Luciano Arruga tenía solo 16 años cuando fue desaparecido. Vivía en Lomas del Mirador, en el conurbano bonaerense, una zona donde la pobreza y la falta de oportunidades condicionan el futuro de miles de jóvenes. El 31 de enero de 2009 fue detenido por la policía bonaerense mientras estaba con amigos en la localidad de Gregorio de Laferrere. No había motivos legales para su arresto, solo la criminalización a los jóvenes pobres racializados, convirtiéndolos en sospechosos ante los ojos de un sistema injusto. Nunca registraron su detención. Simplemente, desapareció.

Durante años, su familia buscó respuestas en un sistema que les dio la espalda. Mónica Alegre, su madre, se transformó en una luchadora incansable, enfrentándose a la indiferencia de un Estado que solo parece actuar cuando las víctimas encajan en su imaginario de ciudadanía. No fue hasta el 17 de octubre de 2014, casi seis años después de su desaparición, que los restos de Luciano fueron encontrados en una fosa clandestina cerca de la comisaría de Lomas del Mirador. La causa judicial confirmó lo que su familia y las organizaciones de derechos humanos venían denunciando desde el principio. Luciano fue víctima de la violencia institucional, una de las expresiones más brutales del racismo estructural en Argentina.

El caso de Luciano no es aislado. Es parte de un patrón sistemático que se repite en los barrios populares, donde la policía actúa con impunidad y los jóvenes son criminalizados por su condición social y racial. Sin embargo, sí se volvió un caso emblemático porque expuso cómo el racismo no solo se manifiesta en discursos de odio, sino también en políticas de seguridad que naturalizan la exclusión y la violencia contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

En 2025, a once años del hallazgo de sus restos, el reclamo de justicia sigue vigente. Aunque en 2016 se logró la condena de tres policías por privación ilegal de la libertad y encubrimiento, la causa aún está lejos de cerrarse. La familia de Luciano y las organizaciones de derechos humanos exigen que se investigue a todos los responsables, incluyendo a los mandos superiores que habilitaron estas prácticas. Además, reclaman que se reconozca a Luciano como víctima de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que hasta ahora no ha sido tipificado en su caso.

Recordar a Luciano no es solo un ejercicio de memoria; es un acto de resistencia. Es interpelar a un sistema que sigue perpetuando desigualdades y violencias contra quienes no encajan en la imagen de una Argentina blanca y europeizada. Es exigir justicia para él y para todos los jóvenes que, como Luciano, son perseguidos por unas fuerzas de seguridad que los trata como enemigos en lugar de protegerlos.

Este 31 de enero, levantamos su nombre como bandera porque su lucha es la de todos los que resisten al racismo y la opresión. Porque no hay antirracismo sin justicia, y no hay justicia sin memoria. Los familiares acompañan la marcha antifacista y antirracista que se realizará el sábado a las 16 hs desde Congreso a Plaza de Mayo. Además, convocan a una asamblea antirrepresiva en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga, en Lomas del Mirador, para seguir construyendo redes de resistencia y exigir que nunca más un joven sea víctima de la violencia institucional.