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Son muy ilustrativas las siguientes cuatro fotos del sistema de seguridad social para evaluar la reforma previsional:
- La cantidad de jubilados y pensionados del régimen general más los de la moratoria subieron de 3,4 a 6,9 millones de 2005 a 2016.
- Sumando pensiones no contributivas y otras prestaciones, la cobertura subió de 3,8 a 8,4 millones de personas.
- La fórmula de movilidad entre 2009 y 2017 arrojó un aumento de las jubilaciones del 20 por ciento por encima de la inflación.
- El resultado de las cuentas de la seguridad social fue superavitario en 1,2 por ciento en relación al PIB en 2015, para pasar a ser deficitario en 0,6 por ciento en el estimado para este año.
Son cifras que muestran la ampliación de la cobertura social, el incremento del poder adquisitivo de los jubilados y la sustentabilidad de las cuentas previsionales hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Además de ser una descripción rigurosa de la situación previsional, un aspecto notable es quién la ha realizado. Este aporte fue presentado por el economista del macrismo Carlos Melconian, ahora en su regreso como consultor de empresas, hace dos viernes. El sentido de esa información proporcionada por el ex presidente del Banco Nación a sus clientes no tenía el objetivo de cuestionar la reforma previsional del gobierno, sino de respaldarla al considerar que es necesaria debido a la “explosión del gasto previsional” y a la existencia de cuentas “en rojo” en el sistema previsional.
Pero esos mismos números entregados por Melconian a hombres de negocios pueden ser interpretados de otro modo. Deja al descubierto el acelerado deterioro del sistema de seguridad social provocado en dos años del gobierno de Cambiemos. Permiten además identificar el carácter regresivo de la reforma previsional que tiene media sanción del Senado con el cambio de la fórmula de movilidad.
Inconstitucional
Un reciente informe de la Asociación de abogados y abogadas laboralistas concluye que la reforma previsional es “inconstitucional, regresiva y que vulnera los derechos humanos de los trabajadores”. Horacio R. González y Luciano González Etkin advierten que la aplicación retroactiva de la fórmula aprobada en el Senado vulnera el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y el derecho de propiedad, tutelados en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Señalan que está comprometida también la violación del artículo 7 del Código Civil y Comercial que establece, expresamente, que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, no pudiendo afectar derechos amparados por garantías constitucionales, como lo es, en este caso, la movilidad jubilatoria tutelada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La propuesta de sustituir la fórmula de movilidad por otra incluye aplicar la nueva en forma retroactiva respecto de un periodo ya cumplido, casi en su totalidad (julio-diciembre 2017). Se actualizarán los montos considerando la inflación trimestral con un rezago de seis meses. Este es un aspecto importante del cambio indican los economistas del Instituto de Trabajo y Economía-Fundación Germán Abdala, puesto que la última actualización fue en septiembre de este año, el primer aumento debería contemplar la variación semestral para compensar la inflación transcurrida entre septiembre y marzo. Como el gobierno no lo aplicará, esa disposición explica gran parte del “ahorro” previsional estimado para 2018.
“La decisión de poner en marcha la nueva metodología en marzo de 2018 constituye el primer ajuste en las transferencias económicas y por lo tanto, el primer gran ahorro fiscal que produce la reforma previsional, a costa de sus beneficiarios”, insiste un informe de Carlos Tomada, Diego Schleser y Clarisa Soto. Para agregar que el nuevo índice de movilidad implicaría una pérdida del 6 por ciento en el poder adquisitivo de las prestaciones respecto al valor que se alcanzaría con la metodología actual y un 8 por ciento con respecto a septiembre de 2015. Esto será así porque con la movilidad vigente el aumento en marzo debería estar por encima del 12 por ciento, en vez del 5,7 por ciento que se aplicará si prospera la reforma. Los economistas del Centro de Economía Política Argentina calcularon que de ese modo el “ahorro” previsional sería de aproximadamente 75 mil millones de pesos el año próximo. El objetivo oficial es recortar beneficios previsionales presentes y futuros.
Desmantelar
Las cuentas del sistema previsional estaban en tensión como están en cualquier otra economía donde la relación trabajador activo y pasivo disminuye, al tiempo que aumenta la expectativa de vida. La clave es encontrar un sendero para garantizar su sustentabilidad con criterio de equidad y con el objetivo de mejorar la calidad de vida del jubilado incrementando el poder adquisitivo de los haberes. Ese fue el resultado con los aumentos de la cobertura, de la tasa de sustitución y del ingreso mensual de los jubilados. La fórmula de movilidad aprobada en 2009, el impulso a la demanda interna, el papel del FGS-Anses financiando al sector productivo con generación de empleo registrado (implica más aportes al sistema) y la suma de recursos tributarias lanzaron al sistema a un círculo virtuoso sostenible con criterio público, de reparto y de solidaridad intergeneracional.
