![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-10/adriana-meyer_0.jpg?itok=DWW-ffmn)
El Lof Paicil Antriao, zonal Lafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén, junto al Tribunal Ético Popular, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas solicitaron al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y al Intendente de Villa La Angostura Javier Murer la reapertura de la mesa de diálogo. En una conferencia de prensa realizada en la Casa de la provincia de Neuquén en CABA, expresaron que ése es el "único medio para evitar una salida represiva con consecuencias violentas". A pesar de los documentos y registros que demuestran que se trata de una comunidad ancestral, pesa sobre ella una orden de desalojo, en el sector del camping El Correntoso.
En una carta dirigida al mandatario expresaron que "en tiempos donde se reafirman públicamente discursos que alientan el racismo y la discriminación, desde la comunidad reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones que fortalezcan el diálogo y la paz social en Villa la Angostura". Participaron de la conferencia el werken (vocero) de Paicil Antriao, Lorenzo Loncón, la diputada Mónica Schlotthauer, la activista Claudia Korol, la abogada Paula Mamani, Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, y el ex diputado neuquino Raúl Godoy, entre otros.
"Es una comunidad que no tendría que ser discutida, solamente la cuestionan porque está ubicada en un paraíso turístico que es un negocio muy grande", dijo a Página/12 la antropóloga Alejandra Pérez. Esta docente investigadora de la UBA y de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jauretche) explicó que sus integrantes están siendo estigmatizados desde hace muchos años, con causas judiciales iniciadas incluso contra su lonko. En esta ocasión, el conflicto es por el intento de desalojo del camping El Correntoso.
"Este sector del lote fue prestado por la comunidad al municipio, y luego las autoridades se negaron a restituirlo, lo cual dio inicio a un conflicto que derivó en una concesión que le otorgaron a Sofía Antriao", indicó Pérez. La antropóloga manifestó que muchos de los despojos tienen como común denominador que "son propiedades sin propietarios, es decir que lo enajenan, tramitan los títulos pero la gente que lo habita no lo sabe, entonces cuando tienen todos los papeles como para validarlo intentan desalojarlos". En 2000 fue el primer operativo de desalojo, pero la comunidad resistió y se quedó.
De la conferencia de prensa de ayer surge que la comunidad Paicil Antriao pretende que interceda el gobernador Figueroa, porque incluso el Concejo Deliberante de Villa La Angostura se pronunció a favor del desalojo. "El gobernador se llama Figueroa Purrán, al igual que el intendente, son descendientes de Paicil", apunta Pérez, pero aclara que ahora responden a otros intereses. Lo que se les pide es reponer la mesa de diálogo que existía antes de las medidas dictadas por el gobierno de Javier Milei. "Demoraron la carpeta técnica, que es la principal prueba de la comunidad porque ahí consta que el INAI relevó que los mapuche están en uso tradicional del sector. Y la orden de desalojo dictada en contra de la comunidad que estaba frenada por la ley 26.160 se volvió a activar tras la derogación de esa norma por parte del gobierno", describió.
En ese contexto, el intendente Murer se retiró de la mesa de diálogo y puso condiciones muy duras que la comunidad, no va a aceptar. "De las 625 hectáreas les han saqueado 500, de modo que no hay mucho más para negociar, si sigue cediendo a la comunidad no le queda espacio para habitar", remató Pérez. "Lo llamativo es que la provincia había reconocido los derechos del pueblo nación mapuche, pero ahora en Villa La Angostura y en Vaca Muerta ya no reconoce a las comunidades, es para preguntarse qué intereses hay detrás", concluyó.
