Desde que Javier Milei y Victoria Villarruel llegaron al poder, el proceso de verdad y justicia ha estado bajo asedio. En los últimos días, el ministro de Defensa, Luis Petri, se jactó de haber avanzado contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –que busca a los bebés robados durante la dictadura– o de haber terminado con los equipos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas. Los sitios de memoria se están quedando sin trabajadores al igual que varias áreas sensibles de la Secretaría de Derechos Humanos. El gobierno cerró el Centro Cultural Haroldo Conti, y no explica qué planes tiene para su futuro.

Bernard Duhaime es el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A menudo recibe informes sobre la situación de Argentina que documentan los retrocesos en la materia. En 2024, Duhaime envió tres comunicaciones al Estado argentino expresando su preocupación ante distintos hechos. Las notificaciones cursadas en mayo y en octubre fueron respondidas por el Gobierno. La última, emitida en noviembre, aún no tuvo contestación.

Desde Montreal, donde es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Quebec, Duhaime le concede una entrevista a Página/12 para repasar los peligros que acechan a la búsqueda de verdad y justicia. “Lo que me preocupa es que todo está ocurriendo en conjunto, que es una receta para la impunidad futura”, señala.

-¿Cómo describiría la situación en la Argentina?

--Me preocupa mucho. No fui a hacer una visita oficial, así que es difícil tener una perspectiva global. No tuve oportunidad de hablar directamente con diversos actores. En particular, en cuanto a los archivos del Ministerio de Defensa, hay informes temáticos que reiteran la importancia de mantener los archivos y de usarlos para la lucha contra la impunidad en contextos de transición.

--Ahora hay también preocupación por una decisión de la Armada de destruir archivos…

--Me preocupa muchísimo porque ya habíamos enviado comunicaciones al respecto e informado al Estado acerca de su obligación de preservar los archivos. Y ahora se conoce esto. No entiendo honestamente por qué destruir archivos cuando sabemos que son esenciales para procesos de búsqueda de la verdad y procesos judiciales tan importantes. Hemos expresado nuestra preocupación por actos de reivindicación de lo que pasó en la dictadura, por actos de exmilitares en la ESMA y por la visita a la penitenciaría de Ezeiza. Esos actos no deben ser tolerados porque son actos irreconciliables con la postura que el Estado debe tener con la lucha contra la impunidad y, en particular, la obligación de preservar la memoria y la verdad. Es algo que debería ser condenado de manera pública.

–¿Hubo otros temas que generaron alarma en estos meses?

– Hubo una comunicación en noviembre porque teníamos denuncias de que hay medidas destinadas a criminalizar la labor de escuelas o institutos de educación pública porque consideran que sus actividades son ideológicas o adoctrinamiento. Las violaciones a los derechos humanos establecidas por comisiones de la verdad y procesos judiciales son actos históricos, son hechos. No son una doctrina. Al contrario, es importante que los programas incluyan la memoria. Entiendo que los sitios de memoria están bajo reestructuración con limitaciones a su capacidad de operación. También hay un sitio de memoria, La Perla chica, que podría ser vendido. Hay que preservarlo. Es parte de la memoria colectiva. Es parte de la manera de acceder a la documentación, a las pruebas, a las experiencias que vivieron las víctimas en esos lugares. Esto ocurre al mismo tiempo en que hay proyectos, según entiendo, de reestructurar las instituciones encargadas de asegurar el derecho a la justicia de las víctimas, lo que también es una preocupación enorme. Porque esas instituciones habían hecho para el mundo un trabajo ejemplar en términos de investigación, de procesos judiciales. En todas partes del mundo se las veía como ejemplo de una buena práctica

--¿Se puede invocar una reducción de presupuesto para discontinuar la implementación de este tipo de políticas?

