El presidente Milei aprovecha cada discurso para recalcar que su política es ajustar el Estado para sacarle una carga de encima al sector privado y que éste pueda crecer. “Lo mejor que puede hacer el Estado es correrse del medio y dejar que el sector privado se exprese libremente. El ahorro de 15 puntos del PBI que antes dilapidaba la política y este año ha sido devuelto al sector privado, ya se está traduciendo en mayores inversiones y mayor consumo”, señaló entusiasta en la bolsa de comercio de Córdoba tiempo atrás.

Esa posición política se basa en un concepto teórico de la economía ortodoxa llamado crowding out, según el cuál, la expansión del sector público, al demandar recursos de la economía, reduce su disponibilidad para el sector privado, debilitando su desarrollo.

Pero la realidad parece contradecir tanto las pretensiones teóricas de la ortodoxia como el discurso político libertario. Mientras Milei se encargó de despedir 51.000 trabajadores que empleaba el Estado en sus primeros 10 meses de gestión, el sector privado formal no sólo no los absorbió, sino que despidió 119.000 trabajadores adicionales.

En el mismo sentido, el ahorro fiscal generado por “el mayor ajuste de la historia de la humanidad” no se tradujo en un mayor ahorro del sector privado que impulsó la inversión sino, por el contrario, en su derrumbe. La inversión fue el componente de la demanda agregada que registró la mayor caída durante los primeros tres trimestres de 2024, con una reducción del 23,3% promedio interanual.

Pero, ¿qué sucedió con los recursos económicos liberados por el Estado que no fueron utilizados por el sector privado? Se dejaron de utilizar o se emplearon en forma precaria. Así lo refleja la tasa de desempleo, que se incrementó en 1,2 p.p. respecto del año pasado, y en el número de monotributistas, que aumentó en 25.000, reflejando que sólo se expandió el empleo precario.

Derrumbe

La clave para entender por qué el ajuste del Estado fue acompañado de un derrumbe de la actividad y el empleo del sector privado es que las economías no suelen funcionar al tope de sus recursos productivos. Si así lo fuera, tal como suele asumir la ortodoxia en sus modelos teóricos, el sector público y privado competirían por el uso de esos recursos y la expansión de uno iría en detrimento de la actividad del otro (efecto crowding out).

Pero si hay recursos ociosos, la expansión de un sector no compite con la de los demás. Por el contrario, dado que en las economías de mercado el gasto de un sector es el ingreso del otro, el ajuste del Estado se traduce en una menor demanda hacia el sector privado y, en consecuencia, en un derrumbe general de la economía (crowding in).

El jubilado ajustado o el empleado público despedido demandan menos productos de consumo y ello derrumba las ventas y la producción del sector privado. El vínculo es mucho más directo al ajustar la obra pública, donde las empresas privadas usualmente contratadas por el Estado ven caer sus ingresos en forma directa.

El ahorro público generado por la suba de las tarifas de los servicios públicos, lejos de aumentar el ahorro privado, lo reduce en forma directa, ya que ahora las familias deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para pagar las boletas de luz, agua, gas o cargar nafta. De esa manera, el ajuste recae sobre toda la economía deteriorando la calidad de vida, tanto de quienes trabajan en el Estado como en el sector privado.