El desplazamiento de comunidades y la profundización de una crisis hídrica son solo dos de las consecuencias a corto plazo que traería para El Salvador la reactivación de la minería metálica. La industria minera estuvo prohibida en el país centroamericano desde 2017 hasta el pasado 23 de diciembre, cuando el Congreso -donde el presidente Nayib Bukele tiene mayoría- revirtió dicha prohibición en una sesión plenaria exprés. Esta reactivación ocurre justo al mismo tiempo en que la Justicia profundiza la persecución contra los ambientalistas de las zonas donde la minería podría establecerse primero.

“La minería puede dejar a El Salvador como la superficie de la luna dentro de poco tiempo. La minería a nivel industrial desplaza a poblaciones, deja a gente sin sus lugares de origen. Realmente es una situación que nos hace cuestionar si será viable sostener la vida en un país”, advierte Andrés Mckinley, experto en agua y minería de la vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.

Mckinley estudia los efectos de la minería en América y África, y ejemplifica de forma básica los daños que esta industria traería para El Salvador: para lograr el oro equivalente a un anillo se necesitan procesar 20 toneladas de roca. Por lo tanto, en tres años, el suelo salvadoreño estaría lleno de cráteres parecidos a los de la luna.

Para volver a legalizar la minería, las y los diputados no realizaron ninguna consulta pública y el Gobierno dejó bajo reserva los supuestos estudios científicos realizados para justificar dicha actividad a escalas industriales. Para darse una idea, la extensión territorial de El Salvador es mucho menor a la de Uruguay.

Según Mckinley no solo su geografía hace inviable esta actividad a gran escala, sino que además la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas considera a El Salvador uno de los países en América Latina con mayor deterioro ambiental por la destrucción de sus bosques nativos y sus suelos a causa de malas prácticas agrícolas.

En ese sentido, dice el especialista, hay estudios que establecen que en los últimos cinco años se ha agudizado la crisis hídrica por la baja disponibilidad de agua por personas en El Salvador: de 3 mil metros cúbicos pasó a 1,700 metros cúbicos anuales. Cualquier mina industrial necesita hasta seis millones de litros de agua diarios para funcionar.

Ni hablar de las secuelas químicas que la industria puede dejar, como las lagunas de cianuro que quedan como residuo de la actividad minera, tardan en disolverse y pueden llegar a los mantos acuíferos subterráneos. Mckinley destaca que basta con lo equivalente a un grano de arroz de cianuro para morir por envenenamiento.

Redes sociales versus ciencia

El 27 de noviembre, Bukele publicó en la red social X que El Salvador tenía “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, al tiempo de que trató de “absurdo” que fuese el único país a nivel mundial que hasta entonces prohibía la minería.

En menos de un mes, el Congreso revirtió esa prohibición y entonces cientos de personas y organizaciones comenzaron a organizarse para oponerse a la medida, como la manifestación masiva convocada el 19 de enero en la capital salvadoreña, San Salvador; y la actual recolección de firmas para expresar el rechazo a esta decisión inconsulta.

De acuerdo con la última encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia, la decisión de permitir la minera coincide con la mayor caída de la imagen de Bukele en casi seis años como mandatario, de 8.4% al 7.7%.

Y es que el mandatario salvadoreño asegura, sin publicar estudios, que en un 4% del área potencial estudiada para la minería identificaron 50 millones de onzas de oro, pero que, en su totalidad, la reserva de oro del país equivale a 3 billones de dólares. Sin embargo, recientemente Steven Emerman, experto en hidrogeología y consultor internacional de minería, publicó un artículo en la página de la organización Heinrich-Böll-Stiftung en el que compara las reservas mundiales de oro y su valor económico, para concluir que las publicaciones de Bukele son “inconsistentes” respecto a datos globales.

Defensores ambientales en la mira

Días antes de la reactivación de la minería metálica en El Salvador, el 27 de noviembre una cámara penal revirtió el fallo por el que, en septiembre pasado, habían sido absueltos seis personas acusadas del asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil e interna salvadoreña (1980-1992). Cinco de los procesados son defensores ambientales de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, a casi 50 kilómetros de la capital y que es referente en la lucha antiminera. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales consideran que la causa judicial se trata de una persecución por su trabajo de activistas.

Desde que estos defensores ambientales fueron detenidos, la comunidad Santa Marta señaló que el objetivo del Gobierno era la reactivación de la minería en El Salvador, algo que no muchos creyeron. Esto es lo que cuenta Peter Natarén, presidente de la Cooperativa Santa Marta y miembro de la Mesa Nacional contra la Minería, creada en 2003. Además, se trata de un proceso irregular reabierto en la administración del fiscal general Rodolfo Delgado, colocado en su cargo por los y las diputadas afines a Bukele sin un proceso constitucional.

Natarén señala que las detenciones de los ambientalistas hicieron más fuertes las sospechas de la reversión de la minería, ya que nunca habían escuchado a Bukele pronunciarse a favor del ambientalismo. Asimismo, agrega Natarén, los terrenos que vecinos de Cabañas habían adquirido a Pacific Rim -una minera canadiense que en 2016 perdió un arbitraje internacional contra El Salvador- fueron comprados por empresas supuestamente financiadas con fondos extranjeros y también, en 2022, a la zona llegaron representantes de la minera Titan Resources Limited -con sede en el país vecino de Honduras y Perú- a ofrecerles gratuitamente invernaderos y estanques de peces a algunos vecinos, sin dejar rastro del origen de lo fondos de esos proyectos.

Pero la alerta se activó cuando Bukele hizo públicas sus intenciones de volver a la minería a través de las redes sociales, porque en Cabañas la lucha contra la prohibición de esta industria conllevó al asesinato de cuatro ambientalistas. “Para ellos, los ambientalistas de Santa Marta son un peligro, porque pueden generar un movimiento de resistencia. Por eso los habrían capturado previamente”, sostiene Natarén.

Ahora el escenario para la lucha contra la minería es diferente. Si bien la exploración minera aún no comienza, diversas investigaciones periodísticas dan cuenta del desplazamiento de comunidades campesinas en el centro y en el oriente del país por la ejecución de otros proyectos públicos y privados bajo el aval del Gobierno.

Bukele fue reelecto en 2023, pese a que la Constitución prohíbe las reelecciones inmediatas de los mandatarios, y mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción en respuesta a la violencia pandilleril, una medida que se caracteriza por la militarización de los espacios públicos y que fue denunciada internacionalmente por la violación sistemática de derechos humanos.

Desde 2021 logró la cooptación del Estado, destituyendo por medio de un Congreso afín, al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional de la Corte, para imponer a Delgado y otros funcionarios simpatizantes del Gobierno.

En este contexto y ante el descontento social, según Natarén, Bukele solo tiene dos posibilidades con la minería: hacer uso de la Fuerza Armada para avanzar con esta industria o retroceder si la sociedad civil presenta una demanda a la Corte, la cual también depende de él. “Es un tipo bastante egoísta, que no quiere escuchar a la iglesia, a las universidades ni a sus propios votantes. Miles que lo votaron no lo aprueban en este tema”, concluye Natarén.