--El Estado debe demostrar que no afecta de ninguna manera los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, la eficacia de los procesos de investigación así como de reparación. Obviamente no voy a dictar a los Estados cómo manejar sus presupuesto ni cómo distribuir fondos para la educación o la salud, son todos derechos humanos para los cuales el Estado tiene que adoptar medidas y financiar las políticas. Lo que veo me preocupa mucho. Estas medidas no son ad hoc. Ocurren en un contexto: se dan al mismo tiempo en que hay tolerancia frente a actos reivindicatorios, que los diputados toman medidas revisionistas, que hay proyectos de ley para establecer la prescripción, que no se protegen los archivos. Lo que me preocupa es que todo está ocurriendo en conjunto, que es una receta para la impunidad futura. No quiero presumir de las intenciones del Estado detrás de estas medidas, pero me preocupa la coincidencia de todas estas medidas que ocurren al mismo tiempo dentro del contexto en el cual se banaliza lo que ocurrió.

–¿Qué implicancias tienen los retrocesos en esta materia?

– Sería catastrófico para la sociedad argentina que todo lo que se ha hecho se pierda y que haya que recomenzar con todos los esfuerzos, con las víctimas, con los testigos. Sería una pena tremenda. Puedo entender a las víctimas que se sienten revictimizadas en un contexto en el que se combinan todas estas medidas. La memoria colectiva es algo que forma parte de la identidad de un país, y define la manera en la que Argentina seguirá en el futuro. Sería irresponsable hacerlo sin considerar este pasado tan brutal.

–El gobierno dice que cerró la unidad especial de investigación que funcionaba dentro de la Conadi porque las investigaciones únicamente deben ser conducidas por la justicia. ¿Esto es así?

–Nuestra postura desde la comunidad internacional es considerar al Estado como una entidad que debe funcionar. No voy a empezar a dictar a los Estados cómo debería estructurar su constitución o su funcionamiento interno. Lo que sí puedo decir es que tienen la obligación de hacerlo de manera diligente y adecuada. Tanto el grupo de trabajo --al que pertenecía-- como el comité sobre las desapariciones forzadas han adoptado directrices sobre la búsqueda y la investigación. Ambos han reiterado la importancia de tener instituciones internas especializadas para tener una investigación completa. Se necesita una metodología de búsqueda interdisciplinaria. Tienen que integrar las nuevas tecnologías para buscar a las personas desaparecidas y esos expertos deben colaborar entre ellos. Por ejemplo, Argentina ha hecho grandes avances en materia de ADN. Los investigadores tienen una expertise que un magistrado no tiene. Esto es fundamental para acompañar las investigaciones penales.

--¿Le preocupa cómo el Estado nacional se refiere a los organismos de derechos humanos, dado que ellos vienen denunciando que sufren ataques?

-- No he recibido información sobre esto. Los estándares internacionales sobre esto son muy claros. La manera en la cual el Estado trato a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones de víctimas, tiene un impacto sobre su trabajo.

--¿Tiene previsto visitar la Argentina?

-- La relatoría no fue a Argentina. El grupo de trabajo lo hizo en 2009. Mi mandato es de seis años. Hay tiempo.

--¿Qué rol tiene la Argentina en el mundo en estos temas?

-- Argentina es un país especial para la justicia transicional. Dio tantos pasos importantes: comisiones de verdad, decisiones importantes de los tribunales, políticas de reparación considerables. Es como la génesis de la justicia transicional. Es obvio que es un país que la comunidad internacional observa con mucho interés y atención. Es un contraste tan grande lo que sucede ahora que pienso que los impactos podrían ir más allá del nivel nacional. En el mundo hay un contexto de fragilidad. En distintos lugares hay un revisionismo para relativizar el pasado. Eso será parte del estudio que espero hacer en los próximos años. La tendencia a banalizar el pasado es muy preocupante. Me preocupa mucho la tendencia que veo en distintos lugares: posturas oficiales que consideran que la lucha contra la impunidad es como si fuera un péndulo, que a veces es de una tendencia política y a veces la opuesta. No es así: debe ser constante para la protección de los derechos humanos y para la consolidación de la sociedad democrática. No es una moda.