Diversos organismos de derechos humanos realizarán a partir de este miércoles una serie de actividades en Tucumán para conmemorar el 50° aniversario del Operativo Independencia, ejecutado durante el gobierno interino de María Estela Martínez de Perón, que dejó más de 800 víctimas en decenas de centros clandestinos de detención. Habrá actividades en diversos puntos de la provincia que se extenderán hasta el 17 de febrero, donde se hará una convocatoria en la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Miguel de Tucumán para exigir el inicio del juicio contra los exdirectivos de un ingenio azucarero acusados de participar en delitos de lesa humanidad. Numerosas agrupaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales de todo el país expresaron su adhesión a las actividades.
La serie de actividades conmemorativas iniciarán este miércoles 5 de febrero en la Escuelita de Famaillá, sitio tristemente conocido por haber sido el primer centro clandestino de detención de la Argentina. Desde las 17 se realizará un acto público con música en vivo, muestras fotográficas y los testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas. Los eventos continuarán el 7 de febrero en Tafí Viejo y el 8 en la localidad de Santa Lucía, y finalizarán el 17 de febrero desde las 9 con una convocatoria frente al TOF de la capital provincial, para exigir que se fije la fecha de inicio del juicio contra los exdirectivos del ingenio La Fronterita por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro de la fábrica.
Entre las numerosas organizaciones de derechos humanos que convocan y adhieren a las actividades se encuentran la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Tucumán, H.I.J.O.S. Tucumán, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Grupo de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora CABA, entre otras. También se sumaron las regionales diversos sindicatos, como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo (Stihmpra) y la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra), y partidos políticos como Patria Grande, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, Partido Solidario y Los Irrompibles, entre otros.
El Decreto N° 261 firmado por María Estela Martínez de Perón el 5 de febrero de 1975 autorizó la ocupación militar de Tucumán, para “aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos” que se habían instalado en el monte tucumano. Inmediatamente, 5000 efectivos del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería se desplegaron en el territorio provincial. Más de 800 personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por las fuerzas represivas, que utilizaron 80 centros clandestinos de detención, entre ellos la Escuelita de Famaillá y bases militares ubicadas en propiedades de ingenios azucareros como La Fronterita, Lules y Santa Lucía.
“El Operativo Independencia se publicitó como una iniciativa contra la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pero fue mucho más que eso”, recordaron los organismos de derechos humanos en el texto de la convocatoria y agregaron que “representó el inicio de un plan genocida dirigido contra militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosas de distintas orientaciones ideológicas y con diferentes horizontes de cambio”. Los trabajadores azucareros y sus representantes sindicales fueron de las principales victímas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Operativo, iniciado poco más de un año antes del golpe de Estado de 1976. El ataque a los trabajadores “permitió profundizar una serie de transformaciones económicas, productivas, laborales y sociales cuyas consecuencias llegan hasta hoy”, añadieron.
