En San Isidro, dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se movilizan en un Falcon verde, emblema de la última dictadura. A bordo de ese automóvil fueron a borrar el mural en el que se celebraba que las Abuelas de Plaza de Mayo siguen encontrando nietos. El video, que trascendió hace diez días, causó escozor, y ya tiene su correlato en los tribunales. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le pidió a la justicia electoral que investigue el episodio.

La presentación fue hecha este martes en el juzgado federal 1 de La Plata, que ocupa Alejo Ramos Padilla. El escrito fue firmado por el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, y su par de Política Criminal, Lisandro Pellegrini.

El video de las andanzas de LLA San Isidro está colgado en el Instagram partidario. “Los defensores del tirano Maduro volvieron a vandalizar propiedad privada del Jockey Club”, se lo escucha decir a Pipo Paolucci, quien fue candidato de LLA a intendente en San Isidro, en la filmación.

También se lo ve a Agustín Castiglione, un estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica Argentina (UCA), distribuyendo pintura y rodillos. “Los jóvenes no vamos a permitir que se nos llene las cabezas con falsas historias. Nosotros siempre vamos a defender la verdad, la verdadera historia y la historia completa”, dice mirando a cámara.

El video termina con Castiglione guardando los tarros de pintura en el baúl del Falcon verde, donde los grupos de tareas solían trasladar a sus secuestrados. “Trabajo terminado”, dice. Según La Política Online, Castiglione es el propietario del Falcon verde.

Quienes compartieron esas publicaciones en redes sociales son Paolucci, Mateo Serván, Ian Molina y Castiglione. Todos tienen inserción en la política más grande de LLA. Varios de ellos estuvieron en diciembre en el Congreso cuando se eligieron las autoridades de la Cámara de Diputados. De traje y corbata, se fotografiaron afuera de uno de los palcos y compartieron la imagen con una felicitación a Martín Menem, presidente de la Cámara baja.

Para Moreno y Pellegrini, el episodio representa un hecho de gravedad institucional porque “reivindican símbolos paradigmáticos de los dispositivos desplegados por la última dictadura cívico militar”, según puede leerse en la presentación a la que accedió Página/12. Los funcionarios destacan que desde el Juicio a las Juntas quedó acreditado ante los tribunales que los grupos de tareas se movían en los Falcon verde. Marcan, por ejemplo, que hasta revistas dedicadas al rubro automovilístico asocian ese modelo de coches con la represión del terrorismo de Estado.

“Lo que se solicita en esta presentación no es en modo alguno ni bajo ninguna circunstancia que el Sr. Juez titular del Juzgado Federal con competencia electoral ejerza un control ideológico-programático sobre el partido la Libertad Avanza que ha obtenido recientemente el reconocimiento definitivo de la personería jurídico-política como partido de distrito en la Provincia de Buenos Aires, cosa vedada por el sistema establecido en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298, sino que se investiguen las responsabilidades de los dirigentes partidarios Rodofo ‘Pipo’ Paolucci, Mateo Servan, Ian Molina y Agustín Castiglione (respecto de la Declaración de Principios que registró su propio partido) que han difundido videos en las redes sociales para publicitar actividades políticas en representación del partido ‘La Libertad Avanza, San Isidro, Juventud’, utilizando un vehículo marca Ford Falcon de tonalidad verde, que resulta un emblema de la última dictadura cívico-militar en general y del terrorismo de Estado en particular”, remarcaron en el escrito.

“Al tratarse de una directa reivindicación del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar y sus responsables, configura un discurso de incitación al odio y la violencia contrario a todos los principios democráticos de un Estado de derecho”, subrayaron.

Desde el Ministerio de Justicia bonaerense pidieron tener en consideración el contexto en el que el paseo –y su posterior video en redes– tuvo lugar: la ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos con la “clara intención de terminar con las políticas de memoria, verdad y justicia”, los discursos negacionistas y los discursos de odio por parte de funcionarios del gobierno nacional.

Resaltaron, sin ir más lejos, el tuit con el que se despachó el 21 de enero el presidente Javier Milei en el que, para defender al magnate Elon Musk, amenazaba con “ir a buscar hasta el último rincón del planeta” a quienes él considera “zurdos hijos de putas”. Por esta diatriba, Milei coleccionó varias denuncias en los tribunales de Comodoro Py, presentadas por el dirigente de ATE Daniel "Tano" Catalano, el abogado Gregorio Dalbón y la dirigente del Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, entre otros.