Mientras todos los ojos estarán puestos en el debate por la suspensión o no de las PASO, la Cámara de Diputados también tratará hoy en el recinto dos proyectos clave para el Gobierno: la ley de Reiterancia y la de Juicio en Ausencia.

El primer proyecto establece que cualquier persona acusada de cometer un delito, sin necesidad de que ya haya sido condenada, pueda tener un antecedente que le permita a un juez dictarle una prisión preventiva en otra causa. Se trata de una iniciativa que responde al show punitivista de la ministra Patricia Bullrich y pone en riesgo el principio de inocencia. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que la norma implicaría que "puede dictarse la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito". Por último, denuncian que su sanción podría colaborar a la criminalización de la protesta.

La discusión que se dará en el Congreso anticipará uno de los ejes centrales que buscará instalar el Gobierno en la campaña electoral: los hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense. Un ejemplo de eso, fue la declaración del posible candidato libertario en la provincia, José Luis Espert, quien vomitó toda su violencia en televisión, al señalar que “hay que colgar a cuatro o cinco delincuentes en una plaza pública, después de llenarlos de agujeros".

El otro proyecto que se discutirá en el recinto es el que permite el Juicio en Ausencia en delitos graves de lesa humanidad para aquellos imputados que se hayan fugado o no se encuentren en el país, como el caso de los iraníes acusados por el atentado a la sede de la AMIA. El texto modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta. Es una herramienta que se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y divide opiniones en el mundo judicial. Algunos constitucionalistas consideran que como es una modificación procesal se puede aplicar retroactivamente, o sea a un delito ocurrido hace 30 años. Otros sostienen lo contrario, que es inconstitucional. Estos últimos también afirman que se viola el derecho a defensa porque un imputado sólo tiene la inmediatez con sus argumentos como para orientar su defensa.

El dictamen de mayoría fue respaldado por La Libertad Avanza, Encuentro Federal, PRO y UCR. En cambio, fue rechazado por la mayoría de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda.