Durante todo el fin de semana y hasta ayer continuaba la tensión entre una familia criolla y la Comunidad wichí Algarrobito por la ocupación del territorio. 

Esta Comunidad está en Fortín Dragones, en jurisdicción de Embarcación, municipio del departamento San Martín, más de 360 kilómetros al norte de la ciudad de Salta. Su presidente, Jorge Vázquez, contó a Salta/12 que el viernes último una familia no indígena puso postes y alambró un terreno de 20 por 30 metros dentro del territorio que la comunidad reclama como propio.

Según surge de un audio al que accedió este diario, la familia criolla reclamó el terreno tras una presunta venta realizada al parecer por integrantes de la misma comunidad. Pero cuando las autoridades de Algarrobito les pidieron los papeles de la venta, no los presentaron.

Ante ello, Vázquez aseguró que no tendrían por qué reclamar ninguna propiedad. Por su parte, fuentes de la Fiscalía de Embarcación afirmaron que si bien se expuso la situación, no estaría todavía determinado de quién es la propiedad en disputa.

Frente a la falta de acción de autoridades, la comunidad decidió sacar por sus propios medios los postes y el alambrado el sábado por la mañana. A su vez, la familia criolla volvió a reinstalar el cerco y puso adentro una carpa. “Tienen armas de fuego y armas blancas y nos amenazan constantemente. No podemos estar tranquilos y están sobre un camino vecinal”, dijo Vázquez.

Si bien la Policía fue hasta el lugar, “solo vieron y se fueron”, afirmó el referente. Sostuvo que presentaron una denuncia en la Fiscalía pero no hay respuestas, y que también solicitaron la intervención de la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero tampoco hubo respuestas.

Según el relevamiento aprobado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el terreno que ahora está en disputa está dentro del territorio comunitario de 4.120 hectáreas relevados como de ocupación ancestral de esta Comunidad. 

Vázquez subrayó que la familia criolla se asentó dentro de ese territorio reconocido como de la comunidad y por lo tanto, no está sujeto a venta alguna dado que es comunitario.

Nuevo golpe a las comunidades

Ayer, por resolución 8/2025, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), derogó la resolución 235/2004 del organismo nacional y dio de baja al Programa de Fortalecimiento Comunitario.

A través de este Programa ahora erradicado se otorgaban subsidios para que las comunidades pudiesen afrontar los gastos de quienes los representaban legalmente ante la Justicia en diversos trámites ante situaciones que ponían en riesgo la ocupación de las tierras que les corresponden por derecho ancestral.

“Desde la asunción del actual Gobierno Nacional (…), se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional”, indica la resolución que se basa en el decreto 70/2023 para afirmar que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

En este cuadro, un programa como el mencionado “no responde a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, indica la resolución firmada por el actual presidente del INAI, Claudio Avruj.

La resolución agrega presuntas irregularidades en la rendición de los subsidios no reintegrables y que es necesario “readecuar, reconfigurar y optimizar los recursos del Estado Nacional a los efectos de planificar e implementar políticas públicas de acceso a justicia, asesoramiento jurídico e instrumentación de mecanismos de reclamos efectivos para las comunidades indígenas”. A pesar de esta afirmación, contradictoriamente, se decide “dar de baja” el Programa de Fortalecimiento Comunitario. 

En Salta, las comunidades más complicadas ante la decisión tomada son las ubicadas en la zona de Los Valles Calchaquíes y la Puna.

Al respecto, Verónica Huber, abogada que trabaja con comunidades indígenas, indicó a Salta/12 que “en realidad esto se veía como previsible”, dado que el gobierno de Javier Milei “está desmantelando todas las estructuras que tienen que ver con la protección de derechos de minorías de todo tipo”. En este sentido, añadió que los “pueblos indígenas no son de su prioridad ni interés”, y con una resolución como la de ayer se les niega el acceso a la Justicia.

Huber dijo que por el momento las organizaciones indígenas “están viendo en la medida de lo posible como solucionar esta situación”. Por otro lado, afirmó que existe compromiso de abogadas y abogados que intervienen en litigios que involucran a pueblos originarios para sostener la defensa de las comunidades ante los conflictos que se esperan. Y es que el gobierno nacional también derogó la emergencia territorial indígena y en este marco este “va a ser un año de mucho conflicto jurídico y las comunidades van a necesitar más que nunca el apoyo técnico” de los profesionales del derecho. “Y el gobierno busca que no lo tengan”, afirmó.