Tras la adjudicación del alambrado que prevé erigirse para maximizar los controles en la frontera entre Aguas Blancas (en el departamento Orán), y Bermejo (en Bolivia), surgió una contienda con dos presuntos titulares registrales que, a su vez, se disputan la propiedad de la vereda de la Terminal del municipio fronterizo.

Es sobre ese espacio que se prevé montar un alambrado en los 200 metros que separan a la Terminal de Aguas Blancas del puesto de Migraciones. El martes se abrieron las ofertas presentadas al proceso de adjudicación simple. Pablo Sánchez Osadcia fue el único oferente que se presentó y se le adjudicó la obra que costará $36.121.505,97.

Hoy jueves, Sánchez tiene previsto firmar el contrato ante el interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrían Zigarán. Pero el funcionario aclaró que esta posibilidad quedará frenada ante los reclamos que elevaron Gastón Garday (o Gardey), y Ariel Calderón que afirman ser dueños del sector en donde se prevé montar el alambrado, o sea, la vereda de la Terminal.

Entre ambos supuestos dueños existe a su vez una disputa, dado que Calderón sostuvo que le había comprado a Garday el 1 por ciento del catastro.

Garday sostuvo por su parte que ese sector es suyo. Si bien el empresario se había presentado con Zigarán hace un par de meses por un conflicto con vendedores ambulantes en el que sostiene, es terreno de su propiedad, “yo no sabía de la ubicación física”, del terreno al que se refería.

Motoniveladora a los puestos

En el marco de ese conflicto, Zigarán contó que hace un mes y medio Garday pasó con una motoniveladora sobre los puestos ambulantes. El resultado: “terminaron todos presos”.

La causa estaría radicada en la Fiscalía 3 de Orán y desde allí ya se habría solicitado información a a la Dirección General de Inmuebles a fin de que determine sobre la propiedad del terreno para resolver sobre el conflicto entre ambulantes y Garday.

El organismo provincial también será contactado por el interventor quien decidió frenar la firma de contratación e inicio de la obra del alambrado con la empresa que resultó adjudicataria. A su entender, hasta no tener claridad de la propiedad del catastro, se puede terminar con un conflicto legal en la Justicia. Esto implicaría que la obra sea frenada con fechas inciertas de reinicio y, por lo tanto, de valorización de la obra.

Sin ofertas

Los cuestionamientos sobre el hecho de que Sánchez Osadcia fuera el único oferente surgieron en algunos medios oranenses. Ello en tanto había sido contratista de obras en Salvador Mazza (en donde Zigarán fue también interventor), y se le adjudicaba una amistad con el empresario, y por lo tanto, una posible posición privilegiada.

El funcionario a cargo de la Municipalidad de Aguas Blancas confirmó que conocía a Sánchez Osadcia pero explicó que es uno de los contratistas en el norte. De hecho, indicó que al llegar a la intervención, el empresario ya tenía una contratación para obras de alumbrado con el ex intendente, Carlos Martínez. Este fue destituido tras ser procesado en una causa por interferir en la Justicia en la investigación del asesinato de su hermano, Oscar “Oreja” Martínez.

Afirmó que la convocatoria para la adjudicación simple fue publicada en el Boletín Oficial y los diarios de mayor tirada en la provincia y aunque se invitó a 10 empresas, solo se presentó la de Sánchez Osadcia.

“Pasa que los intendentes del norte son conocidos por ser malos pagadores”, entonces pocos contratistas se presentan, afirmó. “Que haya un solo oferente, no es culpa mía”.