El abogado Diego Breide pidió al Colegio de Abogados de Bariloche que denuncie ante el Consejo de la Magistratura al juez y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Rubén Marigo. Breide, quien días después de realizar la denuncia renunció a su cargo de subsecretario de Hacienda municipal, consideró que la intervención de Marigo ante la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu refleja una “clara militancia política partidaria” incompatible con el cargo de magistrado. Marigo consideró la denuncia en su contra como una “amenaza” tendiente a “amedrentar dentro del Poder Judicial, para que nadie se indiscipline”. Agrupaciones de abogados, gremios y organismos de derechos humanos le expresaron su apoyo. La decisión está, por estos días, en manos del Colegio de Abogados local. 

“Lo que ellos entienden como militancia partidaria es la defensa de derechos humanos, desde donde siempre ejercí la profesión”, respondió Marigo al petitorio que Breide presentó en su contra el jueves pasado y que recibió el apoyo de su colega Sebastián Alegre. Allí, Breide le pidió al Colegio de Abogados que analice elevar al Consejo de la Magistratura un pedido de sanción para el magistrado por haber sido uno de los referentes de la APDH que mantuvo contacto con la comunidad mapuche en el territorio de Villa Mascardi. “Mi intervención fue en calidad de referente de un organismo de derechos humanos para garantizar la vida de personas en un contexto de fuerte violencia, no como juez. Pero lo hubiera hecho, de ser necesario”, remarcó Marigo en diálogo con este diario.    

Breide, que era funcionario del municipio alineado a nivel nacional con Cambiemos, planteó en su nota que con su “intervención directa” en el marco del conflicto con la pu lof de Mascardi, el magistardo “públicamente expone posturas de clara militancia partidaria” tanto en su rol de abogado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche “como a través de sus redes sociales”. Y que si bien “no se trata” de cuestionar ni poner en tela de juicio” a esas posturas –también las llama “postulados políticos o ideológicos”— sino de “su incompatibilidad” con el cargo de juez. Para el denunciante, el hecho “evidencia un total desapego por la imparcialidad que todo magistrado debe respetar en el desempeño de sus funciones”.   

Entre la noche del sábado pasado y la tarde del domingo, intervino en calidad de referente y abogado de la APDH en el conflicto con la comunidad mapuche que recibió el ataque violento de las fuerzas de seguridad federales. Se acercó a la zona en donde el Grupo Albatros persiguió con armas de fuego a un grupo de miembros de la comunidad que estaban escondidos en la montaña desde el jueves –el primer intento de desalojo—, dialogó con la comunidad y, junto a referentes de otras organizaciones y de la Iglesia católica de Bariloche, trabajó para que se restableciera la mesa de diálogo con el objetivo de encontrar una solución consensuada al conflicto territorial. 

“Dicen en su nota que mi accionar es reflejo de una militancia política partidaria. En realidad yo ni expresé política partidaria ni ejercí la profesión en este caso. Yo ejercí la defensa de los derechos humanos, garantizar la vida y buscar una solución a un conflicto”, apuntó Marigo. 

Desde hace cinco años integra la Cámara del Trabajo de Bariloche y, de tanto en tanto, subroga en el fuero penal. Sin embargo, no encuentra en ese dato que su intervención en el conflicto con el Lof Lafken Winkul Mapu de Mascardi sea una violación a sus deberes de funcionario. Primero, porque se trata de una causa que tramita en el fuero penal federal, mientras que su intervención como juez subrogante es en el penal provincial. Pero, sobre todo, porque entiende que su accionar no lo convierte en parcial, tal como quien lo denuncia plantea. “Intervine con el objetivo de garantizar la vida de personas. Soy imparcial, pero no neutral. Entiendo el ejercicio de la profesión desde la defensa de los derechos humanos”. 

Marigo se estableció en San Carlos de Bariloche en 1973 cuando ya era abogado. Ejerció “desde el derecho laboral por la parte obrera” e intervino en causas de gatillo fácil. Formó parte de la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1983, del Comité Contra la Tortura e integró el grupo fundador de la delegación barilochense de la APDH. “Siempre, siempre milité en la defensa de los derechos humanos, siempre”, insistió.

La decisión la tiene el Colegio de Abogados de Bariloche, que debe decidir si avanza y eleva la demanda al Consejo de la Magistratura o no. Marigo cree que no va a prosperar, aunque de hacerlo “sería un retroceso importante”, evaluó: “Este no es un problema legal sino ideológico. Es una especie de amenaza, de intento de amedrentamiento en contra mío y de todo el poder judicial para que nadie se indiscipline”. 

De manera similar opinan desde los diferentes sectores que le expresaron apoyo. “Como hombre de derecho, como profesional, como representante de organizaciones de derechos humanos y en últimos tiempos como magistrado, Marigo ha honrado la profesión”, remarcó la defensora del pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, en una carta enviada al Colegio de Abogados. También expresó su apoyo la CTA de Río Negro. La Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina repudió la denuncia en contra del magistrado y consideró “aberrante” que un abogado local crea que “defender los derechos humanos es defender a ‘una parte’ de la sociedad”. En tanto, la Asociación de Abogados de Río Negro consideró que en lugar de ser sancionada, la labor de Marigo debe ser “reconocida”.