A tres días de la fecha prevista para el inicio del juicio a Yolanda Vargas, el juez Aldo Primucci decidió suspenderlo por tiempo indeterminado. La decisión se basó en el dictamen de una psicóloga del Poder Judicial que entrevistó a la mujer este viernes e indicó que no está en condiciones de afrontar el debate porque aún transita el duelo por la pérdida de su hija y de su hijo, fallecidos el 9 de febrero de 2021 en el incendio de la precaria casilla donde vivían. 

Yolanda es una madre pobre de la localidad de Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán. Está acusada de abandono de persona seguido de muerte. La acusan porque en un momento en que había dejado solos a su hijo de 4 años y a su hija de 6 para ir a comprar alimentos, un cortocircuito provocó el incendio de la casilla precaria en la que vivían y ambos niños murieron. 

Ese día llovía, ella fue en motocicleta a comprar alimentos a un almacén, iba cubierta con una bolsa negra para resguardarse, y había dejado a la niña y al niño para no exponerlos a esas condiciones del clima, además el nene estaba con bronquiolitis y la humedad le producía hongos en la piel. 

La administración de justicia de la provincia había fijado que el lunes venidero, 3 de febrero, iba a comenzar el juicio contra Yolanda. 

Y aunque ahora se suspendió, la referenta de Política Obrera, Gabriela Jorge, espacio al que pertenece Yolanda y que impulsó la campaña por su absolución, dijo a Salta/12 que mantienen la convocatoria para concentrar en los Tribunales de Orán el lunes a las 9, junto a otras organizaciones y particulares, como tenían previsto. También se presentarán en el juzgado los abogados defensores, Luciano Camaño y Alberto Díaz Aranda.

Asimismo, se mantienen las convocatorias para concentrar en la Ciudad Judicial de la capital salteña, y en la Casa de Salta en Buenos Aires. "Convocamos a todas las ciudades del país", dijo Jorge y explicó que ahora reclaman "el inmediato sobreseimiento de Yolanda". 

Jorge consideró que la suspensión es resultado de la conmoción que produjo la campaña, a nivel provincial, nacional e internacional. "La psicóloga del Poder Judicial, dice que Yolanda no está en condiciones de poder afrontar el juicio, eso muestra que el Estado es el único responsable de esta situación. No solo sufrió la pérdida de sus hijos, esta tragedia, sino que el Estado para ocultar su reponsabilidad ha intentado colocarla en el lugar de victimaria", señaló.

La decisión judicial de suspender el debate se fundamenta en el dictamen de una psicóloga que entrevistó a Yolanda y determinó que no se encuentra en condiciones anímicas para afrontar el juicio, por encontrarse "procesando el duelo por sus dos hijos" fallecidos en el incendio hace cuatro años atrás. "Por primera vez le reconocen el duelo que todavía no ha terminado para ella", señaló Jorge. Pese a esa consideración, no se la ha garantizado asistencia psicológica mediante un tratamiento.

Política Obrera recalcó en un comunicado que pese al reconocimiento del estado anímico de Yolanda, y de su derecho al duelo, es "por ese siniestro, resultado de la negligencia estatal, del hacinamiento y la miseria social general" que "quieren juzgar a Yolanda por 'abandono de persona seguido de muerte'”.

"A nadie puede sorprender que Yolanda Vargas se encuentre bajo un estado de conmoción personal y anímica. Por la pérdida de sus hijos, y por el atropello infinito que implica que el Estado -que debería ser el verdadero acusado- se haya erigido en acusador. Ninguna víctima -y ese es el caso de Yolanda Vargas- puede aceptar sin reparos ser colocada en la condición de victimario", señaló Política Obrera.

También sostuvo que la "suspensión improvisada del juicio pone de manifiesto la inviabilidad y arbitrariedad de la causa en curso". Consideró que esta decisión tiene lugar "en medio de un clamor nacional e internacional por la absolución de Yolanda,  que se ha expresado a través de numerosos pronunciamientos y manifestaciones". 

Sin embargo, también advirtió que esta "mera suspensión del juicio prolonga la incertidumbre y angustia sobre la vida de Yolanda". "La única salida que cabe a esta ignominia es su sobreseimiento inmediato y definitivo. Y el inicio de una investigación completa y rigurosa sobre las responsabilidades del Estado, gobernación, municipio y la compañía eléctrica a cargo del servicio, en el siniestro letal que terminó con la vida de los hijos de Yolanda", manifestó la organización. 

Para Gabriela Jorge, el Estado provincial "debería estar sentado en el banquillo de los acusados" y las empresas de provisión de energía eléctrica que no hacen las inversiones necesarias, ya que la problemática de las subas y bajas de tensión y los cortes son recurrentes en Orán.  

"Es una causa arbitraria y armada para ocultar las responsabilidades políticas concretas, del Estado que encubre a las empresas prestatarias de servicios", recalcó  Jorge. También advirtió que hasta ahora se incendian los medidores en Orán por las subas y bajas de tensión, e incluso recientemente el presidente de la Cámara de Comercio local, Ariel Zabluok, denunció que se le incendió el medidor de su casa. 

Jorge dijo que la Asamblea Antifacista que movilizará este sábado 1 de febrero en distintas ciudades también se solidarizó con Yolanda. Esa movilización se replicará en Orán también, y ella y Yolanda asistirán.