El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció ayer que el ejercicio 2024 de la administración pública provincial arrojó un “superávit pequeño” de 132 mil millones de pesos, lo cual “permitió compensar el déficit del año 2023”, atravesado por una sequía histórica que repercutió en los recursos tributarios propios y nacionales. 

El funcionario no habló de ajuste, sino que explicó que “los gastos corrientes pudieron crecer un 22 por ciento por debajo de los recursos corrientes”. Asignó el resultado positivo a “la disciplina fiscal basada en eficiencia” y durante una rueda de prensa brindó algunos ejemplos que permitieron achicar gastos por 23.600 millones, apenas una parte del “ahorro” anual obtenido, cuyo detalle total no dio a conocer.

Al difundir púbicamente el resultado financiero de 2024, con un pequeño superávit, el gobierno de Santa Fe busca diferenciar el ajuste rabioso que aplica la Casa Rosada –con especial énfasis en jubilaciones y narrativamente simbolizado en la figura de la motosierra- del achique estatal “amable” que propone Unidos. 

Es decir, estar a tono con el clima de época que demanda reducción de las capacidades estatales, pero sin el “salvajismo” libertario. De hecho, Olivares destacó que se logró incrementar un 8,7% la inversión en gasto de capital durante 2024, “en un año recesivo”.

“En virtud de la sequía del año 2023 comenzamos la gestión con un déficit de 131 mil millones de pesos. Fue lo que pudimos lograr en el 2024 de signo inverso y de cuantía similar, que nos permitió compensar los efectos de ese déficit”, dijo Olivares sobre el superávit de 2024.

Explicó que ese ajuste en el gasto corriente de las cuentas públicas permitió reducir la deuda flotante de 2023 del 15,4 al 7,4 por ciento el ejercicio pasado. Puntualmente, se trataba de impagos con proveedores y contratistas del Estado y con municipios y comunas.

Olivares dijo durante la rueda de prensa, en la casa de gobierno en Santa Fe, que “los recursos corrientes crecen por debajo de la inflación”. Es decir que la provincia recaudó impuestos y recibió recursos coparticipables por debajo del Índice de Precios al Consumidor, cuyo acumulado en 2024 fue del 115 por ciento, y así y todo gastó menos. “Cayendo en términos reales (la recaudación), pudimos lograr que los gastos corrientes crezcan un 22,3 por ciento por debajo de los recursos”, explicó.

“Eso posibilitó un resultado operativo, llamado ahorro, de 764 mil millones de pesos. Ese ahorro nos permitió por un lado sostener una inversión en seguridad, el plan integral de obras públicas, en educación y en desarrollo productivo, y al mismo tiempo disminuir la incidencia de la deuda flotante”, sostuvo Olivares, para detallar que “este ahorro significó un 1.105 por ciento de la deuda flotante”.

¿Sólo eficiencia?

El ministro de Economía no planteó que se haya propiciado una política de ajuste del gasto público, sino una de “eficiencia” en la administración de esos recursos. Dio algunos ejemplos como la compra de raciones de alimentos para el Servicio Penitenciario, que “a través de mejoras en el proceso de adquisición, en diciembre de 2024 se pagó la ración al mismo valor que diciembre 2023”, a pesar una inflación del 115 por ciento anual, “generando un ahorro de $ 6.600 millones”.

También mencionó que en el primer semestre se redujeron 850 cargos, lo que significó un ahorro de $ 8.200 millones para 2024. 

En obra pública, la principal eficiencia estuvo en la reparación de las rutas, reduciendo el costo del bacheo entre un 20 % y un 60 % según el tipo de intervención, lo que generó un ahorro de $ 8.000 millones, detalló la Gobernación en un comunicado.

Además, sostuvo que, a través del fideicomiso con el Banco Municipal de Rosario, se redujo el 50% de los costos de los servicios en la autopista Rosario-Santa Fe, generando un ahorro de $ 800 millones. 

El total de esos ejemplos arroja una reducción del gasto por 23.600 millones de pesos, aunque el ajuste total permitió un superávit de 132 mil millones, arrancando de un déficit similar. Del resto del “ahorro” no se brindaron precisiones durante la rueda de prensa.

Olivares también se refirió a la reforma previsional en la Caja de Jubilaciones –que terminó el año con un déficit de 364 mil millones de pesos- y dijo que “se nota un inicio de la disminución del déficit” ya que “vemos que mes a mes el impacto de la modificación de la ley está comenzando a generar sus efectos, pero eso va a ser a largo plazo”.

Tributo a Galperín

El titular de la cartera económica también se refirió a la cuestión tributaria para 2025, tema de debate en la última semana con el pope de las fintech, Marcos Galperín, principal socio de Mercado Libre, quien en sintonía con la Casa Rosada y en medio de la discusión sobre las retenciones al agro, publicó un comunicado apuntando a Santa Fe como la provincia que posee un alícuota más alta del impuesto a los Ingresos Brutos. En amable coincidencia con el presidente Javier Milei, pidió la reducción de ese gravamen.

Olivares dijo que en la ley tributaria de este año hubo “distintos mecanismos que hemos puesto para disminuir la carga a quienes invierten, trabajan y producen en la provincia de Santa Fe”, lo cual marca una diferencia con la política nacional de beneficios al sector rentístico-financiero, y a algunas actividades extractivas de baja incidencia en la demanda de mano de obra.

El encargado de la hacienda provincial puntualizó: “Hemos establecido beneficios que se van a intensificar”, mediante un “mecanismo que nos permita combinar dos cosas”. Detectar la evasión fiscal, intentar regularizarla y, con la ampliación de esos recursos, reducir la carga “de aquellos que son buenos contribuyentes”.

En esa línea, sin mencionar a Galperín en forma directa, explicó que la Casa Gris procurará “disminuir la carga tributaria de aquellos que venden en blanco”, cosa que no siempre ocurre a través de la plataforma de Mercado Libre.

“Estamos hablando de volúmenes de 48 mil transacciones en diciembre hechas a través de sujetos que no están inscriptos en la provincia de Santa Fe ni en ninguna otra provincia, pero la mayoría de ellos no están inscriptos tampoco en Arca (ex Afip)”, precisó Olivares.

Y afirmó que lo que las operaciones detectadas “no tributan en Santa Fe ni tampoco lo hacen en la Nación, y son casi 900 millones de pesos al mes de este tipo de transacciones”.