El gobierno de La Libertad Avanza implementó una serie de medidas en materia de ingresos y política social que, lejos de promover el empleo registrado, parecen incentivar la informalidad. La actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y de la Asignación Familiar contributiva quedó por debajo del aumento de asignaciones como la AUH y la Prestación Alimentar, generando una brecha que desincentiva la registración laboral. Además, la eliminación de sanciones a empleadores que no registran a sus trabajadores refuerza esta tendencia.   

Estas conclusiones surgen del informe "El impacto de la política de ingresos de LLA en el mercado de trabajo", del IPyPP (instituto de pensamiento y póliticas públicas), que acaba de publicarse y que refiere a las consecuencias en la estructura social de la utilización de instrumentos que deberían ser la base de atención para los segmentos más vulnerables de la población. 

En vez de impulsar una reinserción positiva al mercado laboral de aquellos sectores marginados por la crisis, parecería alentarse una ampliación de la informalidad, cuyo mayores beneficiarios serían los empleadores en condiciones de precariedad de una población condenda a sobrevivir con mano de obra barata. 

Evolución desigual

Los criterios diferenciados de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en relación a la Prestación Alimentaria (Tarjeta Alimentar) y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) han sido evidentes a lo largo del primer año de Milei. El trabajo de IPyPP, cuyos autores son Noemí Giosa Zuazúa y Claudio Lozano, muestra que el instrumento de política de ingresos más relegado fue el Salario Mínimo.

El SMVM, entendido como el ingreso laboral mínimo garantizado para el mercado de trabajo, está institucionalizado como el resultado de la negociación o el consenso periódico entre representantes de trabajadores y empleadores, con arbitraje del Estado, a través del Ministerio de Trabajo. Durante el año 2024, el Consejo del Salario, espacio para esas negociaciones, se reunió en cuatro oportunidades sin alcanzar nunca un consenso. La resolución del valor del SMVM siempre fue tomada unilateralmente por el Ejecutivo nacional mediante decreto, y significó una pérdida del poder adquisitivo de ese salario mínimo del 30 por ciento en doce meses.

Al mes de noviembre de 2024, el SMVM estaba fijado en 271.571 pesos, cuando la canasta básica total para un adulto mayor (solo, sin familia), calculada por el Indec, alcanzaba a 324.100 pesos. 

Con respecto a la AUH, el informe destaca que se dio la política opuesta. En enero de 2024 el gobierno dispuso una actualización del 100 por ciento en la asignación por hijo menor de 18 años, en hogares cuyos progenitores "tienen empleos asalariados no registrados, de cuenta propia de bajo ingreso, desocupados, o empleadas de casas particulares". 

La asignación por hijo pasó de 20.661 pesos en diciembre de 2023, a 41.332 pesos en el mes siguiente. Tuvo un nuevo aumento en marzo y otro en junio, y a partir de julio la actualización fue mensual. En términos de poder adquisitivo, según IPyPP, su valor en diciembre de 2024 ($ 93.279 por hijo) duplicaba al de noviembre de 2023. Política distributiva o concentración de planes sociales?

Veamos la evolución de otros planes de transferencia a sectores de menores ingresos. La Prestación o Tarjeta Alimentar va destinada a las mismas familias que reciben la AUH. y su valor se determina según el grupo familiar tenga un hijo menor de edad (PA1h), dos hijos menores, o 3 o más.

Dichos valores tuvieron actualizaciones en enero de 2024 (50 por ciento sobre diciembre), febrero, mayo y junio. En total, 137,5 por ciento de aumento acumulado. Pero ese valor de junio (52.250 pesos la PA1h, 81.936 para PA2h y 108.062 pesos para familias de 3 o más hijos menores) no se modificó en el resto del año. Tampoco en enero de 2025, con lo cual acumuló a diciembre ya un retraso del 13 por ciento en el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023. 

Siendo que  la población destinataria de la Tarjeta Alimentar es la misma que la que accede a la AUH, el criterio contrario de su actualización marca que lo que se persigue no es una política distributiva en favor de estos sectores postergados, sino concentrar la atención a ese sector en una sola asignación, mientras se podría estar persiguiendo el objetivo de desaparición o efecto de licuación del beneficio de la tarjeta Alimentar. 

En tanto, las asignaciones familiares contributivas, las que reciben los asalariados registrados con ingreso del grupo familiar hasta un determinado límite ($ 739.770), era equivalente a la AUH hasta diciembre de 2023: 20.661 pesos por hijo. Pero en enero de 2024, cuando la AUH se actualizó en un 100 por ciento, curiosamente las asignaciones familiares no: se mantuvieron congeladas. A partir de marzo, ambas asignaciones empezaron a recibir aumentos porcentualmente equivalentes, manteniendo la diferencia del aumento de enero. Es decir, que la asignación familiar por hijo para el asalariado registrado es, desde entonces, exactamente la mitad del valor de la AUH por cada hijo.

Los registrados, en desventaja

Este retraso relativo de las asignaciones familiares contributivas y el SMVM, las dos transferencias de política de ingresos que se aplica al mercado laboral registrado, es tan notorio que un simple ejercicio matemático revela que es más conveniente en lo inmediato, es más conveniente para el empleador y para el trabajador, un contrato no declarado para que el trabajador pueda seguir cobrando la AUH y la Tarjeta Alimentar junto con su salario "en negro", aunque sea menor que el SMVM, en vez de cobrar este último más las Asignaciones Familiares contributivas.

El ejemplo que aporta IPyPP es el siguiente: una persona asalariada registrada que percibe el SMVM y tiene dos hijos/hijas menores de edad, en enero de 2025 cobra $ 382.263 (286.711 en bruto más 95.552). Si la misma persona, por el mismo trabajo, recibe la mitad de un SMVM pero por un contrato no registrado, (143.355 pesos), con lo que sigue cobrando por AUH y Tarjeta Alimentar por los dos hijos (81.936 mas 191.040), terminará cobrando 416.331 pesos: un 9 por ciento más que si cobrara en blanco, incluso antes de los descuentos de ley (es decir, de bolsillo la diferencia es aun mayor). 

"Esta suerte de presión hacia el no registro se amplifica notoriamente desde la reforma laboral implementada por el gobierno de LLA, que eliminó la aplicación de multas al empleador que no registra a sus trabajadores", indica el informe. Son las "trampas" que presenta la política laboral actual para sectores de bajos ingresos. ?Qué va a motivar al trabajador a defender su registración, si la alternativa de estar "no declarado" lo beneficia, en lo inmediato, al igual que a su empleador? Y en tiempos de crisis, "lo inmediato" es la única perspectiva que existe.