Si Donal Trump hace puchero, Milei hace puchero. La insólita decisión del Gobierno de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la par de las consecunecias que generaría en materia de política sanitaria, también disparó un debate sobre su factibilidad. Los mecanismos para que el Ejecutivo concrete el anuncio son complejos y para nada lineales. La adhesión de Argentina al organismo data desde 1948, y tiene vigencia a través de una ley nacional votada ese mismo año, la 13211. Por lo que algunos especialistas, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuestionaron que la administración libertaria pueda desvincularse fácilmente del organismo. Según su interpretación de los tratados internacionales a los que el país adhirió, cualquier Estado que quiera retirarse de la OMS "deberá notificar por lo menos con doce meses de antelación su intención de denunciar un tratado", es decir, hay un plazo de por lo menos un año hasta la concreción de la medida. Además, sostuvo, "en la medida que se interprete que la Constitución de la OMS habilita implícitamente el retiro, para que el Estado argentino pueda “irse” de la OMS se requiere la aprobación previa del Congreso con una mayoría simple".

DNU o ley del Congreso

"Apruébase la constitución de la Organización Mundial de la Salud y el protocolo concerniente a la Oficina Internacional de Higiene pública, documentos firmados en Nueva York por los delegados argentinos, el 22 de Julio de 1946", dice el artículo primero de la ley en cuestión, la 13211, que lleva las firmas de Hortensio Quijano y Héctor J. Cámpora, quienes en 1948 presidían el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. Respecto de su letra hay interpretaciones que dispararon un debate político. Mientras algunos especialistas --como Gil Domínguez-- dicen que mediante esa norma se autoriza la conformación y el ingreso de la Argentina y que, por eso la salida debería pasar también por el Congreso, otros sostienen que eso no es vinculante porque la OMS se mueve por convenios y la permanencia o no del país la define el Ejecutivo mediante la Cancillería. 

"Seguimos trabajando en escenarios hasta que desde el Ejecutivo avancen", expresaron desde la oposición, pero aclararon que muchas de las decisiones como ésta el Ejecutivo puede hacerlas por las facultades delegadas que le votó el propio Congreso en la Ley Bases. 

Respecto del debate en ciernes, Gil Domínguez expresó que el mecanismo para la salida de un Estado de un convenio internacional que no dispone de mecanismo desvinculantes --tal es el caso de la OMS--, la letra chiva hay que buscarla en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que "establece como regla que el Estado que se retira deberá notificar por lo menos con doce meses de antelación su intención de denunciar un tratado". Es decir, el trámite llevaría por lo menos un año. 

Para Gil Domínguez, la ahesión a la OMS tiene carácter de un tratado de derechos humanos, dado que la salud es uno de ellos, por lo que romperlo necesita también de la aprobación del Congreso. 

Proyecto de rechazo

En el marco de ese debate, el bloque de legisldores de UxP presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados ratifique su voluntad de que Argentina continúe siendo miembro de la OMS. "El potencial abandono de la OMS significaría encarecimiento de los costos en la compra de vacunas e insumos sanitarios, desvinculación con instituciones de salud científico-tecnológicas de otros países, menor acceso a información, desacople de políticas públicas regionales, entre otras consecuencias con impacto directo en la salud de nuestra población", advirtió esa bancada.

La iniciativa, redactada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y firmada por Pablo Yedlin, Daniel Gollan, y Paula Penacca, entre otros, sostuvo que "conforme el artículo 75 -inciso 22- de la Constitución, es el Congreso el que debe validar con su voto las decisiones del Ejecutivo en materia de tratados internacionales".
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos presentó un proyecto para expresar "preocupación por las posibles consecuencias negativas de esta decisión" y solicitó al presidente Javier Milei que revierta esta decisión.

"Este Congreso no puede quedarse en silencio ante tal anuncio porque seria ser cómplice de las consecuencias nefastas sobre la salud de nuestra población. Entre otras cosas la pertenencia a la OMS nos permite ahorrar millones de pesos en la compra de tecnologías e insumos sanitarios. A su vez, nos permite contar con financiación externa a programas y proyectos de salud que nos brindan una mayor calidad sanitaria. Contamos con apoyo a programas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, de salud mental, materno infantiles, vacunas, etc", dice el texto del proyecto en sus considerandos.

"Ante la avanzada negacionista y anti conocimiento científico, es importante que la Cámara de Diputados actúe como un dique de contención para proteger la salud y la vida de los 47 millones de argentinos y argentinas", dijo Cecilia Moreau al respecto.