Este proceso virtuoso empezó a ser desmantelado orientando el sistema hacia una crisis para justificar la privatización parcial de las jubilaciones, siendo la reforma aprobada en el Senado un eslabón más, no el último. El círculo ahora es vicioso: desfinanciamiento de la Anses, cambio en la fórmula de movilidad, liquidación lenta del FGS y una economía que no genera empleo registrado (la industria destruyó casi 68 mil empleo en dos años de gobierno de Cambiemos). La disminución del empleo registrado implica una caída de aportes al sistema previsional.
El puntapie inicial para debilitar las cuentas de la Anses fue la sentencia de la Corte Suprema que prohibió al Estado Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias con destino a la Anses, beneficiando inicialmente a Córdoba, Santa Fe y San Luis. El gobierno lo extendió para el resto de las provincias, disponiendo la restitución del 3 por ciento de la coparticipación por año, sin entregar a la Anses la cobertura de esos fondos desde el Tesoro, vía que había dispuesto el gobierno de CFK y que Macri eliminó por decreto apenas asumió.
La pérdida de ingresos al sistema previsional fue de 0,7 por ciento del PIB, calculó Melconian. Esa fuente de recursos de la Anses era equivalente a 1,6 por ciento del PIB en 2015, para retroceder a 0,9 en este año, con tendencia decreciente en los próximos años a partir del fallo de la Corte y del acuerdo del gobierno con las provincias.
Otra fuente de desequilibrio de las cuentas previsionales fue la denominada “Reparación histórica” a los jubilados, iniciativa que Melconian cuestionó, siendo una voz solitaria en el oficialismo, que implicó un incremento del gasto previsional en casi 1 punto del PIB.
Ambas medidas desplegadas en el gobierno de Cambiemos alteraron el signo de las cuentas de la seguridad social, para volverlas deficitarias. Como se mencionó al comienzo, el superávit de 1,2 por ciento del PIB pasó a un déficit de 0,6 por ciento en dos años. Esa brecha es casi idéntica al costo de la resignación de recursos de la Anses a favor de las provincias más el costo de la denominada “reparación”.
Vaciar
Durante varios años se fue construyendo un sistema de seguridad de extensa cobertura. En la primera mitad del mandato de la presidencia de Mauricio Macri se implementó una serie de medidas que empezaron a desarmarla. La Anses seguirá perdiendo recursos con la reforma tributaria. Restará unos 130 mil millones anuales por la resignación del 20 por ciento de Ganancias (que pasa a financiar el acuerdo del gobierno con las provincias) y otros 40 mil millones anuales por la reducción de las contribuciones patronales. El gobierno asegura que la Anses será “resarcida” con la recepción del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (contra el 70 por ciento en la actualidad). Eso significaría un ingreso extra de casi 60 mil millones de pesos. Pero es poco probable que reciba ese dinero, puesto que la reforma tributaria propone que los contribuyentes podrán aplicar el ciento por ciento del pago del Impuesto al Cheque como anticipo de Ganancias.
El gobierno impulsa de ese modo que los jubilados y titulares de AUH y asignaciones familiares financien las cuentas provinciales, con deliberado privilegio en clave electoral para Buenos Aires, y las de las empresas.
La modificación de la movilidad jubilatoria para reducir el aumento de los haberes es una pieza más de la desarticulación del amplio sistema de seguridad social heredado. El argumento oficial es que el gasto público es excesivo y que el rubro social es muy elevado en proporción al total. El mensaje es que el ajuste en esa cuenta permitirá mejorar el frente fiscal y de ese modo disminuir la tasa de inflación. La posición ideológica de esa política es que el Estado debe cumplir una función subsidiaria y limitada en el área social, concentrando su tarea en planes focalizados hacia los grupos sociales más vulnerables. Queda entonces descartada la política de cobertura universal en el sistema previsional y de asignaciones (familiares y AUH).
La corriente conservadora, que se ha filtrado hasta la base de la pirámide de ingresos, postula que quienes son titulares de derechos, como la Asignación Universal por Hijo o la jubilación mínima obtenida en un plan de moratoria, no deben ser merecedores de esos beneficios porque “no se esforzaron”. No son considerados víctimas de una organización económica que los excluyó con el desempleo o el trabajo informal. Esa línea de pensamiento que circulaba con intensidad hoy es gobierno, reforzada con los conceptos de “meritocracia” y del “esfuerzo” individual para la superación, con la paradoja de que el líder de esa fuerza política dominante es un heredero de fortuna.
