El gobierno de Axel Kicillof multó a la la aerolínea Flybondi por más de 300 millones de pesos a raíz de las quejas por cancelaciones, suspensiones y retrasos en múltiples vuelos. “El Gobierno nacional no quiere controlar a quien vulnera derechos, pero en la provincia que conduce Kicillof se respalda a los consumidores”, sostiene Ariel Aguilar a Buenos Aires/12. Al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, lidera la tarea de brindar soluciones a los clientes bonaerenses que se ven perjudicados por empresas como Flybondi.

En un contexto de desregulaciones aeronáuticas y un eslogan de cielos abiertos por parte del Gobierno nacional, Flybondi es una de las seis firmas más denunciadas por clientes en la provincia de Buenos Aires. Explica Aguilar que esta problemática no es reciente. “En junio de 2024, cuando se comenzó con esta lógica de los cielos abiertos de la Nación, había casi 1.500 reclamos, y para diciembre ya llegó a 2.400”, subraya Aguilar.

“En aviación no es joda cada decisión que se toma”, sostiene Dina Feller, trabajadora aeronáutica con más de veinte años de experiencia de vuelo en LATAM y educadora e investigadora del sector aéreo, experta en Banderas de Conveniencia en Aviación Civil. Por eso condena las múltiples medidas celebradas en materia de desregulación por parte de Federico Sturzenegger. Estas decisiones de la Nación llevaron, según dice, a que pensar que “si tengo un avión estacionado en casa y quiero llevar gente, lo puedo hacer”.

"Cree que pueden hacer cualquier cosa"

El funcionario bonaerense asegura que lo que se está viviendo alrededor de la low cost, es parte de un clima de época “donde la libertad de las empresas está por encima de todos y creen que pueden hacer cualquier cosa”. “En la Provincia eso no va a pasar”, reafirma.

Aguilar repasa que Flybondi no es un caso anecdótico. Esta misma problemática se repite con empresas de medicina prepagas o aplicaciones como Spotify o Netflix. “Acá no hay polémicas, como dicen algunos medios, simplemente se toman los reclamos y se actúa”, indica. 

Esas denuncias, explica, primero derivaron en una imputación a la aerolínea fundada en 2016 y que opera en el país desde 2018 gracias a la apertura que le brindó el ex presidente Mauricio Macri.

Se la imputa, dice el funcionario que integra el equipo de Augusto Costa, con el objetivo de que modifique una conducta repetida que se manifiesta en miles de reclamos. Como ese cambio no se produce, se aplica la Ley de Defensa al Consumidor, lo cual con lleva una multa que puede ser de hasta el equivalente a mil salarios mínimos vitales y móviles. En esta ocasión, el monto que deberá pagar Flybondi es de 329.717.650 pesos.

¿Por qué? Porque, en reiteradas ocasiones, incurrió e incurre en infracciones como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos, la dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas. A su vez, muchos bonaerenses denunciaron la inviabilidad para optar por reprogramaciones o por los reintegros de los tickets o de los gastos generados debido a las cancelaciones, como el transporte al aeropuerto o pérdidas de hoteles y excursiones.

En paralelo, la Provincia también sancionó a la firma por no publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de los servicios, según lo establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Una historia sin controles

Desde sus inicios, Flybondi atravesó por muchas denuncias, observaciones y acusaciones de parte de sus clientes por inconvenientes en su servicio. Pero, en los últimos meses, la situación empeoró. “Lo que pasa es que empezaron con un 8 por ciento del mercado y hoy llegaron al 23 por ciento, pero es un crecimiento con un costo como el que estamos viendo producto de que no hay una política de desarrollo, sino que es sólo vender y vender”, explica a Feller.

En su análisis, retoma una de las expresiones de Aguilar, y es la existencia de un contexto propicio para que estos problemas se desarrollen. Habla de la desregulación que se profesa y ejecuta desde el Gobierno nacional en materia aeronáutica, dejando en manos del operador aéreo la responsabilidad de llevar adelante un servicio eficaz y seguro.

Entre las principales medidas que, a su juicio, atentan contra una aeronavegación segura están la modificación del Código Aeronáutico que, entre otras medidas, "deja librado a que cada uno se regule a sí mismo". Mediante el decreto 941/2024 se estableció que la Autoridad Aeronáutica Nacional (ANAC) pueda delegar en "personas humanas o jurídicas las funciones relativas a las evaluaciones y certificaciones médicas aeronáuticas y su fiscalización" así como las "certificaciones y aprobaciones de aeronavegabilidad y operaciones". 

También le suma el decreto 599/2024 que determinó el "libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos breves y ágiles". 

El combo, para Feller, trae consecuencias inmediatas. Empresa como Flybondi “venden pasajes más baratos pero no adquieren capacidades de mantenimiento, no compran hangares y no capacitan a su personal”, apunta. En contraposición, asegura que Aerolíneas Argentinas y algunas low cost como JetSmart tienen estándares mucho más elevados en materia de seguridad y profesionalismo.

Cuenta que, para afrontar estos inconvenientes eligen soluciones que traen nuevos dolores de cabeza a los clientes. “Por ejemplo, se les da el permiso para alquilar una empresa de dudosa procedencia como Alba Star, que por los decretos del Gobierno nacionales tiene eximiciones para, entre otras cosas, hacer la demostración de seguridad a los pasajeros antes de despegar”, señala.

Además, asegura que el área de mantenimiento de Flybondi “no funciona” y que, producto de esta situación, “viven pidiendo apoyo a otras aerolíneas, como la propia Aerolíneas Argentinas”.

Efecto Sturzenegger

“Hoy si vas a aeroclubes de la Patagonia, son paradas de taxi, donde los chacareros se mueven en taxis aéreos que no controla nadie y hasta hay aplicaciones similares a las que se usan para tomarse un auto, pero de avionetas”, advierte Feller, que pone el ojo sobre las decisiones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei. 

Al respecto de esta modalidad impulsada por la Casa Rosada, la especialista subraya que la historia argentina no tiene una ficha limpia en lo que respecta a tragedias aéreas. “Está el accidente de Sol o el de LAPA, y hoy asistimos a una nueva era de aviación barata de sálvese quien puede y ya sabemos lo que pasa con eso”, repara.

Es en este marco donde Aguilar hace hincapié en que no se puede dejar librado al azar la cuestión reguladora de parte del Estado para evitar consecuencias mayores. Asegura que el único contacto con la empresa fue la respuesta de los requerimientos que le hicieron desde la Provincia. Ahora, Flybondi cuenta con veinte días para pagar la multa o iniciar acciones judiciales. 

“En Defensa del Consumidor de la Nación puede estar pasando que no se haga nada porque está alineado con el Gobierno nacional, pero en la provincia de Buenos Aires no va a pasar”, sostiene.