Los jubilados de Rosario quieren participar de la reforma constitucional. Así lo expresaron este viernes desde la Federación Regional de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (Frapam) con una convocatoria en el centro rosarino, donde juntaron firmas para exigir que el debate incorpore aspectos vinculados a los derechos de los mayores. Desde la agrupación buscan ser considerados “colaboradores activos” y presentaron propuestas en torno a cuatro ejes: mecanismos de protección y promoción, derechos a una ciudad amigable, a combatir la soledad no deseada, y la inclusión de innovaciones tecnológicas. “Esto también es una invitación abierta a los más jóvenes. Les pedimos que nos acompañen porque no es una discusión de este momento nomás, sino que se están debatiendo derechos y garantías para el futuro, que puede ser mucho más difícil”, evaluó Emeterio Pastor, uno de los referentes de la organización.
Este viernes los representantes de Frapam se congregaron en Córdoba y Corrientes para juntar adhesiones en el marco de la reforma constitucional que se avecina. El objetivo del colectivo de adultos mayores es que el debate por la nueva Carta Magna tenga en cuenta las demandas que el sector viene impulsando desde hace años y ratificar en el plano constitucional algunas de las conquistas que se fueron logrando. En ese marco, Frapam elaboró un documento público donde expresan su “voluntad de participar activamente” en el proceso de reforma de la Constitución santafesina. La intención es que el escrito llegue a la Casa Gris y a las distintas “fuerzas vivas” de la sociedad.
“Creemos que, en una república democrática genuina, el debate y el estudio necesario para una reforma constitucional adaptada a los tiempos que corren no puede ser solo efectuado por los representantes del pueblo, elegidos para tal fin, sino que hay que buscar los medios para que los distintos sectores de la vida provincial puedan aportar ideas al respecto, enriqueciendo así dicho debate democrático”, señalan en el escrito. “En una época signada por la enorme incredulidad de la sociedad en sus dirigentes, y el debilitamiento evidente de la democracia, creemos que fomentar la participación de los ciudadanos en este tipo de procesos es altamente saludable para la institucionalidad democrática”, se agrega.
En declaraciones a Rosario/12, Pastor explicó que la movida apunta a incluir en el texto constitucional una serie de aspectos consagrados garantizados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. “Somos un grupo de la sociedad que durante años ha quedado relegado”, evaluó y agregó: “Recién el año pasado logramos tener un Defensor de la Tercera Edad en la ciudad, a partir del voto unánime del Concejo. Eso nos ha permitido instalarnos dentro de la sociedad y ahora estamos trabajando de forma intensiva en el marco de la reforma que se viene”.
El dirigente consideró que la nueva Constitución que se busca redactar es una buena oportunidad “para cambiar una historia de décadas” de perjuicios para ese sector de la población: “Nadie se ocupó de las necesidades de los jubilados y si eso hubiera ocurrido no estaríamos en esta situación de emergencia. Esto también es una invitación abierta a los más jóvenes. Les pedimos que nos acompañen porque no es una discusión de este momento nomás, sino que se están debatiendo derechos y garantías para el futuro, que puede ser mucho más difícil”.
Desde Frapam reconocen que ya hubo conversaciones con gente del gobierno en ese sentido. La organización mantuvo reuniones con Franco Gatti, asesor del gobierno santafesino, quien fue coordinador de la comisión redactora de ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. El abogado ahora está a cargo de las “instancias previas a la convención” que requieren un trabajo de acercamiento con distintos colectivos y organizaciones que buscan incorporar demandas al debate. En ese contexto, también participó de la movida de Frapam en la peatonal Córdoba.
“La reforma incluye medidas de acción positiva para determinados grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se enuncia expresamente a las personas mayores. Ellos vienen trabajando el tema y la idea es poder construir una cláusula de protección de los derechos de las personas mayores que contemple sobre todo las necesidades actuales como la relación de las personas mayores con la participación política, con la tecnología, con el derecho al descanso y con la construcción de ciudades habitables. Temas que son de interés para este colectivo y que ahora pueden tener un espacio en la Constitución”, explicó Gatti a este medio. “Fue un paso importante porque es el primer colectivo que se posiciona públicamente e instalar el tema es clave para este proceso”, añadió.
Propuestas
El documento elaborado por Frapam sostiene que el aporte a la reforma “puede ser enriquecedor y constructivo”, a partir de la trayectoria de lucha del organismo y el sector en general. “Nuestra participación puede asegurar que se tomen decisiones que beneficien a las generaciones futuras, ya que nuestro enfoque intergeneracional pretende considerar las necesidades y perspectivas de todas las edades. Esto puede ayudar a crear una sociedad más inclusiva y equitativa”, detalla el escrito. Además, se remarca la importancia de que la Constitución sea “un documento vivo” que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad santafesina “invirtiendo en recursos para procurar una sociedad inclusiva y sostenible en el futuro”.
La carta pública también incluye una serie de propuestas concretas a considerar. Entre ellas figuran mecanismos de protección y promoción, donde se pide que la Defensoría de las Personas Mayores tenga rango constitucional, así como también la creación de un Consejo Provincial de Personas Mayores “que promueva políticas públicas en su favor”. Otra de las propuestas gira en torno a la construcción de “ciudades amigables” donde se incluyen aspectos vinculados al derecho a la movilidad accesible, al espacio público adaptado, a la participación comunitaria y a la atención y el cuidado.
En la misma línea, otro eje que se plantea es el del derecho de las personas mayores a “combatir la soledad no deseada”. Eso implica que las personas mayores tengan acceso a tecnologías y programas que le permitan conectarse con familiares, amigos y la comunidad en general; el fomento a la participación de adultos mayores en actividades sociales; y el derecho a la atención emocional y psicológica, así como también la protección contra la explotación y el abuso. En ese marco se habla del derecho a la tecnología accesible, a la telemedicina y teleasistencia, e incluso la posibilidad de “explorar el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la vida de las personas mayores”.
