Todo indica que el comité de Cambiemos con sede en los tribunales de Comodoro Py prepara una estruendosa fiesta de fin de año de procesamientos. Todos apuntados directa o indirectamente sólo al gobierno anterior y en especial a Cristina Fernández de Kirchner. En los próximos días o semanas vendrán los procesamientos por el Memorándum de Entendimiento con Irán, por la muerte del fiscal Alberto Nisman, por la causa Hotesur y por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou. Y seguirán las presiones para que la ex mandataria sea citada lo más posible a Tribunales. La tragedia del ARA San Juan postergó alguno de los fallos. Es público y notorio que los magistrados juegan las cartas del impacto político de sus fallos, pero eso se hizo difícil en tiempos en que el país vive la conmoción por la pérdida del submarino y sus tripulantes. No obstante, la espera tiene límites y, desde esta semana, preparan la andanada contra la anterior administración.  

 

Nisman I

Hay un fallo inminente –se menciona este lunes o martes– y es el del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y un conglomerado de dirigentes políticos por el Memorándum. Entre los imputados están Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Carlos Zanini, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, el referente chiita en la Argentina Jorge Khalil y un supuesto espía, Alan Bogado, ahora sospechosamente cercano al gobierno de Cambiemos. Los trascendidos indican que hay un texto de 400 páginas listo para la firma y que Claudio Bonadio lo está corrigiendo. Es indudable que habrá procesamientos pero hay que ver en qué condiciones y por qué delitos.

En Comodoro Py afirman que el juez dirá, en principio, que se trató de un encubrimiento porque supuestamente el texto del Memorándum favorecía a los iraníes. Sin embargo, dado que el escrito considera que los dos atentados fueron “actos de guerra”, la firma del tratado implicó, según esa teoría, una traición a la patria. Lo llamativo es que ni el fiscal Alberto Nisman ni el juez que investiga los atentados, Rodolfo Canicoba Corral, consideraron nunca las bombas en la AMIA y la Embajada de Israel como actos de guerra ni le pidieron al Congreso o al Ejecutivo que los evalúe de esa manera. Por supuesto nunca hubo ninguna declaración de guerra contra Irán, que es lo que formalmente hubiera sido necesario para que exista la traición a la patria. 

Los hechos muestran que no hubo ningún efecto real del acuerdo con Irán, ya que ni se levantaron las alertas rojas, ni hubo cambio de petróleo por granos, ni se armó ninguna pista alternativa a la que apuntó contra Irán. El ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, fue categórico al afirmar que el gobierno argentino no hizo ninguna gestión para levantar las alertas rojas. A esto hay que agregar que el tratado fue votado por Diputados y Senadores. Por otra parte, la evidencia es que el Memorándum no fue favorable a Irán, algo que se demuestra con el hecho de que Irán no quiso convalidarlo. No lo hizo ni su parlamento, ni el gobierno de Teherán. Eso quedó patentizado en que nunca se hizo la entrega de las llamadas cartas reversales, es decir de aceptación.

Una de las novedades del fallo sería que no va a precisar en qué se iba a beneficiar el gobierno de CFK con el acuerdo pero hablará de que se buscó “normalizar las relaciones”. La jugada apunta a no descalificar a Nisman en la cuestión de petróleo por granos –intercambio que nunca ocurrió– y para eso citará una vieja historia de las derechas norteamericanas e israelí, difundida inicialmente a través de la revista brasileña Veja. Según ese relato, funcionarios vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) proveyeron a Irán de material nuclear y a cambio hubo transferencias de fuertes sumas de dinero. Todo se habría hecho con la intermediación de Venezuela, para lo que se cuenta con supuestas declaraciones de custodios no identificados de Hugo Chávez y de ex ministros, tampoco identificados, todos ahora en Miami. En el paquete de esta historieta entrarían incluso los 700.000 dólares que se le encontraron, cuando intentó entrar al país, al venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson, amparado por Estados Unidos. El supuesto espía Bogado –ahora con la camiseta de Cambiemos– habría hecho su aporte.

Expertos consultados por este diario coincidieron en que es imposible mover ningún material nuclear, menos todavía a Irán, sin la detección de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero también Rusia, China y en esa zona, Israel o Arabia Saudita. Aún así, el fallo le daría entidad a la versión mencionándola en el texto.

