La nueva reforma legislativa sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, con la excusa de la alta litigiosidad del sistema (sobre cuyas causas reales no se hace referencia alguna en la exposición de motivos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso), y bajo la declamada necesidad de volverlo más equitativo (por lo que se ve, se ha pensado en los intereses de las A.R.T., no en los derechos de los trabajadores), el Presidente de la Nación en acuerdo de Ministros del P.E.N. dictó en primer término un decreto de necesidad y urgencia (sin existir real necesidad ni haber urgencia alguna), salteándose para ello al Poder Legislativo.
En líneas generales y para ser claros sobre su contenido e impronta (sin entrar en tediosos detalles técnico‑jurídicos), diremos que, siguiendo el modelo económico neoliberal que viene implementando el Gobierno Nacional, lo que la ley de reforma busca es la baja de los costos laborales de las A.R.T. a costa de los derechos de los trabajadores, obligándolos a transitar por las Comisiones Médicas (C.M.), como paso previo para poder acceder a la instancia judicial, debiendo atravesar un procedimiento engorroso y lento que seguramente llevará a vía muerta buena parte de los reclamos de los trabajadores, a quienes inclusive se les ofrece el (posterior) acceso a la instancia judicial pero solo en el Juzgado del Trabajo competente en relación a la Comisión Médica que intervino.
