El represor Luis Horacio Castillo, exoficial inspector de las brigadas de Investigaciones de Banfield y de Lanús, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, falleció este domingo a los 83 años. 

Dueño del Colegio San Diego de Wilde, institución que fundó en 1979 y de la que fue desvinculado recién en 2022 tras su procesamiento, fue condenado en marzo de 2024 junto a otros 9 acusados por crímenes contra 605 víctimas en las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo.

En el caso de Castillo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata lo consideró culpable como "coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencias o amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político, en 61 casos", detalló el sitio Fiscales.gob.

El represor fue condenado además por "privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político, en 29 casos". 

También por "abuso sexual con acceso carnal en 3 casos; abuso deshonesto en 5 casos; sustracción, retención y ocultación de una persona menor de 10 años en 3 casos, entre los cuales en 1 condenó por desaparición forzada; homicidio calificado por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en 3 casos; desaparición forzada agravada por el resultado de muerte en 2 casos; desaparición forzada en 25 casos; desaparición forzada agravada por tratarse de mujeres embarazadas en 5 casos; y desaparición forzada agravada por tratarse de personas menores de 18 años de edad en 4 casos".

Brigada de Investigaciones de la Bonaerense

Según el legajo de Castillo en la Policía Bonaerense, entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977 fue oficial inspector y luego ascendido a oficial principal de seguridad de lo que entonces era la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense que funcionaba en Vernet y Siciliano, Villa Centenario, Banfield. En esa dependencia, que a partir de enero de 1977 pasó a ser sede de la Brigada de Investigaciones de la fuerza conducida por Ramón Camps, ya funcionaba el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield.

Del mismo legajo surge que aquel marzo de 1977 Castillo fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense en Lanús, que entonces funcionaba en Avellaneda: "El Infierno". Allí fue reconocido y nombrado por dos sobrevivientes de ese campo de concentración: Mercedes Alvariño Blanco y Héctor Oscar Callejas.

En su testimonio, Callejas lo nombró por su apellido y lo identificó como el “jefe que estaba a cargo” de las y los detenidos clandestinos del lugar. Alvariño Blanco lo nombró por su apellido, lo describió físicamente y lo acusó de ser quien la obligó, bajo amenaza de muerte, a firmar una declaración falsa mientras ella estaba detenida de manera clandestina en El Infierno.

“Entró a mi celda con una silla y con un papel en la mano que decía que yo había sido detenida por tener en mi casa volantes y armas de la organización ERP y Montoneros”, testimonió la sobreviviente, que contó que se negó a obedecer: “Se puso nervioso y me dijo 'mirá Mercedes, a vos acá no te torturamos, porque no lo hacemos nosotros sino que estamos a las órdenes de los militares'. Yo seguí sin firmar y sacó de la cintura su arma y me dijo que firmara, entonces yo ante esa amenaza firmé y él se fue. Me dejó sin vendas”, continúa el testimonio, citado en el auto de procesamiento.

Dueño del Colegio San Diego

Castillo se retiró de la Policía bonaerense en 1986 con el rango de comisario. Para entonces, el Colegio San Diego, que había fundado junto a su esposa, llevaba cinco años funcionando en el terreno donde hoy continúa emplazado. Los comienzos, en 1979, habían sido en el sótano de la casa familiar –el matrimonio tuvo dos hijos– en Polonia y Mitre, Wilde, a modo de guardería.

En diálogo con Página/12, fuentes cercanas a la institución aseguraron que durante las últimas cuatro décadas no hubo certezas de la función policial de Castillo durante el Terrorismo de Estado, pero sí “muchas sospechas y mucho runrun, mucho cuchicheo”.  Las mismas fuentes también certifican que el colegio “siempre se mostró a la comunidad como una institución que imponía disciplina entre los pibes y pibas, como que de ahí salías derecho o derecho”.

Entre los recuerdos compartidos con este diario fueron mencionados los campamentos con la “presencia muy dura” de Castillo, que “siempre llevaba con él un bastón que golpeaba contra el piso cuando quería que se hiciera silencio, marcar presencia. Y lo lograba”.