sociales diciendo que, en realidad, habían respondido a una orden judicial. Explicaron que la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA) les había notificado que debían exonerar a esos 23 militares.

Es una verdad a medias. La PIA sí notificó una serie de bajas que deben darse tanto en el Ejército como en la Armada y en la Fuerza Aérea. Pero todo hace presumir que Petri decidió a quienes destituir, ya que fuentes de la PIA le dijeron a este diario que el listado era mucho más amplio.

El enojo no se disipó. Una serie de organizaciones que se definen como de “memoria completa” le contestaron a Petri que la PIA no está habilitada para ordenarle nada y le recriminaron que había afectado los haberes jubilatorios de retiro de los 23 militares dados de baja. “Deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”, despotricaron.

Además, aprovecharon para reclamar que Javier Milei impulse el “cierre definitivo de esta tragedia”, que son para ellos los juicios de lesa humanidad. La declaración lleva las firmas de Justicia y Concordia, el Foro de Generales, el Foro de Almirantes, el Centro de Estudios Salta, la Asociación Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el terrorismo y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina.

Petri, que había optado por el silencio, trató de aplacar los ánimos con un tuit en el que buscó mostrarse tan comprometido con la obstaculización de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad como ellos. Pero insistió con la excusa tribunalicia. “Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación”, escribió.

“La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión”, se atajó el ministro. Y pasó a detallar sus logros en ese sentido: “Desmantelamos los ‘grupos de trabajo’ parajudiciales que servían para perseguir a las fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”, agregó.

En rigor de verdad, la Conadi no se cerró. Milei eliminó la unidad especial de investigación que funcionaba a su interior y le vedó el acceso a los archivos para encontrar a los bebés robados.

“Gracias, ministro, por corroborar todo lo que vengo denunciando ante organismos internacionales: que a usted únicamente le interesa garantizar la impunidad de los genocidas y obstaculizar la búsqueda de los nietos que nos faltan”, le respondió Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y una de las nietas encontradas por las Abuelas de Plaza de Mayo.