En lo que pretende ser una muestra de "aceleración" y minimizar la masiva marcha antifascista, el Gobierno salió a anunciar una mínima modificación de la Ley de Identidad de Género: pretende que los procesos de hormonización, que en la actual se habilita a los 16 años -con autorización de los padres- desde ahora sea a partir de los 18 años. También decretó que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado al momento del hecho delictivo.
"La oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Mieli ha tomado la decisión de prohibir los tratamientos y cirugías para cambios de género en menores de edad", comienza el comunicado difundido por la Oficina de Presidencia. Asimismo, el Gobierno en su argumentación insistió con la idea de vincular la ideología de género con el abuso infantil: "La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil", expone el escrito.
Y agrega, sin ningún tiempo de aval científico, que "los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental".
La medida pretende polemizar y así, evitar que la manifestación antifascista crezca en población y reclamos. Días atrás, en una suerte de anticipo, el Gobierno nacional había instalado la fake news de que en la Provincia de Buenos Aires existían 240 centros de hormanización -que los funcionarios bonaerenses negaron- y ni siquiera dieron detalles sobre cuántos adolescentes de 18 años inciaron el proceso.
Fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien le respondió directamente al Ejecutivo y explicó que lo que existen son "consultorios con perspectiva inclusiva", que son "espacios preparados con formación especial para atender a una población con menor expectativa de vida, por varias razones, pero entre ellas la falta de acceso adecuado a la salud". Asimismo, aseguró que esos consultorios "no son centros de hormonización y no se hacen cirugías de reasignación de género en menores".
"La identidad de género en nuestro país es una Ley, que incluye aspectos sanitarios. No es una opción del presidente cumplir o no las leyes, está obligado. Mentir y confundir todo es solo muestra de ignorancia, maldad y homofobia”, sentenció el funcionario bonaerense.
Hasta ahora, la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, permitía que un menor de edad se sometiera a estos procedimientos con el consentimiento de sus padres, y en caso de desacuerdo, era posible acudir a la Justicia para obtener una autorización. Con el nuevo decreto, se prohibirán tanto los tratamientos hormonales como las cirugías de reasignación sexual en menores de 18 años.
Esta nueva embestida antiderechos, que carece de algún dato o estadística veraz, ya generó reacciones. "Vamos a recurrir a la Justicia y la Corte Interamericana si es necesario Milei no puede modificar una ley por decreto", expresó la Federación Argentina LGBT+.
Cárceles
En otro tramo del comunicado, el Gobierno informó que también quedará prohibibido el cambio de género en cárceles. "El Presidente de la Nación también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa de cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra", comunicó.
Además, a partir de ahora,"ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine".
“El sistema actual se convirtió en una herramienta para que condenados, incluso por violencia contra las mujeres, vuelvan a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Y aseguró que con esta modificación, el Ejecutivo busca “garantizar la seguridad de todas las detenidas” y “terminar con los abusos derivados de lo que califican como una imposición ideológica”.
Sin embargo, de acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado, solo dos personas privadas de libertad solicitaron traslado por cambio de identidad en cárceles federales.
Asimismo, en el sistema penitenciario bonaerense, en el 99 por ciento de los casos el cambio fue antes de ser detenidas. En tanto, en Santa Fe solo hubo tres solicitudes en 10 años, mientras que en Córdoba hay 28 personas trans detenidas.
Pese a estos datos de la realidad, el Gobierno insiste con que estas medidas van en línea con su objetivo de combatir el "extremismo de género", para "poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes".
