El COPREC es el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, creado por Ley N° 26.993 en el año 2015 como un sistema de resolución de conflictos que permite de manera rápida, ágil, gratuita y desburocratizada el acceso a la justicia por parte de las y los consumidores. Ahora, el gobierno decidió cerrarlo, dejando a los consumidores a la buena de dios, o del mercado. 

Los reclamos que podían interponerse ante el COPREC, iban desde el arreglo de un electrodoméstico fallado hasta la denuncia de una ciberestafa millonaria y, si el reclamo se resolvía satisfactoriamente los honorarios del conciliador interviniente los pagaba el proveedor denunciado. Si a eso le sumamos que cuando Defensa del Consumidor aplicaba una multa por algún incumplimiento o bien por no asistir a las audiencias de conciliación que eran obligatorias para los proveedores, ese dinero ingresaba a las arcas del Estado, de manera que podríamos decir que el organismo se autofinanciaba.

Además, a partir de la pandemia, se estableció que las audiencias de conciliación fueran virtuales, por lo cual consumidores y proveedores al momento de presentarse en la conciliación ni siquiera entraban en gastos de traslado, ganando tiempo. Por otra parte, con relación a los proveedores, se creó un registro de domicilios constituidos electrónicamente para que las notificaciones a las audiencias electrónicas no generen gastos al organismo.

La Dra. Cecilia Garat, quien fue Directora del COPREC, dice a Las12: “el COPREC no solo es una fuente de laburo real y genuina de las y los conciliadores, sino que cuando uno mira los números, el COPREC no solo resultaba autosustentable, sino que tenía superávit”.

Otro dato interesante refiere al ámbito federal del organismo, ya que permitía que, a través del link de la Ventanilla Única Federal (VUF), se reciban reclamos de consumidores de todo el país, dándole una respuesta a quienes vivían en localidades donde no existen oficinas de Defensa del Consumidor.

“El Estado permitía, casi sin asumir gastos, que todas las personas puedan tener garantizado el acceso a ejercer sus derechos como consumidores, más aún si tenemos presente que con la implementación de las audiencias virtuales, el ejercicio de los derechos se hace real y tangible para todas las personas que habitan nuestro territorio, sin importar donde se encuentren”, explica Garat.

En este sentido, lamentables los dichos del ministro Federico Sturzenegger en redes sociales exponiendo cifras y datos que carecen de sustento fáctico y que faltan a la verdad. El cierre de un organismo creado por Ley del Congreso de la Nación, pero disuelto a través de un Decreto cuyos fundamentos están plagados de incongruencias y falsedades, una vez más vulnera los derechos de las y los consumidores y los principios básicos del Estado de Derecho.

Recordemos, también, que el COPREC fue unos de los poquísimos organismos públicos que pudieron dar respuesta a la ciudadanía en el medio de una pandemia que obligaba a quedarse en casa y transcurrir en entornos digitales. Allí donde las personas responsables de cuidados (en su mayoría mujeres) debían atender los quehaceres domésticos, ayudar con las tareas de hijos e hijas y además trabajar a distancia, el COPREC permitía ingresar reclamos por incumplimientos de manera online y rápida. El mismo dato surge de los reclamos de consumidores hipervulnerables, ya que también la mayoría de los reclamos provinieron de mujeres.

Al respecto, el Dr. Sebastián Barocelli, ex Director Nacional de Defensa del Consumidor, expuso su opinión en las redes sociales de esta manera: “El anuncio del desmantelamiento del COPREC implica un retroceso significativo en la protección y promoción de los derechos de los consumidores y se suma a otras políticas recientes que resultan preocupantes como el despido de personal especializado en defensa del consumidor, la desactivación de programas esenciales y la derogación o modificación de normativas con carácter regresivo. Sin protección de consumidores no hay economía de mercado. La mayor regresión de derechos de la vuelta de la democracia.”

El avasallamiento de derechos que sufren las y los consumidores en una economía de mercado que precisa herramientas de resolución de conflictos eficaces, bajo el discurso del déficit cero y la imperiosa necesidad de eliminar del Estado todo organismo que genere gastos, en este caso se desmorona muy fácilmente.