La Cámara Federal porteña rechazó este jueves la recusación que había presentado el expresidente Alberto Fernández en contra del juez Julián Ercolini, en el marco de la causa Seguros. El mandatario había declarado que el magistrado buscaba dejarlo "preso" en este proceso porque "lo detesta" y actúa en "venganza".
"Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento", expuso en la resolución el juez Roberto Boico, respecto a los planteos del expresidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia: publicó chats entre ellos que daban cuenta de una amistad y dice que la relación se terminó con el escándalo del viaje a Lago Escondido.
Boico rechazó la recusación y advirtió que la documentación "conteniendo supuestos chats alojados en el teléfono celular de un tercero a la causa -no identificado-, carece de las condiciones mínimas exigibles para que sean considerados como prueba valorable en el enjuiciamiento incidental".
"Tampoco lo es el interés que los medios puedan o no prestar al asunto. Las calificaciones empleadas por la defensa (habló de una suerte de "emboscada") hacen a su apreciación subjetiva al respecto y, en lo que a esta resolución concierne, responden a la arena de lo conjetura", concluyó el camarista.
De este modo, Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 que está vacante y donde está radicada esta investigación. Al respecto, este viernes Alberto Fernández seguramente esté pendiente de los movimientos de Comodoro Py: habrá un sorteo en los tribunales de Retiro para designar nuevo magistrado subrogante por el plazo de un año.
Mientras tanto, Ercolini quedó en condiciones de definir situaciones procesales en la investigación porque esta semana concluyó la ronda de declaraciones indagatorias.
Esta es la segunda vez que Fernández intentó apartarlo de la pesquisa; la primera fue en junio del año pasado, pero la respuesta también fue negativa. El lunes último el exmandatario asistió en persona a una audiencia ante Boico junto a su abogada Mariana Barbitta e invocó "temor de parcialidad" y enemistad manifiesta por parte del juez, que debería ser apartado por "razones de decoro y delicadeza", sostuvo.
La causa
Fernández fue indagado el 27 de noviembre, y ahora el juez debe definir su situación procesal y la de los demás acusados ya indagados, entre ellos su exsecretaria privada María Cantero y su marido y "broker" de seguros Héctor Martínez Sosa, sospechado de haber sido beneficiario por Nación Seguros en la intermediación de la mayor parte de las contrataciones investigadas. Se investigan delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos.
Según la acusación del fiscal Carlos Rivolo, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar seguros través de "Nación Seguros SA", se abrió la puerta a una intermediación de "brokers" innecesaria y a un "direccionamiento irregular" en esas contrataciones entre 2019 y 2023.
Se calcula que Martínez Sosa habría cobrado con su empresa $360 millones en comisiones, pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona. Fernández está imputado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Tanto al expresidente como al resto de los 44 acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´Nación Seguros SA ´".
Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA", detalla la imputación.