Nisman II

Esta semana vencerían los plazos para que el juez Julián Ercolini resuelva en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman. El magistrado indagó al informático Diego Lagomarsino, a quien imputó como cómplice de homicidio tras la pericia de Gendarmería que sostuvo que a Nisman lo mataron. El técnico reiteró en su declaración lo mismo que viene diciendo desde el primer día: que le prestó el arma al fiscal porque éste le mintió diciéndole que necesitaba la pistola para defender a sus hijas. Ercolini terminó de indagar el 22 de noviembre a los custodios de Nisman, quienes también ratificaron su versión inicial. En especial interesaba el custodio más antiguo del fiscal, Rubén Benítez, quien también repitió que Nisman le pidió un arma y que le formuló el mismo argumento que a Lagomarsino: que necesitaba el arma para defender a sus hijas. Tanto Benítez como Lagomarsino declararon que no sabían que las hijas seguían en Europa con la madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La novedad es que el abogado Pablo Lanusse presentó un escrito de doce páginas en el que dice que la muerte de Nisman no se puede investigar al margen de la denuncia que el fiscal presentó contra Kirchner por el Memorándum. Lanusse, sin aportar un solo dato concreto, esboza un complot en el que mete como acusados a una larga serie de personas, empezando por la ex presidenta, el ex canciller Timerman, los custodios, el general César Milani, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe de la SIDE Fernando Pocino, la agrupación Quebracho, la fiscal Viviana Fein, y el juez Manuel De Campos, el juez Daniel Rafecas, entre otros. El escrito es claramente político basado en que como Nisman denunció al gobierno kirchnerista éste armó un gigantesco plan para matarlo. Lanusse no hace referencia a ninguna prueba que evidencie cómo se armó semejante complot, cómo fue el supuesto homicidio, quiénes entraron al edificio, cómo ingresaron al departamento y al baño, y cómo salieron después sin dejar rastros.

La situación actual es que Ercolini debería definir la situación procesal de Lagomarsino y los custodios, pero lo que le pide Lanusse es que vuelva a indagar a todos y a los demás que él acusa, también a Cristina, por un supuesto gigantesco plan criminal.

Mientras tanto, Lagomarsino sigue con la tobillera puesta. La particularidad es que el aparato emite alarmas cuando el técnico se acerca al aeroparque o al río, lo que por ejemplo le impedía atender dos clientes que tiene en zona portuaria. Ante una presentación de sus abogados, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, que debieron aportar los elementos de prueba sobre esos clientes, el juez Ercolini aceptó que pudiera seguir trabajando en ambos lugares.

 

Hotesur

Durante el mes de diciembre continuarán las indagatorias centradas en la acusación de que la familia Kirchner recibió alquileres por el hotel Alto Calafate a cambio de obra pública. Lo asombroso es que en la semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal dictaminó que la causa melliza, Los Sauces, debe acumularse con Hotesur porque las dos tratan de los mismo. O sea que los camaristas que hace un año dijeron que eran expedientes independientes, ahora dijeron que son una sola causa, centrada en los alquileres de la familia Kirchner. Es una evidencia de que el expediente Los Sauces fue un expediente-colectora, un armado político. Las indagatorias de Hotesur terminarán recién el día 20. Ya declararon Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, faltan principalmente el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner. Después vendrán los procesamientos dictados por Ercolini. Es posible que eso termine de ocurrir recién febrero.

Boudou

Este lunes, el juez Ariel Lijo renovará por otros diez días el secreto de sumario en lo que tiene que ver con la declaración del arrepentido Alejandro Vandenbroele. Por ahora, sólo hay versiones de lo que dijo.

Pero al mismo tiempo, Lijo debe resolver la situación de Boudou en la causa en la que está preso por enriquecimiento ilícito. Como sucede en casi todo lo que pasa por Comodoro Py, pese a las explicaciones habrá procesamiento. Lo que se le cuestionaba al ex vicepresidente era un préstamo a su pareja de entonces, Agustina Kämpfer, por 80.000 dólares. Boudou explicó que el préstamo no fue de él sino de su hermano y que el dinero provino de la venta de una propiedad. También se le cuestionó el blanqueo de su amigo Nuñez Carmona en 2008, con el argumento de que Nuñez Carmona no tenía capacidad económica suficiente, por lo que el dinero debía ser de Boudou. Nuñez Carmona enumeró su evolución patrimonial y declaró que el dinero era de él. Relató por ejemplo, que tenía una sociedad con Clarín en Mar del Plata –un correo privado– y que facturaban millones de dólares. Finalmente, también se objetaron 80.000 dólares incorporados por el ex vicepresidente en 2009. Boudou sostuvo que ese dinero fue el que ahorró durante años de actividad comercial, antes de ser funcionario.

Todo indica que Boudou será procesado, pero seguramente se le colocará una tobillera o se le concederá la prisión domiciliaria ya que tanto el fiscal Jorge Di Lello como la Cámara admitieron que debía buscarse una alternativa al encarcelamiento. Boudou está en el penal de Ezeiza sin que exista ni juicio, ni condena, ni peligro de fuga. El argumento –creación del hombre de Cambiemos en Comodoro Py, Martín Irurzun– fue que tiene “relaciones residuales” que le permitirían obstaculizar la investigación. No hubo enumeración alguna de cuáles son esas relaciones y ningún hecho concreto de perjuicio a la pesquisa.

 

Presión

Como viene ocurriendo desde hace siete meses, la Unidad de Información Financiera (UIF) y ahora la Cámara Federal vienen presionando al juez Sebastián Casanello para que cite a indagatoria a CFK en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. La hipótesis es que el dinero que supuestamente lavó el constructor sería de la ex presidenta o de su familia. Cada vez que la UIF formuló ese pedido, Casanello pidió que le presenten pruebas que sustenten la acusación. Se trata de la misma oficina que favoreció el cierre de causas en las que se investigaban las sociedades en las que figuraba el presidente en Panamá Papers o las transferencias recibidas por Gustavo Arribas relacionadas con Odebrecht.

Como se ve, en Comodoro Py tienen todo listo para el brindis de fin de año.

[email protected]