“Felipe tiene un retraso madurativo. Se lo detectaron a los 5 años, hoy ya cumplió 16. Aprendió a leer y escribir en cuarto grado, gracias a las maestras integradoras. Fuera de la escuela tuvo otros apoyos externos como psicopedagogía, terapia ocupacional, psicología, musicoterapia, que a medida que fue progresando fue dejando, para quedarse con psicología”, cuenta su mamá, Mariana. Dice que hoy, en el secundario, él está haciendo una vida mucho más completa que la tendría sin el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. “Adquirió autonomía, prepara su ropa, se cocina, socialmente está al mismo nivel que sus pares, viaja solo. Otra sería su historia sin haber tenido esas terapias, porque por más amor que demos las familias, no tenemos la capacitación de ese personal”.

El sistema de prestaciones para las personas con discapacidad es un bien invaluable. Romantizarlo sería un error, ya que para las familias suele ser muy complejo, y muchas veces tienen que librar verdaderas batallas para acceder a sus servicios. Viene además de una crisis de arrastre; pero tras un año de gobierno de Milei y su receta del déficit cero entró en una situación de colapso, de ahogo económico.

Según denuncian sus prestadores, el valor de sus aranceles, que son fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo controlado por el Estado, tienen un atraso del 60 por ciento.

“Con lo que les pagan, los transportistas no cubren ni la nafta, que en un año aumentó el 350 por ciento”, plantea Eduardo Maidana, titular de una de las dos grandes asociaciones de prestadoras del área de discapacidad, Aiepesa.

Como ejemplo más general expone lo sucedido con todos los aranceles en el último trimestre de 2024, cuando el directorio de Andis autorizó su aumento en un 2,31 por ciento.

“En discapacidad, el 70 por ciento de los costos son salarios y el 30 por ciento restante gastos operativos. Mientras se autorizaba un aumento de las prestaciones del 2,31 por ciento, los salarios de Sanidad tuvieron un aumento del 11,4, y el índice de precios al consumidor subió un 8,7. Fue como una burla”, remarca el referente de los prestadores.

En una nota enviada al gobierno días atrás, las asociaciones civiles y empresas que dan servicios de transporte, acompañamiento, atención psicológica y otras terapias, nucleada en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, describieron su situación como “insostenible”.

Reclaman que el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad adecúe los aranceles a los costos reales, de manera urgente.

Pero el panorama tiene, además, otros elementos igualmente graves.

Ley de Emergencia

Esta semana, el diputado Daniel Arroyo presentará en el Congreso un proyecto de ley para que se declare la Emergencia en Discapacidad. Su iniciativa busca que el gobierno quede obligado a destinar partidas presupuestarias para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a sus derechos, tanto para tener una pensión como para poder contar con los servicios que necesitan. Es que, sin una ley de Presupuesto 2025, los fondos para el sector son los mismos que los del prorrogado Presupuesto de 2023, es decir, absolutamente insuficientes.

Arroyo explicó que las políticas de discapacidad sufrieron tres tipos de ajustes desde que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada. “El gobierno hizo una auditoría, que nadie sabe cómo la realizó, que elementos reales tiene, más allá de que el vocero Manuel Adorni mostró una radiografía con una colita de perro diciendo que con ella se otorgó una pensión, lo que era totalmente falso, porque justamente la pensión nunca fue otorgada. Pero a cuenta de esa auditoría, el gobierno frenó la incorporación de personas a las pensiones por discapacidad. Hoy la situación es que hay cerca de 500 mil personas que se presentaron, pasaron por revisiones médicas, realizaron todos los trámites, pero de 500 mil sólo obtuvieron la pensión 586, es decir el 0,001 por ciento. El ajuste en las pensiones por discapacidad fue muy fuerte”.

En segundo lugar, añadió Arroyo, el gobierno hizo una evaluación de los prestadores, que usó como justificación para no aumentar los montos de sus servicios. "Esto metió en un cuello de botella a los prestadores. Por ejemplo, les pagaban el litro de nafta a 550 pesos cuando ya costaba 1.300. Eso resiente un sistema que ya viene con problemas desde antes, con el resultado de que la persona que tiene que hacer un tratamiento tres veces por semana lo hace dos y la que tiene que tomar una medicación la toma salteado”.

“El tercer problema es que, al desregular el transporte, hubo una avivada de las empresas que dejaron de darle pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, lo que también las perjudica para sostener sus tratamientos de salud. En concreto, la situación está realmente complicada, y cada día más difícil”.

También el cupo laboral fue ajustado ilegalmente. Marcelo Betti, de la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), planteó que se está incumpliendo. “Los propios datos del Estado muestran que el cupo laboral -los empleos dentro del Estado para personas con discapacidad- hoy es del 1,71 por ciento, cuando debería ser del 4 por ciento, por ley”.

“Históricamente, desde el movimiento de personas con discapacidad reivindicamos la importancia de esa política pública, la del cupo de empleo para personas con discapacidad en organismos del Estado y descentralizados, porque creemos que contribuye a deconstruir el imaginario social que pesa sobre nosotros, que nos etiqueta como personas improductivas”. Esta, apunta Betti es otra una política pública a defender, “ya que si bien el gobierno no habla explícitamente de que vaya a eliminarla, es importante que la cumpla”.

El conjunto de recortes a las políticas de discapacidad no afecta a todos los beneficiarios por igual. Lógicamente, en la práctica deja sin prestaciones a los más pobres, los que no pueden costearse por su cuenta las prestaciones, o una empresa de medicina prepaga, y dependen enteramente del sistema del Estado. “Una maestra integradora, como particular, hoy cuesta 500 mil pesos mensuales, y las terapias están entre 15 y 20 mil pesos la sesión. Por eso lo que está en riesgo de perderse es la universalidad del sistema”, dice Mariana, que advierte sobre un nuevo golpe recibido este año, con la desregulación de las obras sociales por un Decreto de Necesidad y Urgencia.

“La universalidad se va a ver afectada, porque no va a ser lo mismo un chico que tenga una prepaga de nivel alto que un chico que esté en el programa Incluir. Va a haber una categorización según tu nivel económico. El que tenga va a poder acceder y el que no tenga no va a poder acceder”, señala la mamá de Felipe.