Esta semana, el Gobierno nacional aplicó la motosierra sobre regulaciones que defendían a los consumidores al disolver el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones (Coprec). Desde las organizaciones del sector sostienen que la medida es un retroceso para la ciudadanía porque eliminó "un instrumento que mostraba buenos resultados" con el objetivo de "favorecer a las corporaciones". 

Bajo el paraguas de la Ley Bases, con el Decreto 55/2025 la gestión suprimió el sistema creado por Ley 26.993, en 2014. "El problema es que destruyeron un mecanismo que no existe en ningún otro código de procedimientos, ya que incluía la resolución de conflicto obligatoria para iniciar una acción judicial", afirmó a Página/12 Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc).

La norma permitía acortar los plazos de las demandas de usuarios y consumidores contra las empresas y que estas paguen los resarcimientos sin pasar por una instancia judicial más extensa y con mayores costos.

El proceso constaba de una conciliación obligatoria, un auditor administrativo en el Poder Ejecutivo y creaba ocho juzgados y una cámara con dos salas en el Poder Judicial para resolver los conflictos en relaciones de consumo. "Durante el gobierno de Mauricio Macri suspendió las dos partes que son el auditor y los jueces, tal es así que no hay jueces en derecho al consumidor a la Nación", recordó Bassano. Pero el Coprec continuó funcionando y "con muy buena utilidad": empresas reincidentes recibieron sanciones y se resolvieron distintas situaciones de conflicto. 

"La pérdida del servicio ocasiona un grave prejuicio a la población porque se trataba de un sistema gratuito que evitaba desembolsar dinero en una mediación, necesaria para acceder a la justicia", cuestionó el referente de Adduc. 

Por su parte, Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores (UCU) consideró que "en ese tipo de espacios los niveles de acuerdos para los reclamos son muy altos: siete u ocho de cada diez se solucionan de forma favorable al consumidor".

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial argumenta que la iniciativa avanza "hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos". Para Bassano, en cambio, la decisión genera más centralización y problemas. "Ahora todo va a quedar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan solo dos  juzgados especializados que están totalmente abarrotados. El sistema no puede soportar 47 millones de reclamos que si podían continuar en el Coprec de forma virtual", opinó el especialista. 

Sucede que la mayoría de los proveedores y grandes compañías tienen domicilio en la Capital Federal, entonces los reclamos se concentran en territorio porteño. "Los únicos beneficiados son las corporaciones y el consumidor tendrá que recurrir a los organismos de las provincias, rechazados muchas veces por las empresas", insistió. Entonces comienza la peregrinación hacia la Ciudad de Buenos Aires donde se requiere de una mediación y la iniciación de juicios que pueden durar entre cinco y diez años. 

"Al desaparecer el espacio nacional, los ámbitos municipales y provinciales retoman fortaleza para defensa de consumidores. Sin embargo no siempre es suficiente, por eso el uso del Coprec era tan masivo", relató Boada a Página/12. 

Para la aplicación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones , existía una instancia de aceptación y capacitación de "conciliadores" encargados de resolver las demandas de forma expeditiva antes de que intervenga el Poder Judicial. Los mediadores debían estar inscriptos en un registro dependiente del Ministerio de Justicia y su capacitación a cargo de la Secretaría de Comercio. El registro también fue suprimido por el nuevo decreto.

En cambio, la norma ahora vigente mantiene a la Secretaría de Industria y Comercio como autoridad de aplicación para que a través de la "Ventanilla Única Federal", distribuya y asigne los reclamos interpuestos por los consumidores a las oficinas de Defensa del Consumido (Ley 24.240) en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

"Atenta contra el federalismo porque el Coprec abarcaba y asistía a usuarios y consumidores en toda la Argentina. La población se queda así sin un espacio donde gestionar los reclamos y denunciar a las empresas que violan sus derechos consagrados en la Constitución nacional desde 1994", aseguró a Página/12 Andrea Giúdice, directora del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de la Abogacía de La Plata.

La resolución también eliminó la “Fondo de Financiamiento” creado dentro del Ministerio de Economía para amortizar los costos de los honorarios de los conciliadores y asegurar la finalización de las mediaciones que aún permanecieran en curso. 

"El Coprec se sustentaba a través de lo recaudado por las tasas de acuerdo y de homologación", explicó el referente de UCU. Además agregó: "el organismo tenía alrededor de 300 abogados activos capacitados para llevar adelante las conciliaciones. Por lo tanto la pérdida es muy significativa".

De igual manera, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal,  Ricardo Gil Lavedra, evaluó que “podría afectar de forma directa a los abogados y abogadas que trabajan de manera independiente en cuestiones de consumo”. Al mismo tiempo, el excamarista convocó a las autoridades competentes a preservar el trabajo de los conciliadores.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en esta oportunidad, justificó la aplicación de la motosierra porque con "un supuesto objetivo “noble” que buscaba la protección de consumidores, se armaba una capa duplicada de Estado, con puestos militantes rentados o se desviaban recursos para darle poder a sus funcionarios.

"No existe una capa duplicada de reclamos sino un ataque directo a los consumidores", reprochó Bassano. "Si no leen bien la Constitución no entienden que hay dos partes: consumidor y el proveedor. El primero es el débil jurídico que el Estado debe proteger", sentenció. 

Desde el Coprec se habían aplicado distintas sanciones a bancos, telefonías, prepagas, empresas de cable. 

"Una persona realiza por día entre 15 y 19 relaciones de consumo. En el 60 por ciento hay conflicto. De estos, se solucionaban el 3 o 4 por ciento. Con la ausencia del Estado, menos del 1 por ciento llega a buen puerto. El resto abandona los reclamos. Al consumidor solo le queda la bronca porque dentro de la sociedad no encuentra una solución y a lo largo del tiempo esa bronca se transforma en violencia", advirtió el presidente de Adduc.